Desarticulada una red de prostitución que explotaba a ciudadanas nigerianas a las que amenazaban con ritos vudúes

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado a una organización de carácter internacional que explotaba sexual y laboralmente a mujeres de origen nigeriano en Canarias, a las que tenían amenazadas con rituales vudúes.

Según explica la Policía, esta operación estaba dentro del marco del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual y se ha saldado con la detención de siete personas, cuatro en Las Palmas de Gran Canaria, una en Bilbao y dos en Alemania; seis de ellos de nacionalidad nigeriana y un neerlandés. Este último, propietario de una empresa hostelera, regentaba un complejo de bungalós en Gran Canaria en el que las víctimas, además de ejercer la prostitución, debían realizar trabajos de limpieza y cualquier otro que fuera requerido con el fin de saldar la deuda contraída con la organización.

Para doblegar la voluntad de las mujeres, además de someterlas a rituales de vudúes, los miembros de la organización no dudaban en amenazarlas y darles palizas, habiendo relatado a la Policía haber sufrido agresiones sexuales por parte del dueño de los bungalós.

Las dos víctimas liberadas habían sido captadas en su país de origen, Nigeria, por miembros de la organización allí asentados, que les ofrecieron una vida mejor y trabajos bien remunerados en España en una empresa hostelera.

En ambos casos, antes de salir de su país las jóvenes fueron sometidas a rituales de vudú, sentando así la base del ejercicio de control de la organización sobre ellas durante todo el tiempo que duraría el proceso de explotación. Dichos rituales constituyen una especie de contrato por el que la organización se compromete a costear los gastos ocasionados por el viaje de las víctimas y éstas, a su vez, se comprometen a pagar la deuda contraída por dicho viaje, a no huir de la organización hasta haber saldado dicha deuda por completo y a no denunciar su situación a las autoridades, so pena de sufrir graves males e incluso la muerte, ya sean ellas o sus familiares, en caso de incumplimiento.

Una vez en España las jóvenes quedaban completamente a merced de la organización, al carecer de documentación válida y desconocer tanto la cultura y el idioma como la legislación españolas. En esa situación y careciendo de otros medios de vida distintos de los que les ofrece la organización, no les queda otra opción que resignarse a obedecer a sus tratantes. Además, suelen negarse a denunciar su situación a la Policía por miedo a sufrir represalias y a ser expulsadas a su país de origen.

La organización desarticulada utilizaba diferentes rutas y modus operandi para traer a las jóvenes a España. Así, una de las víctimas liberadas, tras ser captada en Nigeria, viajó hasta Estambul por vía aérea con documentación proporcionada por la organización. Una vez allí fue alojada y posteriormente conducida hasta la costa, donde embarcó rumbo a Grecia con otro grupo de inmigrantes, haciendo uso de los “servicios” que ofertan las redes locales a otras organizaciones para facilitar la entrada ilegal de inmigrantes en Europa.

Una vez en Grecia, fue recogida por otros miembros de la organización que se encargaron de trasladarla, también por vía aérea, hasta Las Palmas de Gran Canaria. En Canarias la víctima fue trasladada a un complejo de bungalós, donde le informaron del importe de la deuda contraída, unos 50.000 euros, que debería satisfacer trabajando en dicho complejo donde, además de realizar tareas de limpieza, debería ejercer la prostitución.

La joven aseguró a los agentes haber sufrido agresiones sexuales por parte del dueño del complejo, un ciudadano neerlandés pareja sentimental de la principal responsable de la organización, que también ha resultado detenido y del que acabó huyendo tras recibir una paliza como castigo por las quejas de otros miembros de la organización sobre su desempeño.

Embarazada durante el viaje

En su declaración, la víctima informó a los agentes de la existencia de otras chicas que estaban padeciendo su misma situación, logrando éstos localizar a una de ellas en Bilbao, a la que también liberaron. En su declaración, la joven explicó cómo después de ser captada en Nigeria y sometida al correspondiente ritual de vudú, comenzó su viaje, que realizó por vía terrestre, acompañada en todo momento por miembros de la organización, atravesando Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos.

Durante el tiempo que duró este recorrido, la mujer fue objeto de agresiones sexuales por parte de sus tratantes, producto de las cuales se quedó embarazada, hecho que fue aprovechado por la organización para facilitar su permanencia en España.

Tras llegar al norte de Marruecos, la red logró introducirla en Melilla, ingresando en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de dicha ciudad, donde fue atendida y después derivada a otros servicios asistenciales en la Península. Una vez aquí, la organización contactó nuevamente con ella y la trasladó hasta Las Palmas de Gran Canaria, siendo conducida hasta el complejo de bungalós en el que, al igual que la anterior, conocería el importe de la deuda adquirida y sería explotada sexual y laboralmente. Ambas fueron obligadas a ejercer la prostitución tanto en el complejo hostelero como en las calles de la capital canaria.

La investigación ha sido realizada por agentes de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF de Las Palmas de Gran Canaria y la Brigada de Extranjería del País Vasco, con la colaboración de Europol, la Oficina de Investigación Criminal (BKA) de Alemania y el Oficial de Enlace de la Policía Nacional en dicha BKA y se ha saldado con la detención de siete personas, cinco en España (cuatro en Las Palmas y una en Bilbao) y otras dos en Alemania. Entre los detenidos, casi todos de nacionalidad nigeriana, se encuentra la máxima responsable de la organización criminal y su pareja sentimental.

En el operativo, los agentes han practicado tres diligencias de entrada y registro en Gran Canaria y una en Bilbao, durante las cuales se han intervenido más de 5.000 euros en efectivo, documentos de identidad utilizados en los traslados de las víctimas y numerosos terminales telefónicos y soportes físicos de memoria externa cuyo contenido está siendo analizado por expertos