Secuestradas, torturadas, violadas: las terribles historias de mujeres lesbianas en Ecuador
La Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por la Comisión de Transición y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011), indica que seis de cada diez mujeres y niñas de 15 a 64 años han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida en Ecuador. La encuesta muestra también que un cuarto de mujeres en el país ha sido víctima de violencia sexual, el 25.7% antes de los 18 años.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, de cada diez víctimas de violencia, seis corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo mujeres en un 80%. La violencia sexual se da preferentemente en los ámbitos familiar y educativo. Solo en el Distrito Metropolitano de Quito, se atendieron 49.303 casos por violencia de género, intrafamiliar, sexual y maltrato infantil en los Centros de Equidad y Justicia a cargo del municipio hasta septiembre de 2017, más que en todo 2016.
En la actualidad, se tramita en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley contra la Violencia de Género lo que ha generado la reacción fundamentalista de organizaciones católicas y evangélicas bajo una campaña denominada Con mis hijos no te metas con el objetivo de impedir que se incluyan términos como orientación sexual o identidad de género así como el enfoque de género, que es constitucional. Esta campaña tiene su origen en España y también se ha desarrollado con virulencia en varios países de América Latina como Perú, México y Colombia, dejando una huella de alta regresividad en derechos por las intromisiones que provocan en las políticas públicas, leyes y normativas de los países por donde pasa.
Pero si esta violencia es de por sí terrible, la situación que sufren muchas mujeres lesbianas es peor aún, si cabe. Desde 1989 funciona el Taller Comunicación Mujer, colectivo que en los últimos doce años se ha destacado por investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres lesbianas, un ejemplo de resistencia y de resiliencia.
Su última publicación, Retratos del encierro. Sobrevivientes a las clínicas de deshomosexualización (octubre 2017), contiene cuatro testimonios de víctimas de encierro en centros de rehabilitación para tratar adicciones, alcoholismo y drogodependencias, donde intentaron imponerles la heterosexualidad a través de torturas, encierro forzado y otra serie de graves vulneraciones a los derechos humanos, casos que se suscitaron entre 2014 y 2016. El libro editado por el Taller se publica con apoyo de Astraea, asociación estadounidense que trabaja por la justicia lésbica que apoya a colectivos en América Latina, y contiene ilustraciones de La Suerte, una artista ecuatoriana.
Hablamos con Cayetana Salao, coordinadora del libro, justo antes de entrar a un foro organizado por la comunidad LGBTI donde gays, lesbianas y trans debatieron sobre la difícil situación que afronta esta comunidad ante la arremetida fundamentalista que se vive en Ecuador, que ha instalado un ambiente de mayor hostilidad y amenaza para la población LGBTI, dados sus discursos y mensajes que fortalecen el estigma, la discriminación y la vulneración de sus derechos.
¿Desde cuándo ocurren estos encierros en Ecuador?
Esta es una realidad que sucede desde hace más de doce años, según el conocimiento que tiene el Taller de Comunicación Mujer. En vista de que no había ninguna respuesta por parte del Estado, se realizaron varias denuncias a través de tribunales de Justicia e informes ante las distintas instancias de derechos humanos a nivel internacional que han generado presiones al Estado. Estas presiones no han sido suficientes para que el Estado busque frenar y sancionar esas prácticas, por lo que se hicieron varias manifestaciones, entre ellas un Juicio Popular el 21 de junio de 2012, en El Arbolito (parque quiteño). Al juicio fueron notificadas algunas autoridades relacionadas con Justicia, Salud y Seguridad, que no fueron. Fue una asambleísta que en ese momento era de APAIS, María Paula Romo, y la directora del Consejo de Igualdad, que se llamaba Lucía Herrera, ya fallecida. Fueron por simpatía e hicieron notar la inasistencia de las autoridades. Contamos con un testimonio muy poderoso, de Paola Concha Zirit, que estuvo encerrada dos años en uno de estos centros. Fue muy duro. Su testimonio y la forma de abordar el juicio generó mucha conmoción social e impacto mediático y se desencadenó una serie de trabajos para negociar con el Estado sobre mejores condiciones, especialmente en el sistema de regulación de estas clínicas que en su mayoría son privadas, cuya competencia es del Ministerio de Salud. Pero gracias al impacto de las acciones que hicimos, no solo con el juicio, sino las de carácter formal también empezaron a darse de una manera especializada algunos mecanismos de regulación y control para detectar vulneraciones de derechos humanos por razones de orientación sexual e identidad de género en estos centros de rehabilitación de adicciones que de manera clandestina ofrecen terapias de corrección para personas del colectivo LGBTI.
¿Qué hizo el Estado tras el juicio popular?
Hubo cambios en el Ministerio de Salud, con la entrada de una mujer lesbiana, Karina Vance, y con su voluntad política se pudieron mejorar los mecanismos de control en estos centros. De todos modos, detectamos una serie de irregularidades que no ha permitido que estas prácticas se erradiquen y se aborden adecuadamente.
