El Gobierno contesta a la alcaldesa de Mogán que las competencias sobre el entierro de migrantes son municipales

“El Estado carece de competencias para asumir los costes de la inhumación de los cuerpos de las personas migrantes fallecidas en el mar”. Así ha contestado la Delegación del Gobierno en Canarias a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria), que este jueves había anunciado que el Ayuntamiento dejará de sufragar los entierros de los migrantes al entender que debe ser el Estado quien lo haga.

El Gobierno se ampara en un informe de la Abogacía del Estado que determina que son los ayuntamientos quienes ostentan las competencias en materia de política sanitaria mortuoria. Según recoge de forma literal el reglamento que rige los entierros por beneficencia para personas sin recursos, que data de 1974, “los féretros para fallecidos indigentes serán obligatoriamente facilitados por el ayuntamiento en cuyo término municipal haya ocurrido la defunción”.

El Ayuntamiento de Mogán entiende que esa norma se refiere solo a las personas fallecidas dentro del término municipal y excluye a quienes mueren en alta mar y son trasladados a la localidad.

La Delegación del Gobierno explica que no hay una previsión normativa específica para los casos de personas sin recursos fallecidas en el mar, pero entiende que la norma se debe interpretar “atendiendo a su espíritu y finalidad, de acuerdo con los criterios interpretativos que marca el artículo 3.1 del Código Civil”.

El informe de la Abogacía del Estado al que alude la Delegación del Gobierno data de 2008 y se refería a una discrepancia idéntica por el coste de las inhumaciones de personas migrantes fallecidas en el mar y trasladadas a la isla de El Hierro. Y concluía que, ante la falta de una referencia normativa precisa, hay que basarse en los títulos competenciales que guarden una “mayor proximidad” con el supuesto. En este caso, las competencias que el reglamento de Política Sanitaria Mortuoria de 1974 otorga a los ayuntamientos tienen “una relación más directa” con este supuesto que las relativas al control de la inmigración irregular que ostenta el Ministerio del Interior, destacaba ese informe.

“No parece razonable entender que, si la persona migrante arribara en estado grave de salud a un determinado término municipal y falleciese finalmente dentro del mismo, corresponda al ayuntamiento sufragar sus gastos funerarios, pero que no corresponda sufragar dichos gastos cuando esa misma persona haya fallecido en el mar y sea trasladado su cadáver a su término municipal”, sostienen las mismas fuentes.

La Delegación del Gobierno apunta que la finalidad que subyace en la regulación de la política sanitaria mortuaria es la de “garantizar, por motivos de sanidad pública, la adecuada inhumación de cualquier persona fallecida, incluso la de sufragar los gastos funerarios de aquellas sin recursos, lo que es trasladable a las personas migrantes fallecidas en el mar cuyos restos son trasladados al término municipal”.

Para el Gobierno central, es “lógico entender” que esa previsión contemplada en el reglamento sobre los fallecimientos dentro del término municipal sea también aplicable para los supuestos en que la muerte se produzca en el mar y el cuerpo sea trasladado, en este caso, al Muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde tienen su base dos de las embarcaciones de rescate de Salvamento Marítimo. Las razones de sanidad pública que subyacen en ambos casos “son idénticas”, recalca el organismo estatal.

“Además, en un supuesto análogo, aunque no idéntico, el reglamento de Política Sanitaria Mortuaria sigue reconociendo la competencia municipal en el caso de fallecimientos acaecidos en buques españoles”, añade la Delegación del Gobierno. “Una vez se produce la arribada del buque al puerto, el ejercicio de las competencias en materia de política sanitaria mortuoria pasa a corresponder a la autoridad sanitaria del lugar de arribada, que habrá de ejercerlas de acuerdo con la legislación vigente”, recordaba el mencionado informe de la Abogacía del Estado.

No es el primer encontronazo entre el Ayuntamiento de Mogán y la Delegación del Gobierno por la gestión migratoria. En septiembre de 2020, un día después de ser detenida en el marco de una causa judicial que investigaba una presunta trama de compra de votos, la alcaldesa de Mogán convocó una rueda de prensa para afear al Gobierno central la gestión de la crisis de acogida que provocó el hacinamiento de personas migrantes en el Muelle de Arguineguín.

Bueno acabó fletando tres guaguas para abandonar a su suerte, sin alternativa habitacional ni comida, a unas 200 personas que se encontraban en el Muelle de Arguineguín frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la capital grancanaria.

En un pleno celebrado el pasado mes de agosto, la alcaldesa de Mogán también anunció su intención de sacar de ese muelle las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo.