“Este es un Garzón y todavía no se ha enterado”

Algún día habrá que escribir la historia completa de la persecución a la que ha sido y sigue siendo sometido el magistrado César Romero Pamparacuatro, o quizás estemos en puertas de ver cómo la escribe él mismo en sede judicial. El juez vuelve a ser noticia por la inminente admisión a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de una querella en su contra interpuesta nada menos que por el principal encartado en una causa que instruye en su juzgado de La Laguna. Lo persiguen, fundamentalmente, los que saben que es irreductible ante los casos de corrupción, y a los perseguidores los alientan los que lo consideran un “juez estrella”, un “juez justiciero” o un verso suelto de esos que por desgracia no abundan en la Judicatura. No es la primera vez que el rey de la noche lagunera, el empresario y abogado Evaristo González, se querella contra el juez Pamparacuatro, que heredó el caso Corredor cuando tomó posesión como titular de Instrucción 5 de La Laguna. Lo hizo Evaristo en 2012, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ni siquiera admitió a trámite su querella y, acto seguido, incluso desestimó el recurso de súplica que el principal encartado en esta causa interpuso. A este polémico empresario, que también es abogado, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le endilgó en 2013 1.000 euros de costas judiciales por haber recusado a Pamparacuatro con manifiesta “mala fe” en sus pretensiones, que ya habían sido desestimadas con anterioridad. Se puede leer clarito en un auto de la Sección Segunda en el que el ponente, el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, escribe: “El recusante [Evaristo González] con la presumible finalidad de mantener apartado al juez instructor y dilatar con ello la instrucción que se sigue contra él mismo, volvió a presentar nueva solicitud de recusación nada más se le notificó la resolución de este Tribunal, sin aportar certificación de la admisión de la querella. Como consecuencia de dicha actuación de mala fe, en la que el recusante se ha entretenido buscando datos personales del magistrado que recusa, con la absurda excusa de facilitar su documento nacional de identidad, circunstancia totalmente innecesaria para la pretensión, debe imponérsele una multa por importe de 1.000 euros”. El rey de la noche lagunera, sospechoso incluso de haber sustraído documentos del sumario en el que está encartado, salía trasquilado. Claro que entonces no se sabía que en la misma causa iba a estar imputado el alcalde de La Laguna y hoy candidato a la Presidencia por Coalición Canaria.

 

 

 

 

Una comida en Santa Úrsula

Ahora sí, ahora tenemos en el caso Corredor a un político de peso, ungido por el partido que gobierna en Canarias, y ahora sí habrá admisión a trámite de la querella contra el magistrado Pamparacuatro. Se han alineado todos los astros en su contra, lo que ha activado a vengadores tan acreditados como Eligio Hernández, fiscal general del Estado y ejecutor público de los jueces que se salen del molde; catedráticos de la talla de Vicente Gimeno Sendra, referente hispano de Derecho Procesal, y un Gobierno de Canarias sumamente ofendido por las acusaciones vertidas por el instructor en un auto del mes de noviembre en el que relataba pormenorizadamente el desprecio de la administración canaria de Justicia hacia quien reclamaba medios técnicos y humanos para poder ejecutar su trabajo en un sumario abultado que se ha convertido en un auténtico terremoto político y judicial. El 17 de diciembre de 2014 fue un mal día para el rey de la noche lagunera porque sus pretensiones de anular el sumario se esfumaron al fallarle uno de los golpes de efecto con los que se presentó ante el juez en una vista convocada para reconstruir piezas de la causa que habían desaparecido (y él sabía perfectamente por qué). Se trajo desde Madrid al catedrático Gimeno Sendra, que fue apoteósicamente ridiculizado por el magistrado, trasmutado en maestro de su maestro, al que dio una clase inesperada de Derecho Procesal que no se creían los presentes. Cliente y catedrático salieron escalados de aquel juzgado y se vinieron a juntar nada menos que con el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández. Los tres almorzaron en un restaurante de Santa Úrsula (pagó Evaristo) donde repitieron más de una vez, entre sorbo y sorbo de vino de la tierra, que “este es un Garzón y todavía no se ha enterado”. A favor del querellado opera que Eligio Hernández hace tiempo que no gana ni una, lo que automáticamente se convierte en un riesgo para quien juzgue a Pamparacuatro en el caso de absolverlo, porque la retahíla de descalificaciones que le puede caer encima será de tararí y no echar gota (ver caso Mamotreto).