De alguna manera estos avances se dieron en el período del correísmo, pero lo lamentable es que no ha habido ninguna sanción, pese a que el Código Penal contempla los delitos de odio. El único caso judicializado es el de Zulema Constante por lo mediático que fue y porque fue la única persona que llegó a las últimas instancias. En el resto de casos, es difícil que las víctimas denuncien porque están involucrados varios sectores, como las familias que generan el encierro, las clínicas, en donde es difícil identificar el representante legal y los terapeutas, que producen y perpetúan las vulneraciones de Derechos Humanos. Para las víctimas es muy difícil denunciar.
Estamos hablando de centros de rehabilitación de adicciones como alcoholismo y drogas donde se encierra a mujeres lesbianas…
Hay un sinnúmero de entidades y de situaciones que generan que estas clínicas existan y que esas terapias se den. La figura que las clínicas usan para realizar estos atentados a los derechos humanos es que en el contexto de trabajar las adicciones consideran que el hecho de que mujeres que amen a otras mujeres, hombres que amen a hombres, hombres o mujeres que transitan en su género, eso puede y hasta debe ser corregido. Hace muchos años eso se manejaba de manera abierta, entre los ochenta y los noventa. Después de las denuncias y la visibilización de estos casos, esto ha dejado de ser ofertado tan abiertamente pero siguen ocurriendo en la clandestinidad. Hemos detectado vínculos entre las iglesias cristiana y evangélica con estas clínicas. También en función del papel que cumplimos con sociedad civil organizada, en la vigilancia y garantía de los derechos humanos de las poblaciones con las que trabajamos, solicitamos información y vamos armando expedientes. Con mucha dificultad hemos llegado a registrar datos y direcciones de estos centros que cambian año a año, observaciones sobre las irregularidades y los procedimientos que se hacen de los mecanismos de regulación y control, pero notamos una constante de sanciones de tipo administrativo y reaperturas con otros nombres y otras direcciones. Esto es por la normativa del Ministerio de Salud que no permite que, de hecho, haya una denuncia: hay una serie de contradicciones y vacíos normativos que no permiten que los funcionarios denuncien cuando se constate una vulneración de derechos humanos, así como tampoco se nota que haya voluntad política para sanear estas debilidades.
Tanto en el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas el año pasado como en el Examen Periódico Universal en la ONU este año ven con preocupación la falta de sanciones adecuadas ante estas graves vulneraciones a los derechos humanos de la población LGBTI. Si bien entre 2013 y 2015 se dio una mayor atención no se ha generado ningún mecanismo concreto para que estas clínicas dejen de existir.
¿Quién sería la autoridad responsable? ¿El Ministerio de Justicia, el de Salud?
Ambos sectores son importantes: las instancias que tienen que ver con la seguridad y la justicia, en donde están tanto Fiscalía, la Función Judicial y la Policía, tienen que cumplir con sus obligaciones por precautelar la judicialización de casos de violación de derechos humanos, el debido proceso, el respeto y la protección de las poblaciones más vulnerables. En el ámbito de la salud, el papel del Ministerio de Salud es importante no solo por los procedimientos de regulación y control del funcionamiento de estos centros sino por su rol en el desarrollo y formación de profesionales de la salud que tienen que tener claro los avances científicos que han descartado la homosexualidad y a la transexualidad del manual de patologías y enfermedades mentales por ejemplo, así como la aplicación del enfoque de género y la garantía de los derechos humanos dentro de los servicios de salud.
¿La homosexualidad está considerada una enfermedad en este país?
En Ecuador hay un imaginario social muy conservador. Pese a que se despenalizó la homosexualidad el 27 de noviembre de 1997 (antes significaba pena de cárcel, entre cinco a seis años), se sigue considerando la homosexualidad como algo malo que debe corregirse. Creo que todas las personas LGBTI del país somos sobrevivientes de mucha violencia, por una heterosexualidad impuesta de manera rígida, forzada y obsesiva. Actualmente, con la serie de intromisiones de los grupos fundamentalistas y conservadores estamos experimentando un recrudecimiento y una mayor amenaza para la comunidad LGBTI, no solo por estos encierros sino por todo tipo de discursos y pensamientos que se están legitimando.
¿En todos los casos registrados hay torturas y violaciones? ¿Cómo llegan a los centros?
