Un desahucio fuerza a la Policía al traslado apresurado de la comisaría de Distrito Centro de LPGC
No hubiese llegado la sangre al río mediático de ver a la Policía Nacional de fuerza actuante en un desahucio a la propia Policía Nacional, por no mediar todavía procedimiento ni orden judicial, pero la mancha de una resolución de desahucio ha sido el detonante del desalojo apresurado y caótico que ejecuta hace unos días la Jefatura Superior de Policía de Canarias de la comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria.
Los reiterados incumplimientos por parte del Ministerio del Interior, a través de la Gerencia de Infraestructuras e Equipamiento de la Seguridad del Estado y la propia Jefatura Superior de Canarias, de los plazos marcados en un convenio firmado el 9 de julio pasado tanto con la Comunidad Autónoma como con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, llevaron en enero de este año al Gobierno canario a abrir un expediente de desahucio administrativo.
La Policía Nacional debía haber desalojado las dependencias donde se ubica la comisaría de Distrito Centro, en la céntrica calle de Venegas, el 9 de octubre, al cumplirse tres meses de la firma de un convenio por el cual la Comunidad y el Gobierno central se intercambiaban la titularidad de diversas piezas de suelo, con la intervención del Ayuntamiento en una triple permuta, para entre otros pases dotar de un solar al Estado para la futura comisaría de Distrito Centro en la zona de expansión de la ciudad, e instalar la Comunidad Autónoma en Venegas una oficina tributaria de atención al ciudadano.
Con los tiempos más que agotados, fue la Dirección General de Patrimonio de la Consejería autonómica de Economía y Hacienda la que inició el expediente de desahucio administrativo ante la pasividad e inoperancia de la Jefatura Superior a la hora de ejecutar el acuerdo, del que sindicatos policiales aseguraron que quien salía perdiendo era solo el Cuerpo, en favor de la Guardia Civil, al quedarse sin una comisaría a cambio de una futura construcción en el barrio de Siete Palmas.
En todos estos meses, la Jefatura Superior ha sido incapaz de encontrar una solución para la ubicación de los servicios de más de cien policías que cubren, entre otros, la oficina de denuncias con más volumen de trabajo de la capital, y que deben de ser reubicados entre las comisarías de distritos Norte y Sur y la propia Supercomisaría de la Jefatura. En el caso de las oficinas de denuncias, el refuerzo a Norte y Sur con otros cinco policías de Centro no se verá de manera operativa reflejado más allá de cubrir los turnos 24 horas, dado que no hay más medios -los ordenadores donde se recogen las denuncias- para los desplazados.
Conflicto con la empresa de mudanzas
La inminencia de la resolución de desahucio administrativo forzó finalmente a la Jefatura a iniciar una mudanza que ha sido caótica, según fuentes policiales de Canarias Ahora, y que ha llevado incluso a que una de las empresas encargadas del primer traslado de mobiliario y material que no afectaba al trabajo diario, hace tres semanas, se negara a seguir trabajando.
En un primer momento, antes de Semana Santa, fue adjudicada la mudanza por 9.000 euros a una mercantil canaria, Esmenso, que inició los primeros trabajos hasta que dijo basta, al entender que Jefatura se excedía en los encargos. “Fue como si se acabara el saldo, porque decían a los trabajadores, bueno, ya que estás aquí lleva esto a este otro lado, de una planta a otra de la Jefatura”, explicaron a este diario fuentes consultadas. La Jefatura ha decidido denunciar a la empresa por incumplimiento de contrato.
Es ahora, desde el miércoles pasado, con una nueva adjudicataria cuando se está llevando a cabo la mudanza definitiva, que está prevista culminar a mediados de la semana próxima. Estos días se están producido traslados de mobiliario y en esta fase los agentes de Distrito Centro se han visto con incomodidades como tener que desplazarse a la Supercomisaría para cambiarse de vestuario, al estar allí las taquillas, o utilizar su tiempo libre para montar despachos en Jefatura.
La mudanza un tanto aprisa y corriendo alcanza también al parque móvil del Cuerpo. En los sótanos de la calle Venegas, la Policía contaba con su espacio propio para vehículos oficiales, una quincena, y unas cuantas plazas más para particulares. El traslado no contempla que en la Súper se haga hueco a esa quincena de dotaciones, y han tenido que ser habilitados aparcamientos en la calle. Tampoco los desplazados cuentan con su parte alicuota de plazas para vehículos particulares, como se suele prorratear entre brigadas y departamentos.
“Y a todas estas, el Jefe no vuelve de la Península hasta el martes, no se sabe si está allí de reunión, de vacaciones o buscando un nueva destino”, afirman desde la Jefatura Superior de Policía fuentes no oficiales, criticando la ausencia de Valentín Solano durante estos trasiegos de sus subordinados.
Mientras tanto, la ciudad gana en pleno centro administrativo junto a la Agencia Tributaria estatal una oficina autonómica de atención al ciudadano y pierde una comisaría hasta que el Estado decida su construcción en los solares cedidos por el Ayuntamiento a la Comunidad y permutados por esta al Gobierno central a cambio de otras titularidades.