 

Probar la malicia

Allí parieron estos tres desiguales comensales la querella que ahora se dispone a admitir el TSJC para regocijo de los imputados y constatación de lo bien que funciona el sistema político-judicial canario cuando de proteger a los corruptos se trata. Pamparacuatro se verá sometido a partir de ahora a una profunda revisión de todo su trabajo, revisión en la que –cómo no- se incluirá su instrucción del caso Unión, discutido por los poderosos imputados en esa trama corrupta con similares métodos de desaparición y manipulación del sumario por manos ajenas a las del propio juez, más el concurso de algunos miembros de la Judicatura que no han tenido el menor recato de ponerse del lado de los corruptos. Su denuncia de esos hechos es otra historia para no dormir que, efectivamente, colocan a este juez en las mismas circunstancias que rodearon a Garzón cuando el poder absoluto del PP decidió que había que apartarlo de la carrera. Solo que a Garzón le endilgaron un delito que no han podido ni siquiera insinuar de Pamparacuatro, al que van a investigar por la figura del “retardo malicioso”, es decir, provocar arbitraria y voluntariamente un retraso en una causa con la intención de conseguir una finalidad ilegítima, como por ejemplo el deseo de perjudicar a una de las partes o beneficiarse con tal comportamiento. Ya nos estamos imaginando el trabajo que va a tener el querellante y su clan de Santa Úrsula para probar la malicia del retraso, y el poco esfuerzo que va a suponer para el querellado hacer desfilar por los vetustos despachos del TSJC en calidad de testigos a todo aquel o aquella que conozca las verdaderas causas que le llevaron a retrasar durante dos años el alzamiento del secreto del caso Corredor y el correspondiente auto de imputación en el que aparece el mentado Clavijo, catalizador último y seguramente involuntario de este nuevo sainete político-judicial isleño.

 

Imputado por estafa procesal

Para fijar de manera certera la calaña del querellante al que los togados van a aupar hasta el privilegio de sentar a su propio instructor en el banquillo, veamos lo que dice el más reciente auto de Pamparacuatro. Está fechado el pasado 21 de diciembre, y en él se puede leer lo siguiente de Evaristo González, financiador del Clan de Santa Úrsula: “El principal imputado de las diligencias previas 910/2010 (…) se constituye en cabecilla de una organización criminal creada y dirigida para la ejecución de un amplio catálogo delictual, imputado en las tres piezas separadas objeto de esta instrucción, y que no duda en utilizar de una manera fraudulenta la Administración de Justicia para la consecución de sus objetivos o designios criminales, o bien para evitar un recto desarrollo de la misma”. Y siguen algunos argumentos, como este: “Él mismo, junto a sus compañeros de despacho, se encuentra imputado en estas diligencias por un delito de estafa procesal utilizando fraudulentamente y de una manera torticera, según indicios obrantes en autos, a los juzgados para conseguir un ilícito enriquecimiento patrimonial (véase la estafa a Intermobil o la estafa al pub Triboo) en los cuales, traspasando la simple mala fe procesal así como los deberes de lealtad y probidad en el ejercicio profesional de la abogacía, se aprovecha ilegalmente de los procedimientos judiciales para su enriquecimiento patrimonial”. Más adelante se puede leer esto otro: “Y es que a ciertos imputados, bajo el nexo común de Evaristo González Reyes, les parece poco falsear pruebas o realizar conductas dirigidas a crear un error al juez mediante las estafas procesales o presentación de testigos falsos, sino que se jactan, congratulan y afirman que son capaces de conseguir sus objetivos mediante la actuación directa sobre los autos materiales. Es decir, mediante la manipulación o sustracción de los autos o diligencias que constituyen el proceso materialmente considerado”. Va a ser muy entretenido ver a sus señorías escuchar los argumentos de esta joya lanzados contra un juez. Muy entretenido. Por muy duro que le pueda parecer lo que se le viene encima al juez Pamparacuatro, quizás le convenga que el TSJC le ponga el altavoz que no puede utilizar en su función jurisdiccional para demostrar que el marciano no es precisamente él. A ver quién sale trasquilado de esta causa.