Empiezan las fugas en el PP

El primero –es de justicia reconocérselo- fue el alcalde Tías, José Francisco Hernández, que hace un mes se declaró contrario a las prospecciones petrolíferas aun a sabiendas de las consecuencias que pudiera acarrearle dentro de su partido, el PP. “Si porque diga esto, supone que conmigo no se quiere contar, no tengo ningún problema, Pancho se va a su casa a trabajar”. De momento sigue al frente de su Ayuntamiento, con el añadido de que el suyo fue de los pocos municipios lanzaroteños donde ganó el PP, con casi tres puntos de diferencia sobre el PSOE, que se alzó con el triunfo en las europeas del pasado domingo. Pero a esa sensible fuga (Hernández reclamó a su partido la misma posición que tiene en Baleares contra el petróleo) ha seguido otra conocida este mismo lunes, la del presidente de la patronal de hostelería y turismo de Fuerteventura, Antonio Hormiga, que ha solicitado su baja del partido a través de una dura carta en la que, expresa su “profundo rechazo por la manera en que el Partido Popular ha hecho uso de los distintos mecanismos a su alcance” para lograr “la previsible aprobación de las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas”. A su juicio, la decisión se va a tomar “en contra de los intereses de todos los canarios, poniendo en riesgo nuestro futuro, y especialmente el de nuestra isla”. En un acto recientemente celebrado en Lanzarote, Hormiga fue muy duro con la querencia gubernamental hacia Repsol, y encuadró su discurso en el desmarque ideológico (“esta no es una lucha de izquierdas o de derechas, es la lucha de todos”). Sin embargo, la reciente decisión de Medio Ambiente de otorgar a Repsol la Declaración de Impacto Ambiental de las prospecciones le ha animado finalmente a marcharse de su partido pidiendo “la baja inmediata como afiliado”.

Las encuestas lo ponen de manifiesto

La estampida del jefe de la patronal hotelera de Fuerteventura no es cualquier cosa. Representa al sector turístico de la isla, que contrariamente a lo que ocurre en Gran Canaria, por ejemplo, está unido en la oposición a las prospecciones consciente de lo que está en juego. Es muy probable que a su gesto sigan otros de igual cuantía, lo que se evidenciará acto seguido en el respaldo empresarial y electoral del PP en la isla, a cuyo frente está la aguerrida Águeda Montelongo. La carta de petición de baja del PP contiene alguna expresión que no debe pasar desapercibida. Por ejemplo, su referencia a “nuestras aguas”, una apelación contraria al soniquete del PP canario y del señor ministro de que todo lo que excede de la costa para afuera es titularidad estatal y ahí manda La Moncloa y sus ministros. Tampoco debería caer en saco roto la queja de Hormiga a los modos del PP al hacer uso de “los mecanismos a su alcance”, lo que deja entrever una nada velada insinuación al amaño para facilitarle las cosas a la multinacional petrolera. Su marcha no debe sorprender a nadie, como tampoco el resultado de las encuestas que se están dando a conocer. El Diario de Avisos y Canarias7 publicaban este lunes una encuesta a la que ya hemos hecho referencia aquí en alguna ocasión. Se trata de una amplia consulta que otorgaría en estos momentos una victoria regional a Coalición Canaria, con 21 diputados; un ascenso del PSOE hasta los 17, y una caída del PP hasta los 16. Claro que la encuesta está incompleta porque fue realizada hace ya algún tiempo, por lo que no se contempla la probable irrupción en el panorama autonómico de Podemos. Pero la tendencia muy bien podría ser esa.

Caen los que pactan con el PP

Contrariamente a lo que sostiene José Manuel Soria, las prospecciones petrolíferas sí pasarán factura electoral al PP. Den por seguro que así ocurrirá en Lanzarote y en Fuerteventura, donde el sentimiento de cacicada y de decisión colonialista está mucho más arraigado que en resto de las islas. El presidente del PP sabe que eso es así, pero hace mucho tiempo que antepuso sus intereses personales y empresariales a los de su propio partido y ya encontrará, llegado el momento, un tolete al que endilgarle las culpas, siempre y cuando esta tendencia se mantenga o sea más pronunciada desde ahora hasta la primavera próxima. La evidencia de que ese partido está en franco retroceso (y perdón por lo de franco) también la encontramos en aquellos lugares donde el PSOE ha pactado con él. El caso más evidente es el de la isla de El Hierro, donde el socialista Alpidio Armas se mantiene como presidente en un pacto con los populares que le ha pasado una dolorosa factura en las elecciones del pasado 25M, caída que también se manifiesta en las encuestas, donde aparece como favorita y con mayoría absoluta la AHI de los Padrones en el caso de unas elecciones insulares. En La Palma pasa un cuarto de lo mismo: el PSOE se mantiene en una buena posición a pesar de haber expulsado expeditivamente a los consejeros que contravinieron la prohibición expresa de pactar con el PP, lo que desbarata la creencia de que con aquellas medidas se había venido abajo cualquier atisbo de organización socialista en la isla. La gente de Anselmo Pestana prepara su desembarco en Nueva Canarias ante la evidencia de que, por lo que respecta al menos a la actual dirección federal y regional, no habrá clemencia.

