Seguridad Integral Canaria presenta concurso de acreedores al forzar USO la reactivación de sus embargos
Seguridad Integral Canaria ha presentado este viernes concurso de acreedores para intentar superar la situación en la que se encuentra después de que se hayan reactivado los embargos derivados de la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a pagar a su plantilla el convenio nacional.
Seguridad Integral había llegado hace semanas a un acuerdo con CCOO e Intersindical Canaria para fraccionar hasta 2020 el pago de la deuda que ha contraído con sus trabajadores a raíz de esa sentencia, que le obliga a pagar con carácter retroactivo los salarios del convenio nacional del sector, superiores a los suyos.
Sin embargo, un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido reactivar el proceso de ejecución forzosa de esa deuda a petición del sindicato USO, por estimar que no se había cumplido la condición básica del acuerdo (que no hubiera nuevos impagos de nóminas) y que la empresa no había presentado pruebas de que esa medida vaya a desestabilizarla, ya que también ha anunciado que tiene el propósito de abandonar el sector de la vigilancia.
Los directivos de Seguridad Integral Canaria anunciaron el pasado 24 noviembre un plan urgente de saneamiento de la empresa, que pasaba por reducir un 90% su plantilla, por la vía de transferir casi todos sus empleados a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, sociedad a la que ha vendido su cartera de clientes
En un encuentro con medios de comunicación, sus ejecutivos reconocieron que la sentencia del Supremo hacía inviable su estructura de costes, pero también expresaron su confianza en poder plantear una salida ordenada de la empresa del sector de la seguridad privada gracias al acuerdo con CCOO e Intersindical.
Tras la reforma laboral de 2012, Seguridad Integral -cuyo accionista mayoritario es el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez- se acogió a la posibilidad de descolgarse de los convenios nacionales y comenzó a pagar a su plantilla salarios muy inferiores, lo que le permitió ganar numerosas adjudicaciones públicas de servicios de seguridad, en un contexto de recesión en la que la mayoría de ellos se licitaban mediante subasta a la baja.
Ello le permitió expandir su presencia en Canarias y ganar importantes concursos en la Península, como el del Metro de Madrid (el único que conserva aún fuera de las Islas) y los del Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional del Estado, entre otros.
En un comunicado, la empresa reconoce que la reposición de los embargos sobre sus cuentas le “aboca” a presentar concurso de acreedores, una decisión que toma, dice, para “poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible”, porque el bloqueo de sus cuentas corrientes le impide tener “un normal funcionamiento”.
“El bloqueo de las cuentas en los últimos meses proviene de una demanda de algunos sindicatos y trabajadores que no entendieron la realidad de la empresa exigiendo el abono total de las diferencias salariales, debido a una sentencia que anula el convenio que la empresa aplicó, pactado con los representantes mayoritarios de los trabajadores, conforme a la reforma laboral de 2012”, alega.
SIC explica además que el bloqueo de sus cuentas por esos embargos de la plantilla le ha impedido pagar a Hacienda y la Seguridad Social, que a su vez han impulsado nuevos embargos.
Sus directivos entienden que, en esta situación, “la única herramienta legal” a su alcance para “restablecer el normal funcionamiento de la empresa” es presentar concurso de acreedores voluntario, “con la intención de no dejar ninguna deuda contraída, en línea con la historia de esta empresa”, de 22 años de existencia.
“Tal es la convicción de Seguridad Integral Canaria en su solvencia, basada en que su activo es netamente superior a su pasivo, que la intención no es solicitar quita alguna, pese a que la ley lo permite, sino adaptar los pagos a la liquidez de la compañía, según un calendario que garantizaría la viabilidad de la empresa y el cobro por parte de los acreedores”, dice.
La empresa asegura que toma esta decisión “con la vocación de seguir ofreciendo sus servicios con normalidad”, pide “perdón públicamente” a sus trabajadores, a los que espera “poder compensar”, y lamenta “la intransigencia de algunos sindicatos”, a los que acusa de tener “intereses alineados” con su competencia.
Este mismo jueves, el Gobierno de Canarias anunció que tampoco va a seguir contando con Seguridad Integral en uno de sus contratos de seguridad más importantes: la vigilancia de todas las sedes de juzgados y tribunales en la comunidad autónoma.
El Gobierno canario encomendará provisionalmente esos servicios a Securitas y Prosegur, hasta que se licite de nuevo el contrato (de nueve millones de euros de presupuesto y dos años de duración).
