RTVC: Todos mirando a la Consejería de Hacienda

La altanería con la que Santiago Negrín, el presidente de Radiotelevisión Canaria, dio por zanjada su última comparecencia en la Comisión de Control correspondiente del Parlamento de Canarias empieza a resquebrajarse. Algunos de sus más fieles bastiones, a los que telefoneaba cada media hora para consultarle cualquier decisión, ya no se le ponen al teléfono con tanta facilidad. No quieren que les salpiquen los restos que desprenda la traca final que le explotará en la cara a este cargo público al que le habían prometido inmunidad infinita. Este próximo lunes tendrá que rebajar sus ínfulas (y las previsiones de los informes técnicos de los que dice disponer) para aprobar en el Consejo Rector una prórroga del contrato con Abertis para el transporte de señal que en lugar de los doce meses que pretendía será de tan solo cuatro. Una cuestión de importe económico (por debajo del millón de euros) que el PP le apoyará para no continuar transgrediendo la legalidad por más tiempo a través de su consejero dicharachero Alberto Padrón y para evitar que la radio y la tele se queden sin emitir.

Este es un nuevo síntoma de que la debilidad ha sustituido a la chulería y una confirmación de que -aunque sea a duras penas- los mecanismos democráticos funcionan mínimamente. En septiembre procederá el Parlamento a la destitución de Santiago Negrín y al nombramiento -se supone- de un nuevo equipo rector que enderece el rumbo aberrante que ha dibujado el ente público estos dos últimos años. Se pondrán en marcha reformas legales para garantizar una mayor transparencia y una mejor selección de los rectores públicos, y se tratará de perfeccionar un modelo de gestión que impida que el Gobierno vuelva a tomar la tele como si fuera Aló Presidente.

Pero todavía pervive la resaca del poder que Coalición Canaria creía absoluto merced a su solitario voto a Rajoy en el Congreso de los Diputados. Que los populares se hayan comprometido a un tibio apoyo ma non troppo y que en asuntos como la Radiotelevisión Canaria se hayan alineado por completo con el PSOE, Nueva Canarias y Podemos (39 votos de 60, casi nada) no parece haber quebrado en algunos mandarines el espejismo de la perpetuidad.

Uno de esos confiados parece ser Rosa Dávila, consejera de Hacienda, que este jueves contestaba a Canarias Ahora con “la normativa vigente” al ser preguntada por el modo en que su departamento piensa gestionar el anuncio solemne de Santiago Negrín de que, constituido todo él en órgano supremo de contratación, le va a remitir la determinación de las previsiones presupuestarias para sacar a concurso el contrato de servicios informativos de la televisión pública por importe de 144 millones de euros durante los años 2018 a 2026.

Desde la Consejería de Hacienda, por el conducto reglamentario, se nos ha dicho que eso no lo ha mandado aún Negrín, pero que si lo hiciera o hiciese será un mero trámite administrativo más que avanzará siempre que haya dotación presupuestaria para respaldarlo. Oiga, que ese señor está vetado por el Parlamento, que la inmensa mayoría de los diputados lo han defenestrado y lo van a echar en septiembre, recordamos a nuestro interlocutor. Y la respuesta, en nombre de la consejera, vino a ser que “no entramos en valoraciones políticas, ésas son cosas del Parlamento”, como si lo que se hiciera en una consejería gubernamental fueran bizcochos de Moya. Con perdón.

¿Se atreverá la consejera Dávila a hacer la más mínima tramitación sabiendo como sabe de sobra que el Parlamento ha condenado al presidente de RTVC a la puñetera calle y que su constitución como órgano de contratación es, como mínimo, sospechosa de ilegalidad? ¿O, para curarse en salud, se blindará elevando al Consejo de Gobierno todo el expediente para que la responsabilidad sea colegiada? ¿De verdad cree este Gobierno que lo que hacen los representantes de los canarios en el Parlamento es jugar a la petanca?

Si Asier Antona se mantiene firme -y todo hace pensar que así será- y los demás partidos se ponen de acuerdo en lo básico en torno a la RTVC, el goloso concurso de informativos por cuyas promesas se va a riscar Fernando Clavijo será controlado por todo el Parlamento, con toda la transparencia exigible para asuntos de este calado. Y tramitado y adjudicado por un Consejo Rector sobre el que no pesen tantas sospechas de ilegalidades.