El Gobierno presume de su gestión en dependencia mientras 11.000 canarios siguen esperando para ser atendidos
Los datos de dependencia en Canarias vuelven a ser confusos. Mientras el Gobierno regional presumía este jueves de los buenos resultados, el Imserso publica otros que, aunque confirman una mejoría con respecto a los últimos años, no se corresponden con los presentados por la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido. Según sus datos, en 2017 “se ha dado de alta en nómina a un total de 5.417 nuevas prestaciones en Dependencia”. Sin embargo, en el Imserso se recoge que en enero de 2017 había 16.716 personas recibiendo una prestación por dependencia y en diciembre de ese mismo año se cerró con 19.417, lo que supone que al finalizar el año 2.701 personas más reciben una ayuda de este tipo.
Según los datos de diciembre que aparecen en el Imserso, actualmente hay 30.637 personas con derecho a ser atendidas dentro del sistema de atención a la dependencia. De ellas, son beneficiarias 19.417 de una prestación, por lo que aún 11.220 personas que tienen derecho a recibir esta ayuda siguen esperándola. A pesar de ello, la consejera habla de “un antes y un después” que aún resulta insuficiente para que Canarias alcance la media estatal y la plena atención a la dependencia.
La diferencia de datos también la manifestaba este viernes en su cuenta de Twitter la diputada del PSOE Patricia Hernández, quien aludía a que el Gobierno estatal respondió por escrito a unas preguntas de la senadora socialista Olivia Delgado asegurando que en el año 2017 Canarias había incorporado 3.235 altas al sistema de Dependencia y no las 5.417 que apunta el Gobierno. Se trata de los datos aportados por la propia Comunidad, aunque en esa respuesta también recordaba que el Imserso hace un recuento específico mes a mes y que no ha sufrido ningún error informático en su sistema.
Sin garantía de futuro
La ligera mejoría que se está dando en dependencia ha sido reconocida por la Asociación de Directores y Gerentes Sociales, aunque este colectivo también ha advertido en su informe sobre Índice de desarrollo de servicios sociales que este cambio viene derivado de la integración de las entidades locales en el Sistema de Atención a la Dependencia. Además, reprochaba que no hay una planificación de futuro que garantice el sistema ya que aún no hay una ley autonómica que proteja los servicios sociales.
Aunque la lista de espera actual (11.220 personas) ha disminuido con respecto a enero de 2017, cuando se situaba en 13.031 personas, y es un indicador positivo, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales advertía a finales del año pasado que se han ralentizado las valoraciones de solicitudes. Es decir, aunque hay más personas recibiendo una prestación, ha aumentado la lista de aquellas que han pedido ser incluidas en el sistema pero siguen esperando una valoración.
A 31 de diciembre de 2017 había 47.444 solicitudes presentadas para ser acogidos en el marco de la Ley de Dependencia. De ellas, la Consejería ha resuelto 35.898, lo que quiere decir que hay 11.546 personas esperando por el reconocimiento.
La consejería de Políticas Sociales subrayó también en un comunicado este jueves que las bajas por fallecimiento en el sistema han sido superiores este año. “Los datos ponen de manifiesto que, si en 2016, las bajas por decesos fueron 1.636, en 2017 la cifra de bajas por decesos fue de 2.030, lo que representa una subida del 24,08 % entre el año 2016 y el 2017”.
No obstante, el reto de la dependencia en Canarias es mucho más complejo que el baile de datos constante que se produce entre los del Ejecutivo regional y estatal. La Consejería ha advertido varias veces de que sus estadísticas las cierran el 25 de cada mes mientras que el Imserso espera a tener los datos del mes entero. Sin embargo, los problemas de la dependencia en Canarias parten de que no se ha llevado a cabo una gestión adecuada desde el despegue de esta Ley hace ya diez años.
Además, esta realidad se enmarca en un contexto en el que el Archipiélago tiene los peores servicios sociales de España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. El último informe de la asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales reconoce una mejora desde 2015, pero volvió a suspender a las Islas con un 3,3 de puntuación.
