El extesorero de Intersindical devolverá a plazos el dinero desfalcado en 2012
Un acuerdo entre la cúpula de Intersindical Canaria y el exsecretario de Finanzas de la Federación de Salud ha puesto fin al pleito civil por el desfalco en las cuentas de la sectorial sanitaria del sindicato en Gran Canaria. El extesorero Juan Jesús Galván, que dimitió en abril de 2013, ha asumido la responsabilidad del desvío en el año 2012 de 30.000 euros de las cuotas de los afiliados a cuentas particulares o de otras federaciones.
Según ha podido saber Canarias Ahora, en el acuerdo alcanzado hace dos semanas en los juzgados de lo social de Las Palmas de Gran Canaria, Galván se comprometió a devolver cada mes 500 euros a IC. Con estos pagos aplazados devolverá los 26.000 euros que fueron detraídos de manera irregular (sin justificación y sin conocimiento de los órganos de gestión) de las cuentas de la Federación en el ejercicio 2012, según puso de manifiesto una auditoría encargada por la propia central sindical.
El extesorero también abonará los 4.000 euros que fueron transferidos desde IC a una cuenta particular por medio de su hijo, Celestino Galván, de momento el único imputado en la causa que se mantiene abierta en la vía penal, concretamente en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria. En su declaración del pasado 29 de octubre, el hijo del extesorero aseguró que realizó la operación porque pensaba que se trataba de una cuenta privada.
Juan Jesús Galván era una de las tres personas que disponían de las claves para poder manejar la caja del sindicato. Otra de ellas, la exsecretaria de Organización Begoña Santana (también señalada por los querellantes), fue quien denunció el desvío de 4.000 euros por parte del hijo del extesorero. Ya entonces Galván prometió devolver “todas las irregularidades dinerarias” que se detectaran en las cuentas de la Federación, siempre que se debieran a errores cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Posteriormente llegarían las querellas de afiliados del sindicato, algunos de ellos integrantes de los órganos de dirección, que advirtieron de pagos de dudoso destino en la tesorería de IC desde el año 2008. Con ese dinero se habrían abonado cuotas de hipotecas, vacaciones, fines de semana en casas rurales, conciertos o préstamos de hasta 2.500 euros. La auditoría encargada por el sindicato se ciñe al ejercicio 2012, por lo que este sector crítico de la Federación de Salud estima que el desfalco a lo largo de todo esos años pudo ascender a 80.000 euros.
Además del dinero procedente de las cuotas de los afiliados, los querellantes han puesto el foco en los cerca de 200.000 euros que recibió el sindicato del Gobierno de Canarias (a través del Servicio Canario de Empleo y de Funcatra) para impartir cursos de formación.
El sector crítico apuntaba en su escrito a Juan Jesús Galván y a Begoña Santana, pero también a otros miembros de la cúpula. Se trata de Bernardo Medina, exresponsable de Organización y Finanzas; María Dolores Pérez, exresponsable de Finanzas; Luz Carmen Rodríguez, antiguo coordinadora del Secretariado Nacional Confederal de Intersindical Canaria, y Rafael Suárez, uno de los integrantes de los órganos de gestión, que llegó a reconocer que había recibido 2.500 euros del sindicato en concepto de “adelanto para cursos”.
En la querella se advierte incluso de qie una parte del dinero pudo haber sido utilizada para la “financiación ilegal de otras organizaciones o partidos políticos”.
Para este sector, la asunción de la responsabilidad civil por parte del extesorero puede ser “un atenuante”, pero no le exime ni a él ni al resto de los querellados de la responsabilidad penal en la que podría haber incurrido por la presunta apropiación indebida de los fondos.
La Confederación Nacional de IC ha declinado hacer declaraciones y se ha limitado a recordar que la dirección del sindicato hizo “lo que tenía que hacer” en su momento. Hay que recordar que la cúpula de la central zanjó la polémica con la apertura de un expediente de expulsión a Juan Jesús Galván (a pesar de que había dimitido meses antes), con un informe interno en el que invitaba a los afiliados a desistir de las acciones judiciales y con la suspensión de aquellos que habían denunciado las presuntas irregularidades.
Cuentas bloqueadas en Bankia
El conflicto surgido a raíz de las presuntas irregularidades en el uso de los fondos de la sectorial de Salud del sindicato y las “órdenes contradictorias en cuanto a los cargos” llevaron a Bankia el pasado mes de mayo a bloquear las cuentas que la Federación tenía en esta entidad.
En una comunicación a la que ha tenido acceso este periódico, Bankia expresa su postura de “no tomar partido por ninguna de las órdenes, siendo neutral, meros intermediarios”. Es por ello por lo que decidió no autorizar ninguna operación, salvo las domiciliaciones existentes y pagos justificados con anterioridad, “hasta que se solucione la controversia, bien por acuerdo con los cargos entrantes y salientes o bien por resolución judicial”.
Según las fuentes consultadas por este periódico, el sindicato puede tener bloqueados en estas cuentas unos 40.000 euros.
