El rescate de tortugas tras el vertido del 'Oleg Naydenov' enfrenta a Cabildo de Gran Canaria y Gobierno regional
Una denuncia por el rescate por parte de un grupo de voluntarios de siete tortugas accidentadas en Gran Canaria tras el vertido ocasionado por el pesquero ruso Oleg Naydenov en abril de 2015 ha desatado un enfrentamiento entre el servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de la isla, con quien colaboraban los ciudadanos que las capturaron.
Un informe del Ejecutivo regional acusa a Pascual Calabuig, máximo responsable del centro ubicado en Tafira, de incumplir el plan operativo aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente para gestionar la crisis provocada por el hundimiento del pesquero y de no adoptar las precauciones suficientes para garantizar la integridad de los animales durante su traslado, además de cuestionar la red de voluntarios tejida durante años por el veterinario.
Calabuig, por su parte, defiende la dinámica de trabajo del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, un sistema que “funciona perfectamente”, y el contacto directo con los ciudadanos, “vital para la supervivencia” de la fauna accidentada. El veterinario remarca que este servicio, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, era parte activa del protocolo establecido por el Ministerio y atisba en el informe del Gobierno canario “un interés por arremeter” contra el centro que dirige, que asumió en 2002 las competencias que hasta ese momento tenía el Ejecutivo autonómico.
Los hechos objeto de la denuncia se remontan al 4 de mayo de 2015, veinte días después del hundimiento del Oleg Naydenov. La tarde de ese lunes, seis buceadores capturaron un total de siete ejemplares de tortuga boba, una especie etiquetada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. El patrón de la embarcación, F.R., telefoneó a Pascual Calabuig, con quien colabora habitualmente, cuando había rescatado tres de ellas y el director del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre activó el dispositivo para recogerlas en el Muelle de Pasito Blanco y trasladarlas a Tafira. Esta orden fue ejecutada por un veterinario de la empresa pública Tragsa que el Ministerio de Medio Ambiente había enviado a la isla para prestar apoyo durante la crisis del pesquero ruso.
Sin embargo, antes de su llegada a Pasito Blanco, una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil interceptó la zodiac y decidió levantar un acta de denuncia. En este escrito, el Seprona explica que los animales estaban “apilados en el suelo de la embarcación”, que Calabuig les confirmó por teléfono que los voluntarios que habían capturado las tortugas colaboran con él y que una de las buceadoras es veterinaria de profesión y creyó ver manchas de petróleo en la boca de algunos ejemplares.
Esta denuncia llegó a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, que abrió un expediente y solicitó un informe a la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno canario. En su escrito, firmado por un jefe de servicio y un oceanógrafo, el departamento del Ejecutivo regional concluye que los ejemplares de tortuga boba “viajaron 40 minutos en coche en malas condiciones” por la “mala coordinación” entre los voluntarios y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, ya que disponían de menos cajas de las necesarias. Además, precisa que la administración competente para autorizar la captura o traslado de estos animales es el Ministerio de Medio Ambiente y que este trabajo sólo puede ser realizado por la Guardia Civil.
En su contestación, Calabuig refuta todas las acusaciones de los técnicos de Sostenibilidad. El máximo responsable del centro ubicado en Tafira recuerda que el Cabildo de Gran Canaria tiene competencias para la recogida y atención de fauna silvestre accidentada o enferma y que en el servicio que dirige ingresa cada año una media de 1.800 ejemplares de diferentes especies, de ellos un centenar de tortugas bobas (Caretta caretta).
Durante la emergencia por el vertido del Oleg Naydenov, el centro atendió cinco ejemplares de tortuga boba, 16 pardelas cenicienta y un alcatraz. “La mayoría (19) fueron recogidas por particulares, pescadores, observadores de cetáceos, bañistas o paseantes”, asevera Calabuig, que añade que sólo dos animales (una tortuga y una pardela) fueron rescatados por una patrullera de la Guardia Civil y otra pardela, por una de Salvamento Marítimo.
Para el veterinario, en situaciones como la acaecida el pasado mes de mayo se impone “la competencia de la atención de urgencia”. “No hay tiempo de realizar peticiones de autorizaciones”, explica Calabuig, que pregunta al servicio de Sostenibilidad si pretende seguir el ejemplo de Azores o Madeira, donde las tortugas heridas son devueltas al mar porque los barcos “no tienen permiso y los sancionan por llevarlas a bordo”. De ser así, insta al Ejecutivo a plasmarlo por escrito, aunque advierte de que sería “un grave retroceso”.
Calabuig niega que el traslado hasta el centro de Tafira supusiera un peligro para los animales (“Llegaron perfectamente y ni siquiera tenían erosiones en la piel de los aleteos”) y remarca que el patrón de la embarcación tiene experiencia en rescates (“Lo único que podría recriminársele es un exceso de celo”). También rechaza la acusación de descoordinación: “A la hora en la que se produjeron los últimos rescates, resultaba imposible que el personal del Ministerio supiese que el número de tortugas accidentadas había variado (de tres a siete)”. El veterinario de Tragsa acudió a Pasito Blanco con cuatro cajas para transportar las tortugas, una más de las necesarias según lo comunicado en un principio, pero tres menos de las requeridas al final de la jornada.
El director del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre aclara que informaba de todas sus actuaciones al Seprona, al Ministerio de Medio Ambiente, a Tragsa y a Ezequel Navío, responsable del grupo de voluntariado creado durante la crisis. Calabuig ve “totalmente injustas” las acusaciones vertidas por el Gobierno de Canarias contra el sistema instaurado en el Cabildo de Gran Canaria, un método que considera “rápido, no costoso y de funcionaridad ejemplar”, y reprocha al servicio de Sostenibilidad del Ejecutivo que “se excediera en sus apreciaciones técnicas en un campo que desconoce”, en relación a sus comentarios sobre el destino de los animales y su “aparente buen estado de salud”. Tras tratar a los ejemplares en el centro, Calabuig determinó que ninguno de ellos había sido afectado por el vertido del Oleg Naydenov.
