Prospecciones en la tercera fase

Si alguien pensó alguna vez que la sentencia del Supremo sobre los siete recursos planteados por los principales grupos ecologistas y las instituciones canarias iban a suponer la derrota definitiva de los contrarios al petróleo, estaba equivocado. Muy al contrario: se abre ahora una nueva fase imprevisible (en su duración y en las medidas a adoptar por cada parte) y desde luego mucho más pasional. De un lado, el Gobierno de España, impondrá las prospecciones de Repsol sin mayores miramientos: se cree bendecido por el hisopo del alto tribunal y por sus propios actos administrativos; y del otro, las instituciones, grupos ambientales y ciudadanos canarios organizados o no, adoptando medidas cada vez más radicales, incluyendo entre ellas la consulta popular que el presidente del Gobierno calcula que podría celebrarse en otoño. Se equivoca Madrid tratando de convencer a los canarios de que las resoluciones del Supremo bendicen las prospecciones. En realidad, lo que hacen es dar por buena la convalidación de los viejos permisos que obtuvo Repsol a principios de la década que Soria coló en su decreto de 2012. Unos permisos aquellos otorgados bajo otras exigencias de seguridad ambiental que, ante la incertidumbre que plantean los nuevos, han llamado la atención de dos de los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Se equivoca también Madrid, y con él el PP y Repsol, anotándose una victoria judicial que en realidad es una amarga victoria. Porque es inusual que para un mismo caso se produzca la discrepancia de dos magistrados de cinco, y porque en su voto particular abren en canal las previsiones ambientales y todas las posibilidades de acudir en son de guerra a Bruselas. La guerra entra en una fase que va a ser realmente apasionante, ya lo verán.

Temblores en La Caixa y Sacyr

Lo anunciaban, casi en simultáneo, el presidente del Gobierno canario y el del Cabildo de Lanzarote: vamos a por los accionistas de Repsol. Se refieren, por supuesto, a los accionistas españoles de Repsol, que detentan tan solo el 21% de las acciones de la compañía ya que el resto está en manos de fondos de inversión extranjeros. Esos accionistas no son otros que La Caixa y Sacyr, un banco y una empresa constructora y de servicios que tienen muchísima relación con Canarias. Que las instituciones isleñas pongan sus ojos en esas dos compañías para, como dijo Pedro San Ginés, hacerles ver lo poco rentable que es sacar petróleo en Canarias, es un terremoto dentro de otro terremoto. En el epicentro, una compañía petrolífera a la que no le viene nada bien la polémica social y el desgaste que su marca está sufriendo en Canarias o desde Canarias, porque las noticias en esta era tan sandunguera vuelan por la Red como el demonio. Hay antecedentes de abandonos por motivos de imagen y de estrategia política: en 2012, Repsol puso pies en polvorosa desde aguas cubanas tras recibir duras advertencias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de que no se podía andar con zarandajas con el régimen de los hermanos Castro y poner en peligro los cayos de Florida, que estaban a 90 kilómetros de las prospecciones. Entonces, la compañía alegó que, tras doce años de investigación y una inversión de 150 millones de dólares, sólo había encontrado un pozo seco. Sí, Antonio, sí. Pero si tocar a Repsol daña, no se pueden imaginar lo que puede pasar con La Caixa, convertida en Caixabank, un banco con una enorme penetración en Canarias tras la desaparición de La Caja y de Cajacanarias. Un boicot a esa entidad promovido desde instancias institucionales, con el aparato mediático que eso conlleva, podría provocar un daño de considerables dimensiones. Tampoco está para muchos farolillos Sacyr con los problemas que tiene en Santa Cruz de Tenerife con su gestión al frente del agua de abasto, saliendo a trancas y barrancas del problemón que se le planteó en las obras del Canal de Panamá. Si Caixabank y Sacyr se acatarran, a Repsol le puede dar una pulmonía.

