Los testigos hacen tambalear los argumentos de Díez y Romeo

Los abogados madrileños Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, titulares de la firma Diez & Romeo, han negado este jueves ante el juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, haber falsificado el sello de la oficina de Correos de Arucas para que 41 solicitudes de sus clientes entraran en el concurso de asignación de frecuencias de radio de la Comunidad autónoma de Canarias en 2010.

Díez y Romeo se enfrentan a tres años de prisión por un delito continuado de falsificación en documento público, según la solicitud de la Fiscalía a la que se ha adherido el Gobierno de Canarias, denunciante del caso a través de su viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Martín Marrero.

Los acusados recordaron que el conflicto se originó el 30 de septiembre de 2010, fecha en que terminaba el plazo dado por la Administración regional para presentar las ofertas de las solicitudes al concurso de radios. Romeo cifró el número de solicitudes que su bufete tenía que entregar al Gobierno en unas 80 y señaló que las que se presentaron ante el registro se cursaron sin problemas.

El conflicto arranca con 41 ofertas que, según Rodríguez, le propusieron presentar en Correos debido a que la elevada actividad del registro no le iba a permitir cursarlas en hora. Los documentos enviados contarían con un plazo extra de 10 días para llegar al Gobierno, ya que al haber sido emitidos dentro del plazo se considerarían aptos para entrar en el concurso.

Otro mensajero

Según la versión de los abogados, las solicitudes se enviaron desde la oficina de Arucas, un municipio grancanario cuya ubicación Rodríguez dijo desconocer en aquella época y una iniciativa de la que dijo tener constancia una vez le llegaron las solicitudes selladas. Y es que el abogado madrileño aseguró haberse quedado en su despacho de la capital grancanaria, ocupado con sus clientes, mientras que otras personas contratadas por su firma se trasladaron con las cajas a la localidad. Unos individuos que no pudo identificar, aunque mencionó un par de nombres y a la Gestoría Acosta Lujan.

Una vez las personas mencionadas regresaron de enviar las solicitudes supuestamente selladas por Correos, Rodríguez dijo haberse percatado de que las mismas no contaban los resguardos ni con un justificante del fax enviado al registro. Un documento que, según explicó posteriormente el abogado de la acusación, las bases del concurso estipulaban que se debía de haber mandado desde su propio despacho y no desde Correos.

“Pasaron unos días y nos dijeron que no estaban llegando los proyectos”, recordó Romero, quien precisó que fue en ese momento en el que pidieron una reunión con el viceconsejero que se produjo el 6 de octubre. Romeo aseguró que Marrero conoció entonces el problema y que dos días después presentaron la documentación con los supuestos sellos de la oficina de Arucas.

El siguiente paso del caso se produce meses después, cuando el Gobierno notifica que las 41 ofertas se presentaron fuera de plazo. Cuando el despacho trata de impugnar la decisión, Marrero, que acudió a declarar este jueves al Juzgado, volvió a repasar la documentación y es en ese momento cuando se percató del “famoso sello” que “me despertó sospechas”, por lo que decidió denunciar el caso ante la Justicia.

De los 41 ofertas enviadas por Correos, curiosamente, solo llegó a la Administración grancanaria una, que posteriormente fue cursada y obtuvo una licencia en un polémico concurso no exento de litigios. Sobre este aspecto, la Institución regional señala que dicha entidad desapareció del segundo listado de proyectos reseñado por el despacho de abogados, ya que se envió desde otra oficina y por otra persona.

Ficheros inexistentes

Los argumentos de Díez y Romero comenzaron a tambalearse con la versión de los testigos y del propio Marrero. El también portavoz del Gobierno de Canarias no solo dijo que el 30 de septiembre el registro no había sufrido ningún colapso, sino que además precisó que en la reunión del 6 de octubre que los abogados madrileños “pidieron con insistencia”, “nos manifiestan que se habían visto desbordados por la huelga del día anterior y que no habían podido presentar la documentación”.

Marrero recuerda que los acusados plantearon al Gobierno una ampliación del plazo, algo que la jefa de Servicios del área, Teresa Casanova consideró inviable. Al no llegar a un acuerdo, ambos dijeron a los letrados que hicieran un escrito para que lo valoraran los servicios jurídicos de la Institución canaria. Para su sorpresa, continuó, el texto remitido dos días después hacía referencia a lo sucedido en Arucas, situación a la que hasta el momento no habían hecho referencia y uno de los párrafos dejaba ver que “sabían que la documentación de Correos no iba a llegar”.

Las palabras de Marrero cogieron fuerza cuando el jefe de la oficina de Correos de Arucas dijo no recordar que se produjeran incidencias el día en cuestión, más aun cuando el volumen de la documentación hubiera llamado la atención de los cinco empleados del centro. Aun así, reconoció la posibilidad de que él no se encontrara en las instalaciones en ese momento.

Para la Fiscalía, el argumento más “demoledor” fue el del director de zona de Correos en aquella época. Éste afirmó que, por mucho que el código M11 - esencial para descubrir lo que pasó con las ofertas supuestamente enviadas - se hubiera eliminado a los seis meses, en el sistema informático de la Administración no consta que las solicitudes se depositaran en la oficina de Arucas. Algo fácil de identificar teniendo en cuenta el elevado número de certificados que, al parecer, se presentaron.

Por su parte, los peritos de la Policía Nacional y la defensa llegaron a conclusiones opuestas. El primero afirmó que el sello de Correos era falso y, tras dudar al volver a ver los originales, reconoció haberse basado en dos de los documentos dubitados para luego ratificar la conclusión de su estudio.

El profesional llamado por la defensa dijo haberse basado en una presión sobre el papel que únicamente él era capaz de notar en la sala y aseguró haber analizado casi todos los documentos para concluir que el sello era “auténtico”.

Tras oir a todas las partes, la Fiscalía concluyó que los acusados decidieron “inventar” la documentación ya que “sabían perfectamente que no habían presentado las solicitudes”, que nunca llegaron a la Administración. Por su parte, las defensas se quejaron de que el Juzgado no hubiera llamado a declarar a una serie de testigos que a su juicio esclarecerían la situación, como los empleados que pudieron llevar las solicitudes a Arucas o los trabajadores de dicha oficina de Correos.

Sobre la prueba informática, señaló que “son los empleados de la oficina de Correos los que tienen que poner los datos”.