Canarias y otras tres regiones piden paralizar la implantación de la Ley Wert

Representantes educativos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias han pedido al Gobierno que paralice y posponga el calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del curso que viene 2015-2016.

Así lo han solicitado en rueda de prensa en el Congreso tras la aprobación este pasado viernes en el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, de los decretos que desarrollan los currículos básicos de ESO y Bachillerato en la LOMCE.

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidad y Sostenibilidad del Gobierno canario, José Miguel Pérez; el consejero de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía,  Luciano Alonso; la consejera de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Ana  González, así como la directora general de Secundaria y Bachillerato de la Conselleria de  Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Teresa Pijoan, se reunieron este lunes en el Congreso de los Diputados para preparar la Conferencia Sectorial que ha convocado el Ministerio de Educación para el día 14 del próximo mes de enero y valorar el proceso de aplicación de la Lomce.

Los titulares de los departamentos educativos de estas comunidades autónomas han coincidido en solicitar la retirada del Real Decreto de Currículo de Secundaria Obligatoria y  Bachillerato, ya que, retirado el decreto de especialidades que permitía su compactación,  “provocará un aumento de los costes de implantación donde el Ministerio había previsto un  falso ahorro”, destaca la Consejería de Educación en un comunicado.

Según informó José Miguel Pérez, el Ministerio había previsto dos fuentes de financiación de los cambios previstos en la ESO y el Bachillerato: el Fondo Social Europeo  y el ahorro producido por la compactación del Bachillerato. “Pues bien, la primera ha generado un problema con la deuda en las comunidades autónomas, obligando a alguna de ellas a renunciar a esta fuente y la segunda se basaba en la reducción de especialidades y debían cubrirla las autonomías, pero eso ya no es posible”, ha subrayado el consejero.

Pérez, que tachó esta nueva situación de “kafkiana”, calificó el empeño del ministro en seguir delante de “huida hacia adelante”, ya que, en este nuevo escenario, que complica mucho más el anterior, “los cambios normativos necesarios para la adaptación de la planificación del curso escolar 2015-16, obligarán a las administraciones a hacerse cargo  de los riesgos de un coste inasumible y a retrasos en el comienzo del curso escolar por no disponer de los recursos necesarios”.

Además, ha sido en diciembre, durante el periodo festivo, cuando se ha aprobado en Consejo de Ministros el decreto de curriculo de la Educación Secundaria y el Bachillerato, “cuando el texto ya estaba listo desde julio”, ha aseverado el consejero. “Wert ha dejado seis meses en blanco para que no hubiera protestas y lo que ha conseguido es garantizar que no se pueda aplicar el curso que viene, pues hasta que no se publique la normativa básica del estado, las comunidades autónomas no pueden comenzar a hacer su propio desarrollo normativo, y para presentar  un primer borrador, las comunidades necesitarían unos tres meses como mínimo”, añadió.

El consejero de Educación canario recordó que las normas requieren del visto bueno de los servicios jurídicos, memorias justificativas, darlas a conocer a la comunidad educativa, elaborar e implantar planes de formación para  el profesorado, etc. En definitiva, una serie de trámites que no se acabarían hasta bien comenzado el próximo curso escolar.

Pérez agregó que a este escenario, “ya muy negro”, hay que añadir que “en el mes de mayo habrá elecciones autonómicas y los gobiernos entrantes se van a encontrar con diseños curriculares de ESO y Bachillerato a medio hacer y así no se puede comenzar un curso escolar con garantía de calidad.”

El representante del Gobierno canario insta al Ministerio a que modifique el calendario de aplicación de la ESO y el Bachillerato para el curso escolar 2015-16, “ya que lo que está  haciendo es, de nuevo, tender una trampa mortal a las comunidades autónomas, negando la financiación y el tiempo necesario –el legalmente necesario- para desarrollar la normativa”.