El caso Faycán retrocede quince meses
No hará falta que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial le aplique el freno al juicio del caso Faycán para evitar que coincida en el tiempo con las elecciones municipales de 2015, como expresó su presidente, Emilio Moya. Un auto de la Sección Segunda, notificado este lunes a las partes, ha hecho que la causa retroceda quince meses, es decir, regrese a julio de 2013, cuando se decretó apertura de juicio oral por el último juez que ha conocido la instrucción llevada a cabo en los juzgados de Telde.
En ese auto, la Audiencia Provincial de Las Palmas admite parcialmente el recurso de varios letrados de las defensas e insta al juez instructor, Juan José Suárez Ramos, a entregarles el sumario completo, incluidas sus piezas separadas, informes periciales, documentación aportada por el Ayuntamiento de Telde y hasta copia de las grabaciones de las conversaciones telefónicas intervenidas. Además, obliga al juzgado a mostrar durante un plazo de veinte días las piezas de convicción que obran en la causa, como por ejemplo la famosa libreta de la fallecida Toñi Torres.
A partir de ese plazo de veinte días se iniciará otro de treinta (todos laborables) para que las partes puedan formular sus correspondientes escritos de defensa, o en el caso de haberlo hecho ya, enmendarlos en función de los resultados que puedan obtenerse a partir de esta resolución, lo que a todas luces impediría celebrar el juicio del caso Faycan, que estalló en 2007, antes de finales de este año.
No obstante, el presidente de la Sala que habrá de juzgar a los casi cuarenta acusados, Emilio Moya, ya ha manifestado su intención de retrasar el juicio hasta después de las elecciones locales, prevista para finales de mayo. Si la agenda del tribunal se complicara por la llegada del verano, el señalamiento del juicio podría solaparse con las siguientes elecciones, las generales, previstas para noviembre de 2015.
El caso Faycán se desencadenó en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato del pacto entre el Partido Popular y AFV-Ciuca tras la denuncia de una empresaria a la que se pidió dinero a cambio de agilizarle los pagos de los servicios prestados por su empresa a la institución. Las investigaciones policiales condujeron a la detención de media docena de concejales del PP al detectarse el presunto cobro y reparto de sobornos tanto en beneficio de los concejales como para reformas en la sede de ese partido en la ciudad.
En total hay 37 personas acusadas entre concejales, funcionarios, asesores del grupo de gobierno y empresarios que presuntamente colaboraban en la trama.
Entre otros acusados se encuentra la actual alcaldesa de la ciudad, María del Carmen Castellano, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel, y el ex jefe de la oficina de Urbanismo, José Luis Mena, que acaba de ser condenado a casi siete años de cárcel por la primera pieza separada de esa causa, el caso Grupo Europa.
