La alcaldesa de Telde declara este lunes como imputada por el caso La Mareta
La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano (PP), deberá comparecer este lunes en calidad de imputada ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, Virginia Peña, por el denominado caso La Mareta, que investiga varios delitos (prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y desobediencia a la autoridad) relacionados con el pago por parte del Ayuntamiento de 13,24 millones de euros a una empresa de Ambrosio Jiménez. Este dinero fue abonado con cargo a un crédito ICO que estaba destinado al plan para saldar las deudas con los proveedores.
También está llamado a declarar este lunes (a partir de las 16.30 horas) el el exjefe de Urbanismo del Consistorio teldense, José Luis Mena, condenado a diez años de prisión por los casos Grupo Europa y Los Alisios. En la causa también se encuentran imputados Francisco López, que ocupaba el puesto de máxima responsabilidad en la concejalía de Urbanismo en esa época -2012-,;el secretario municipal, Ángel Sutil, y el empresario Ambrosio Jiménez.
Como testigos están citados el interventor Enrique Orts, que se jubilará en 2015, y Francisco Artiles, concejal de Más por Telde y denunciante del caso.
El informe de 2013 del Tribunal de Cuentas detallaba que el Ayuntamiento de Telde pagó con cargo al fondo para proveedores una indemnización de 13,24 millones de euros concedida por sentencia judicial a Promociones Horneras, propiedad del empresario Ambrosio Jiménez, lo que representa la mayor factura abonada en toda España con cargo a ese plan.
Este órgano consideraba que la indemnización a Jiménez no debió pagarse mediante este instrumento. El crédito ICO sólo permitía abonar obras, suministros o servicios y prohibía pagar intereses.
La resolución judicial que dio origen a la indemnización obligaba al Ayuntamiento de Telde a recuperar una parcela 6.500 metros cuadrados de La Mareta que vendió en 2005 (con el grupo de gobierno PP-Ciuca) a Jiménez tras haberle quitado la concesión para construir un centro comercial y un hotal a otro empresario, Julián Gómez del Castillo, que denunció el caso en los juzgados.
Recientemente, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado como no ejecutado dicho fallo -a pesar de que el Consitorio recuperó el solar- por un defecto formal.
