Los últimos desahuciados del Centro Comercial El Mirador

Cuando Cathaysa Amador abrió hace dos semanas la puerta de la vivienda en la que ha vivido durante los últimos siete años, no se imaginó que el hombre que se había presentado acompañado por la Policía ante su umbral le iba a comunicar amablemente que recogiera sus cosas y las de sus hijas, de once y nueve años, y abandonara el domicilio, propiedad del presidente de Promociones Horneras S.L., Ambrosio Jiménez.

Aunque era consciente de que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria había decretado a mediados del año pasado que abandonara la vivienda ubicada en la urbanización Ayatima de Marzagán, localidad de la capital grancanaria, no había recibido ninguna notificación del desahucio, por lo que desde la promotora decidieron ampliar el plazo para volver a pedir al Juzgado una nueva fecha de lanzamiento. Lo cual espera que suceda en cualquier momento.

Cathaysa recuerda que todo comenzó con la construcción del Centro Comercial El Mirador, espacio ubicado en la antigua urbanización de viviendas sociales Mirador del Valle, donde vivía con sus padres. Tras llegar a un acuerdo que Jiménez cifra en 34 millones de pesetas – unos 204.300 euros – sus progenitores se mudaron a una zona alejada de la capital. Sin embargo, al estar empadronada como madre soltera en la casa junto a sus hijas, pidió negociar con el empresario para encontrar una solución alternativa y poder quedarse en el municipio.

Según relata a Canarias Ahora, la primera solución que le propuso Jiménez, quien “tenía prisa” por solventar la situación, fue la de abonarle 3.000 euros para que se fuera de alquiler “y que él me buscaría una solución para que me dieran una vivienda, porque yo estaba inscrita en el Gobierno de Canarias como demandante de una desde el año 2004, solicitud que perdí al mudarme donde me dijo en el 2008”. Año desde el que reside en su actual domicilio.

Cabe destacar que la negación de 10 familias a moverse de su hogar motivó que los trabajos de demolición para la posterior edificación del parque comercial se retrasaran nueve meses. Cathaysa asegura que su casa fue la última en ser abandonada.

Al no ceder ante la propuesta inicial, afirma que quedaron tanto ella como su familia con Jiménez y su abogado en una cafetería, donde según su versión, el primero le hizo entrega de las llaves de la casa de Marzagán – algo que el empresario ha negado a este medio - y selló un acuerdo verbal de compraventa por el cual ella debía de abonar 300 euros al mes hasta llegar a los 72.000 euros.

“Yo le dije que no contaba con ese dinero y él me respondió que no me preocupara, que fuera a CajaCanarias y dijera que iba de parte de él y no me pondrían impedimento”, recuerda. A la semana de mudarse a su nuevo emplazamiento, afirma que fue al banco, donde no le dieron el crédito al estar cobrando en ese momento una prestación por desempleo.

Pese a ponerse en contacto con Jiménez en varias ocasiones, señala que éste siempre la tranquilizó y le dijo que no se preocupara por el abono de los pagos, hasta que en el año 2010 le llegó por parte del Juzgado la notificación del inicio del proceso que culminó el pasado año con la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que le ordenaba abandonar la casa. Sin embargo, Cathaisa asegura no haber tenido noticia de la evolución última del proceso hasta que vio a la Policía en la puerta de la casa para echarla.

Asegura que su familia ha tratado de ponerse en contacto con Jiménez, quien solo le traslada que ha tenido tiempo suficiente para buscar los 72.000 euros. Algo a lo que de momento no puede aspirar al ser madre soltera y estar desempleada, por lo que dice percibir una prestación de 213 euros, además de lo que pueda arañar colaborando en un bar dos días a la semana. El padre de sus hijos, afirma Cathaysa que no vive en la casa y en la actualidad cobra 426 euros del paro.

“El miedo mío es la incertidumbre de verme en la calle con mis hijas, es que no tengo a dónde ir. Mi padre compró una casa en el campo donde vive mi hermana pequeña con su marido y su niña”, manifiesta, al tiempo que lamenta que “me siento engañada, este hombre ha jugado con mi ilusión”. Asimismo, asegura que ella nunca se ha negado a pagar y pide poder llegar aun acuerdo con el empresario que no la deje sin un techo bajo el que dormir.

Preguntado por el caso, Jiménez afirma que a Cathaysa no se le dio la casa, sino que se “metió en una vivienda que no es de ella y se tiene que ir de allí”. Algo que también ocurrió con “10 señores” a los que echaron, dice, tras lo que hace hincapié en que “vivimos en un Estado de derecho”.

“¿A usted le gustaría que yo me metiera en su casa?”, pregunta el empresario, que cuenta con varias propiedades en la zona, algunas de ellas, según la propia afectada que vive en el barrio, vacías, mientras que otra es usada como almacén por una comparsa. Jiménez asegura que no tiene ningún inconveniente en vender la vivienda “a quien sea” y emplaza a la afectada a “que traiga el dinero”.

“Todos tenemos problemas”, mantiene el empresario. “Yo creo que ni a usted ni a nadie le gustaría que fueran a una propiedad suya y se metiera la gente y ya está”, apostilla.

La Plataforma de Afectados por a Hipoteca (PAH) Norte y la del Sureste de Gran Canaria presentarán este miércoles una carta al Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino en la que instarán a las administraciones a buscar una solución habitacional para Cathaysa.