Los mecanismos de tortura varían mucho; hay mucha violencia psicológica inicialmente. Dentro de las familias ya existe una serie de vulneraciones para que el encierro se dé. El mecanismo funciona más o menos así: la familia contrata a la clínica y el personal de la clínica realiza la captura, como ellos lo llaman. Van a la casa a buscarla o generan una situación, como ir a un restaurante, o los convocan en un lugar. En dos casos hubo participación de la Policía Nacional en la captura. Incluso se han registrado encierros en hospitales públicos. El resto sucede en centros privados. Lo que ocurre básicamente es un secuestro, con violencia física, con maltrato, casi como capturar a un delincuente. La criminalización sigue vigente en el pensamiento de las personas que realizan las capturas. Dentro de las clínicas lo primero que sucede es la interdicción forzada, es decir, la consideración de no ser personas autónomas, responsables de sus vidas, sino que las familias toman la decisión por ellas. Estas personas están siendo encerradas contra su voluntad. Se genera patologización y psiquiatrización forzadas; adentro se ha registrado medicación forzada y malos tratos, desde no darles de comer, golpes, agua fría, amanecidas, ha habido casos de personas colgadas durante días, violaciones y muertes.
Los hechos más graves dentro de estas clínicas es que se considera que a las mujeres lesbianas se las tiene que violar para otorgarles el gusto de ser heterosexuales. Esto lo consideramos una violencia patriarcal que buscar hacer prevalecer una ley moral por la que las mujeres no tenemos ninguna capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos ni sobre nuestra sexualidad. Cuando una persona considera que violar a una mujer lesbiana es hacerle un favor a esta ley moral, estamos mal. El mensaje que nos da la Justicia, si es que se llega a judicializar un caso, es el mismo: es correcto violar a una mujer lesbiana para que se corrija. Por eso no nos atienden adecuadamente, no investigan, no sancionan. Sí, la mayoría de mujeres ha sido violada… Pero no hay ninguna denuncia contra ninguna clínica.
¿Cuánto duran los encierros?
El patrón es un mínimo de tres meses. Aquí hay una intención de lucro, que nosotras consideramos fraude, porque estas clínicas cobran entre 800 y 2.000 dólares por mes de encierro por algo que no debe ser considerado enfermedad, ni algo que deba corregirse. El promedio de encierro es de cinco a ocho meses.
¿Cómo es la vida de estas mujeres cuando salen? ¿Tienen ayuda?
Hay un sistema de protección de víctimas y testigos que no opera hasta que no haya una judicialización. Como no hay denuncias, ninguna víctima entra al sistema de protección y tampoco hay ningún sistema de contingencia para las víctimas. Es súper alto el nivel de impunidad. No hay ninguna capacidad para entender la problemática ni para realizar una denuncia, que un funcionario podría realizar, pero siempre se está esperando a que la víctima reaccione cuando además está en una situación de alta vulnerabilidad. La mayoría de las víctimas no reacciona y no cuenta su caso hasta después de unos años o meses. A nosotras a veces nos llega información de casos que están sucediendo y podemos hacer lo mejor posible para sacarlas, como presentar habeas corpus, avisar a las autoridades, o informes de desaparición de mujeres lesbianas en redes sociales… Lo que sucede normalmente es que conocemos el caso después de años, cuando la víctima ha decidido hablar. Entonces el subregistro y la invisibilidad de los casos es mucho más grande de los datos que tenemos.
¿Qué pasará si el Proyecto de Ley contra la Violencia de género excluye finalmente la orientación sexual y la identidad de género por presiones religiosas?
Hasta que no se comunique masiva y oportunamente el respeto al principio de igualdad y no discriminación y hasta que no se respete el principio de laicidad del Estado, nada va a cambiar. Es necesario comunicar sobre los derechos de la comunidad LGTBI y que se realicen campañas de sensibilización para respetar la diversidad. Ninguna voz oficial de ninguna autoridad, ninguna voluntad política se ha manifestado para frenar las intromisiones de grupos conservadores. Es una realidad muy discriminatoria la que tenemos en Ecuador. Tenemos cifras, estudios y artículos constitucionales que consideran a la población LGTBI como vulnerable, pero no ha habido ninguna voluntad ni mención de ninguna autoridad que realmente intente frenar esas condiciones de vulnerabilidad, esto se ha notado, por ejemplo, en la construcción de le Ley para erradicar la violencia contra las mujeres donde se han retirado las condiciones de diversidad de las mujeres. Consideramos que todavía sigue habiendo una condición de negación de las existencias LGBTI en el país y esa negación no solo no permite el ejercicio pleno de los derechos humanos sino que genera discriminación y violencia concretas.
Para las mujeres lesbianas, expresarnos con nuestra identidad e intentar vivir libremente es extremadamente difícil y doloroso; consideramos que todas las mujeres somos sobrevivientes porque hemos sufrido abusos desde niñas. Peor aún si somos lesbianas, trans, bisexuales, corremos mayores riesgos sin que eso le importe al Estado. Hay una especie de ley moral que considera que tenemos que ser corregidas, normalizadas. Hay bonitas leyes en el Ecuador, pero la realidad es que hay cosas que no van a cuajar hasta que no hay un cambio de comportamiento.
