Un sindicato de periodistas denuncia ante la Inspección de Trabajo los pagos en 'B' de la agencia de cabecera del Gobierno
La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha denunciado este lunes ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife a Metrópolis Comunicación, la principal adjudicataria de los contratos de apoyo a gabinetes de prensa y seguimiento de medios del Gobierno regional, después de que Canarias Ahora informara este domingo de que esa empresa mantiene en plantilla a periodistas sin contrato y paga en B parte del salario de empleados en nómina.
La denuncia se hace eco de la noticia publicada por este periódico, una información que, según la UPCC, “corrobora los indicios” que el sindicato ya había recabado con anterioridad sobre las irregularidades de Metrópolis en material laboral. Esta agencia de comunicación, que tiene sedes en cuatro de las siete islas (Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote) y que también opera en las comunidades de Madrid, Andalucía, Baleares y Valencia, concentra prácticamente el 80% de los contratos adjudicados en los últimos dos años por el Ejecutivo regional y también presta servicios a otras administraciones públicas canarias, partidos políticos y destacadas empresas, tanto de las Islas como del ámbito nacional.
La UPCC recuerda en su escrito, presentado sobre las 13.30 de este lunes, que Metrópolis está sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público y que los pliegos de los concursos que ha ganado especifican que cualquier “incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso” de la legislación laboral es causa de extinción del contrato. Según revelan extrabajadores de la empresa, y confirman pruebas documentales, esta agencia abona parte del salario de trabajadores, hasta un 40% en los casos contrastados, en negro, camuflada en conceptos como gastos en dietas y transportes que no cotizan a la Seguridad Social.
Los abogados del sindicato de periodistas ya estudian la posibilidad de presentar una denuncia contra estas prácticas laborales ante el Tribunal de Contratos de la Administración Pública (TCAP) o ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Ofertas públicas de empleo
La UPCC reclama a las administraciones la convocatoria de ofertas públicas de empleo para cubrir “necesidades comunicativas permanentes”. El sindicato aboga por un cambio de modelo en la contratación de periodistas que pase por convocar plazas si las labores a ejercer por los profesionales que prestan servicio para las instituciones públicas no se corresponden con apoyos puntuales a los gabinetes de prensa o de seguimiento de medios , sino con tareas “estructurales”.
Los profesionales de la comunicación defienden un servicio de prensa “de la administración”, formado por periodistas y comunicadores con titulación específica, que no dependa de “los intereses políticos o económicos del gobierno o el cargo de turno”.
Inspecciones de trabajo
La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias abordó en el Congreso celebrado los pasados 29 y 30 de septiembre en Tenerife la precariedad laboral en el periodismo. Margarita Ramos, catedrática de Derecho del Trabajo, y José Miguel González, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, departieron en una mesa junto a Samuel Toledano, secretario general saliente de la UPCC (su sustituto es Txema Santana), y Agustín Yanel, máximo responsable de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FeSP), sobre la pérdida de derechos de los profesionales de la comunicación y sus consecuencias, “una sociedad desinformada”. Al acto también asistió el jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Santa Cruz Tenerife, José Trasobares.
El sindicato de periodistas recuerda que tanto González como Trasobares reconocieron la falta de personal en el servicio, pero animaron a la UPCC a interponer más denuncias y se comprometieron a realizar más inspecciones de oficio en los medios de comunicación. En mayo de este mismo año, la UPCC trasladó al jefe de la Inspección de Trabajo de la provincia occidental que las prácticas ilegales eran “práctica generalizada” en diversas empresas de comunicación de las Islas, con “graves incumplimientos de contrato y derechos laborales mermados”. Ya entonces el sindicato remarcaba que algunas de estas empresas privadas realizaban labores de comunicación para la administración pública.
El Gobierno de Canarias no ha contestado, de momento, a las preguntas formuladas por este periódico este lunes por la mañana en relación a la información publicada sobre las irregularidades laborales en Metrópolis.