Los paquidermos se palpan los ropajes

Hablando del PSOE. La decisión adoptada este lunes por la Ejecutiva Federal de que se abran también a todos los militantes las elecciones a secretarios generales de las islas y de las federaciones abre un melón de interesantísimas consecuencias. El fin del apparatchik parece cercano, porque por mucho que desde las distintas escalas de las baronías se trate de imponer a los candidatos, parece complicado manipular a toda una militancia al completo. Tiemblan los paquidermos que siempre han medrado a la sombra de los procesos orgánicos, donde los brazos de palo se van sucediendo sin recato para elegir casi siempre a los mismos en un proceso indiscutiblemente estatutario pero viciado desde hace décadas. Será todo un acontecimiento verificar el grado de respaldo que puedan tener históricos secretarios insulares, o no tan históricos pero impuestos por el apparatchik para perpetuar a la saga. Ya se desmarcan los que han conseguido situarse gracias a procesos de primarias, como es el caso de José Miguel Pérez, pero se acojonan los que hasta ahora han podido auparse mediante delegados elegidos a partir de procesos en agrupaciones locales donde se pacta de todo para que todo se perpetúe. El PSOE tiene ante sí un buen mecanismo que, bien manejado y sin interferencias internas o externas, puede ser la salida a su debacle. Tiene en su mano soluciones que otros partidos a la izquierda y a la derecha no han sido capaces de aplicar, por mucho que les produzca befa y bufa. El PP, incapaz de zafarse de la designación por dedo divino, tiene un problema grave tras la caída electoral: ha de seguir gobernando y desgastándose, sin plantearse ni a corto ni a medio plazo un relevo en la cúspide. Izquierda Unida, con Podemos mordiéndole ya las rodillas, no sale de su ensimismamiento y sus controvertidos liderazgos. Tendrá que pactar con los de Pablo Iglesias para no ser devorada por la imparable corriente del público de izquierdas indignado. El PSOE, sin embargo, puede volver a motivar a sus 240.000 militantes y a sus millones de simpatizantes si gestiona adecuadamente sus procesos de elección de secretarios generales y de candidatos a cada una de las instituciones. Ya es noticia desde el pasado domingo, casi con la misma intensidad que la exitosa irrupción de Podemos. Y lo que queda por noticiar.

Seguridad privada y esclavista en las cárceles

Mientras los partidos reajustan sus maquinarias y se preparan para la nueva era (hasta la Casa Real parece querer hacerlo con su propia restructuración interna), el Gobierno de España sigue colmándonos de satisfacciones. Hace unos días saltó a la prensa una noticia con apariencia baladí que en realidad encierra algunas trampas que no nos resistimos a comentar. Se trata de una partida de más de 33 millones de euros para contratar vigilantes de seguridad que respalden a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en las 67 cárceles españolas dependientes del Ministerio del Interior. La literatura gubernamental justifica esta descarada privatización de la seguridad en las cárceles en la necesidad de dedicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a sus funciones específicas, destinando a los guardias de seguridad privada a tareas de estricta vigilancia, en la que por cierto, se incluye el control de acceso, uno de los aspectos más sensibles en un centro penitenciario. Pero la noticia la hemos encontrado en otros dos enfoques de la decisión. El primero es el de la contratación a dedo, es decir, por el procedimiento negociado sin publicidad, de esos 33 millones para los años 2014 y 2015 aduciendo motivos de seguridad. Ya les vale. Y el segundo, que la partida irá destinada a la contratación de unas 800 personas para atender estas necesidades. Si dividimos en dos ejercicios económicos esos 33 millones y el resultante entre las 800 personas, nos encontramos con que el coste medio por puesto de trabajo será de poco más de 20.600 euros, de los que habrá de detraer el beneficio industrial una vez deducidos los costes sociales. O sea, que las cárceles dependientes de Interior tendrán vigilantes que cobrarán unos sueldos que con suerte alcanzarán los 1.000 euros al mes. Qué tentación para el coladero. Competitividad, le llaman.