El Gobierno canario defiende que los datos de dependencia heredados “no son del todo correctos”

La nueva directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez, ha manifestado que trabaja junto al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) con el objetivo de dar un tratamiento “adecuado” a los datos sobre las personas atendidas en Canarias en situación de dependencia por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención.

En este sentido, Álvarez añadió que estos datos hacen referencia a las más de 9.000 personas que atienden los ayuntamientos, que “no” tienen una resolución del Programa Individual de Atención (PIA), por lo que “no forman parte del sistema de atención a la dependencia”, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

Por ello, afirmó que la intención de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias será concretar en las estadísticas las personas que son atendidas por las administraciones locales pero “especificando que están fuera” del sistema de dependencia.

Asimismo, Álvarez incidió en que se debe reconocer el “hecho diferencial” de Canarias y, sobre todo, la “gran” labor que desde los municipios y cabildos se realiza para atender a las personas dependientes en el archipiélago canario. Agregó que este “esfuerzo” podrá tener un reflejo en las estadísticas que realiza y publica el Estado pero con el tratamiento estadístico “adecuado para no generar confusión”.

La directora aseguró que los datos que se ha encontrado en la Consejería “no son del todo correctos”, de ahí que abogó por realizar un trabajo “serio” que “ponga luz” sobre esta situación, ya que lo consideró “imprescindible para fijar unos objetivos ajustados y veraces de cara al futuro y al presupuesto”.

Al respecto, ha incidido en el “fuerte” compromiso que el Gobierno regional tiene con las personas en situación de dependencia y que afirmó “pronto se verá reflejado en los presupuestos de Canarias para esta materia”. De todos modos, señaló que “ya se ha demostrado creando una Dirección general exclusiva para reconducir y coordinar, con todas las instituciones que participan en esta Ley, su correcta aplicación”.

“Hay que ser transparente”

Álvarez también manifestó que “hay que ser transparente” ante esta situación aunque lo que más le preocupa es ser “eficaz y llegar con celeridad a todas” las personas que se dirigen a la administración para pedir un derecho que “les corresponde por ley”.

Agregó que, para desarrollar este trabajo lo “primero es conocer la situación actual” y a partir de ahí, diseñar, “como ya se está haciendo, un plan de choque” para “reforzar” los recursos económicos y humanos de este departamento.

Finalmente, reconoció que el deber del Gobierno de Canarias al frente de la administración es “mejorar la calidad de vida” de la ciudadanía, así como “atender sus demandas y dar una respuesta adecuada”, agregando que “no se puede ser un muro y un obstáculo mayor” al que se enfrentan las familias y las personas afectadas por una discapacidad.