Una denuncia en la Fiscalía

Con el voto particular de los dos magistrados del Supremo que sacudieron de lo lindo las ligerezas ambientales del Gobierno, los colectivos ecologistas y las instituciones canarias tienen muy fácil acudir a instancias comunitarias, tanto políticas como judiciales, a pedir la revisión de esa sentencia. Pero habrá más oportunidades de recurso. La primera se planteará cuando el Ministerio de Industria dé vía libres a los sondeos una vez Repsol garantice (es un decir) las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Ambas cosas, la autorización y el DIA, son susceptibles de recurrirse, y en eso deben andar trabajando ya los equipos jurídicos de las partes personadas. En los juzgados hay más cosas, no se vayan a creer, como una denuncia ante la fiscalía contra el subdirector general de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura, Borja Velasco Tuduri, que le han metido desde Lanzarote por alterar el contenido de un acta de la Federación de Cofradías de Pescadores de Las Palmas para arrimar el ascua a su sardina y poder meter en la DIA que los pescadores están privados con el petróleo. La denuncia, redactada por un jurista de muy reconocido prestigio, pone en evidencia aquella manipulación tan aireada por el PP canario de la posición de las cofradías de pescadores. Estando como estaban 22 de las 26 en contra del petróleo, a pesar de las presiones ejercidas, al muy subsecretario no se le ocurrió otra cosa que remitir un escrito oficial a la Delegación del Gobierno en Canarias en enero de 2014 (es decir, sin periodo de alegaciones ni nada que le obligara) diciendo que la federación de cofradía había acordado “por mayoría de los presentes dar el visto bueno a la perforación de sondeos exploratorios…” La querella aporta el acta de aquella reunión, donde realmente se dice que se acordó “por mayoría de los presentes dar el visto a la perforación de sondeos exploratorios…” Parece un texto pactado: a ver, tú pones en el acta que das “el visto” y si te dicen algo las cofradías dices que sólo era toma en consideración, pero a mí me vale para, alegando que fue una errata y amañándola, decir que los pescadores quieren el petróleo. Además, la querella contiene afirmaciones muy suculentas de miembros de esa federación que aseguran que tal reunión no se celebró, que se juntaron “tres en un bar” para hacer el escrito que el PP les había pedido.

Borja hablando en nombre de los pescadores

Pero lo peor no es que el subdirector pesquero denunciado mandara a María del Carmen Hernández Bento un acuerdo manipulado, sino que ese mismo texto está incorporado a la Declaración de Impacto Ambiental, en el capítulo concreto de alegaciones y a propuesta de la subdirección que dirige este pedazo de subdirector, acompañada de la siguiente afirmación: “La Subdirección General de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura del MAGRAMA estima que las actividades rutinarias derivadas de las operaciones normales de perforación de los sondeos exploratorios no causarán impacto en la reserva marina protegida de isla de La Graciosa e islotes del Norte de Lanzarote, dada la localización de los sondeos a más de 50 kilómetros de la reserva”. Y añade: “La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas dio el visto bueno a la perforación de los sondeos exploratorios”. Si la justicia funcionara realmente en este país, este tal Borja ya debería estar poniendo las pulseritas en remojo. A la querella se aportan actas de la mayoría de las cofradías pertenecientes a la federación y en ellas se alega justo lo contrario de lo que se incorporó de esa manera tan sandunguera a la Declaración de Impacto Ambiental.

Manipulador, dijo la sartén al cazo

Otro alto cargo del Estado que se cubre de gloria un día sí y el otro también con esto del petróleo es nuestro admirado Enrique Hernández Bento, subsecretario del Ministerio de Industria. En una entrevista concedida hace unos días a La Provincia, el hermano de la delegada volvía mostrarse como el más listo de la clase haciendo el ridículo. Ya nos dirán, si no, cómo interpretar que todo un alto cargo ministerial se atreva a afirmar que “la declaración de impacto ambiental [de las prospecciones en Canarias] no es ni positiva ni negativa, sino que establece una serie de requisitos que tiene que cumplir el promotor”, o sea Repsol. Los expertos se han revolcado por el suelo al leer esta respuesta del señor Hernández Bento, porque hasta ahora desconocían que, además de la positividad o negatividad de las DIA, ahora descubren que existe la condición de declaración tipo lebrancho. El subsecretario no detiene ahí sus ocurrencias, sino que, en un examen de conciencia, llega a afirmar que el problema que ha tenido el ministerio para explicar las bondades de las prospecciones ha sido de comunicación. Suele ser la excusa que siempre buscan –y encuentran- los que carecen de argumentos sólidos, o no salen de manipulaciones bastante burdas como el cacareo constante de que los turistas vienen en avión y queman hidrocarburos, igual que las potabilizadoras. Por no mentar ese recurso falso a lo bien que le vendrá a España no tener que comprar tanto petróleo cuando Repsol saque el de Canarias. Como si las plataformas regalaran su producción al país donde se extrae y no al mercado internacional, que lo paga de acuerdo con la cotización establecida y se lo vende a España al precio que todo quisque esté pagando en ese momento. Claro que los manipuladores son los del Gobierno de Canarias, remacha también en esa entrevista el señor Hernández Bento.