El Ayuntamiento grancanario de Santa María de Guía ordena el desalojo de 77 familias en la comuna 'La Esperanza'
Corría el año 2013 cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) entró en un edificio que estaba con los últimos retoques para terminarlo frente a la ITV de Santa María de Guía. Desde ese año empezaron a llegar más personas a este inmueble; de las 20 familias iniciales pasaron a las 77 que hay en la actualidad, una por vivienda, que conforman una población de más de 250 vecinos en la que la mayoría son niños. Nació así la comuna La Esperanza, la mayor de España.
Siempre tuvieron el temor de que los echaran, pero este aumentó el pasado 14 de marzo cuando les llegó una notificación del Ayuntamiento de Santa María de Guía en el que les comunicaban que tenían un mes para abandonar el inmueble y que en caso contrario se expondrían a las sanciones pertinentes.
Según comenta Ruymán Rodríguez, de la FAGC y uno de los promotores de la ocupación, aparte de la resolución administrativa el alcalde de la localidad, Pedro Rodríguez (Nueva Canarias), incoó a la empresa de agua y luz para cortar el suministro de estos bienes básicos. Sin embargo, Rodríguez recalca que la luz que tienen es la de obra y han pedido en todo momento que se les instalara contadores para pagar la electricidad consumida. Sobre el agua, los vecinos pagan 45 euros diarios y esta viene en cubas.
Ruymán señala que en el momento que llegó la notificación esta semana al edificio, “cundió el pánico y la desesperación”. Así, explica que la Federación había terminado el realojo y ya se habían desvinculado de la comuna en noviembre de 2015 con el fin de que las familias desarrollaran la gestión de manera autónoma, aunque esta semana han vuelto a unirse al proyecto tras los temores de los vecinos. No obstante, les ha comentado a los habitantes que el desalojo sólo se hace en caso de que haya una orden judicial, cosa que no ha ocurrido por el momento.
Sobre el perfil de los residentes en La Esperanza, Ruymán comenta que muchos de ellos son víctimas de la crisis al provenir la mayoría de la construcción. Como explicaron en verano de 2015 en rueda de prensa, no recelan del apellido okupa, pero subrayan constantemente que su ocupación “no fue ilegal”, sino que ellos accedieron a los edificios porque su empresa propietaria, Piornedo, les permitió hacerlo, acuciada no solo por los litigios que mantenía con la entidad bancaria que financiaba su construcción, sino también por el continuo saqueo que estaban sufriendo las viviendas. De hecho, habían pedido a las autoridades que les den una oportunidad de regularizar su situación, convirtiendo sus casas en pisos públicos de alquiler social.
“No puedo saltarme la ley”
Cuestionado por la situación de estos ciudadanos el alcalde Pedro Rodríguez, que firmó en diciembre la resolución administrativa que abría la opción del desalojo, sostiene que “se trata de una edificación que no reúne, según los informes técnicos y jurídicos, las condiciones de habitabilidad” por lo que el Ayuntamiento, en base a estos informes, ha comunicado que se debe abandonar el edificio “por cuestiones de seguridad”.
¿Y qué solución les propone? “No debo yo proponer una solución, ellos han ocupado una edificación que no cumple las condiciones de habitabilidad. La solución no la tengo yo”, entiende el político nacionalista, que reitera que si la construcción estuviera terminada el Ayuntamiento no tendría nada que decir “porque sería otro pleito”.
“Como alcalde no puedo hacer otra cosa, es una edificación que no reúne las condiciones de seguridad”, sentencia y añade que “no se puede pretender que me salte la ley, que para eso soy la administración”. De todas maneras, incide en que algunos de los vecinos son beneficiarios de los recursos sociales del Ayuntamiento y no están desatendidos.
