Imputado por un presunto desfalco en las cuentas de Intersindical Canaria
Primer imputado por el presunto desfalco en las cuentas de la Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) en Gran Canaria. El Juzgado de Instrucción número 2 de la capital ha citado a declarar a Celestino Galván, hijo de Juan Jesús Galván, exsecretario de Finanzas de la Federación, por el desvío de 4.000 euros de las cuotas de los afiliados a una cuenta particular. La comparecencia ante el juez Rafael Passaro tendrá lugar este miércoles a las 09.30 horas.
El juzgado abrió las diligencias tras la presentación de hasta cuatro denuncias por parte de afiliados del sindicato, la mayoría de ellos integrantes de distintos órganos de dirección, que detectaron una serie de irregularidades en la tesorería de la sectorial de Salud relacionadas con una supuesta apropiación indebida de los fondos del sindicato y su desvío a cuentas particulares, de otras federaciones o del denominado Sindicato Canario de la Salud (que se integró en 1994 en la recién creada Intersindical Canaria y que debió cerrar entonces su caja) “sin justificación aparente” y sin conocimiento de los órganos de gestión.
Un peritaje encargado por la propia IC determinó que solo en el año 2012 se habían detraído cerca de 26.000 euros de forma irregular de las cuentas de la Federación, por lo que los denunciantes estiman que el desfalco pudo ascender a 80.000 euros desde el año 2008. Con ese dinero se habrían pagado hipotecas, vacaciones, fines de semana en casas rurales, conciertos o préstamos de hasta 2.500 euros. Rafael Suárez, uno de los integrantes de los órganos de gestión, llegó a reconocer que había recibido esta cantidad como “adelanto para cursos” y que ya los estaba empezando a devolver.
Además de Juan Jesús Galván y Rafael Suárez, los señalados por los denunciantes son Begoña Santana, exsecretaria de Organización; Bernardo Medina, exresponsable de Organización y Finanzas; María Dolores Pérez, exresponsable de Finanzas, y Luz Carmen Rodríguez, antiguo coordinadora del Secretariado Nacional Confederal de Intersindical Canaria.
Juan Jesús Galván dimitió en abril de 2013 tras conocerse que, con sus claves y las de otra autorizada, Begoña Santana -que también cesó en la misma fecha-, se había hecho una transferencia de 4.000 euros de una de las cuentas del sindicato a una cuenta particular. En su escrito al Secretario de Organización, el entonces tesorero afirmaba que había sido su hijo, Celestino Galván, quien había extraído esos fondos y se comprometía a devolverlos antes del 1 de enero de 2014, además de “todas las irregularidades dinerarias que se detecten en las cuentas de la Federación” que se debieran a errores cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Estos hechos fueron denunciados por la propia Begoña Santana en noviembre de 2012 Tan solo unos días después, la Federación facilitó las contraseñas para acceder a las cuentas a Julia González, que había sido nombrada secretaria de Finanzas un año antes tras una reestructuración en la sectorial. Es esta afiliada la que empezó a detectar las irregularidades en la caja y la que imprimió las órdenes de transferencia y los extractos que posteriormente ha puesto en conocimiento de los juzgados.
Según los denunciantes, al mes de estar viendo estos movimientos anómalos y de preguntar por algunas transferencias “de dudoso destino”, la secretaria de Finanzas fue destituida y las contraseñas de acceso fueron modificadas.
Suspensión cautelar de los afiliados
La cúpula del sindicato dio por zanjada la polémica con la apertura de un expediente de expulsión a Juan Jesús Galván (a pesar de que había dimitido meses antes), con un informe interno en el que invitaba a los afiliados a desistir de las acciones judiciales y con la suspensión cautelar de aquellos que habían denunciado las presuntas irregularidades. Los afectados llevan cuatro meses en esta situación, a pesar de que la Comisión de Garantías del sindicato debería haber resuelto en un plazo máximo de 30 días.
Por otra parte, los denunciantes sospechan que IC ha podido desviar dinero procedente de cuotas de afiliados o de subvenciones públicas para “financiación ilegal de otras organizaciones o partidos políticos”, por lo que insta a la Fiscalía Anticorrupción a investigar las cuentas de la Federación.
