Familiares de presos políticos saharauis denuncian las “duras” penas impuestas a 21 activistas por un tribunal militar
Después de que se hayan cumplido 40 años de la Marcha verde, los saharauis siguen denunciando la situación de “opresión” a la que se ven sometidos por Marruecos. En el caso de los presos políticos, la situación es mucho “más grave”, según sus familiares, que critican las malas condiciones en las que estos viven en las cárceles y las “duras” penas impuestas por defender otros ideales.
Un total de 21 activistas que participaron hace cuatro años en el llamado Campamento por la dignidad Gdeim Izik permanecen en la cárcel de Salé 1, en Rabat. Estas personas además han sido condenadas por un tribunal militar, a pesar de ser civiles. Nueve de ellas a una pena de cadena perpetua; otras cuatro a 30 años de prisión; siete a 25 años y tres activistas a 20 años.
Las familias también denuncian las malas condiciones en las que estos viven en dicha prisión. Explican que son ellos quienes tienen que llevar la comida a los presos, que no existe la asistencia sanitaria, salvo para casos de gravedad y que viven en “aislamiento” ya que apenas les permiten ser visitados.
De hecho, el consejero de Cooperación Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez (NC) y el teniente alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste (LPGC Puede) trataron de visitar hace una semana a estos activistas en la cárcel de El Salé 1, en Rabat, sin éxito.
Los familiares aseguraron a ambos políticos que las pruebas presentadas por el Estado marroquí para condenar a estas personas “carecen de consistencia” para los delitos que se les imputan y agregan que en muchas ocasiones han presentado pruebas falsas o que han sido obtenidas bajo torturas.
Carmelo Ramírez recalca que muchas personas saharauis se encuentran en situación de pobreza y que trasladarse desde el Aaiún hasta Rabat para visitar a sus familias y llevarles comida les supone un viaje muy costoso.
Además, recuerda que este grupo de activistas encarcelados en Salé 1, conforman una parte del conjunto de personas que hay apresadas en ese país por motivos políticos. En total hay 60 personas arrestadas por este motivo y por ello, Ramírez insiste en que esta situación pone de manifiesto “la represión brutal” contra el pueblo saharaui.
Una guerra en el Sáhara Occidental “no es una quimera”
El consejero de Cooperación Internacional asegura que ante la situación que se vive en el Sáhara Occidental, la posibilidad de que vuelva a producirse una guerra “no es una quimera” y advierte de las consecuencias que esto tendría para Canarias, en tanto que es un territorio situado a apenas 100 kilómetros de las costas del Archipiélago.
Y es que, a pesar de que la ONU ha reactivado un proceso de paz entre ambos territorios, el político de Nueva Canarias explica que desde hace más de un año Marruecos ha suspendido las negociaciones. Además, señala que este país ha realizado una campaña de difamaciones contra el secretario de Naciones Unidas aunque se espera una visita próxima de Ban ki-moon a la zona para que se retomen las negociaciones.
No obstante, Ramírez acusa al Gobierno de España de haber “traicionado” al pueblo saharaui con los tratados de Madrid y recuerda que el estatus de este país en el Consejo Consultivo de la ONU continúa siendo el de “potencia administradora”. Por ello, señala que “tiene responsabilidades” con que su situación cambie, a pesar de que “existan otros intereses”. Y es que, recuerda que Marruecos se presenta ante Europa como un aliado para frenar la inmigración desde el norte de África.
Asimismo, el consejero insta a que el nuevo Gobierno de España que salga elegido en as próximas elecciones generales del 20 de diciembre asuma la “responsabilidad que se tiene con el pueblo saharaui porque considera que si los saharauis continúan más tiempo en esta situación les puede llevar al retorno de la guerra y España se vería afectada”.
Tras la visita, Ramírez y Doreste han coincido en la defensa de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, en que la zona debe ser descolonizada y en denunciar la violación de derechos humanos que se cometen en este territorio.
Por otro lado, el consejero del Cabildo critica la labor “propagandística” que el rey Mohamed VI ha efectuado con la Marcha verde estos días, proclamándolo como un símbolo de “integración” de la patria.