Salta por los aires la teoría conspirativa del caso Unión

Cuando la Guardia Civil lo detuvo en 2009, al empresario Fernando Becerra se le vino el mundo encima. Sabía que lo habían cogido bien cogido, que sus diversos intentos de sobornar al consejero socialista del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino eran conocidos por más gente. Acababa de nacer el caso Unión, del que ya empiezan a celebrarse los juicios correspondientes a cada una de las piezas separadas de que consta este inmenso sumario, convertido en un crónico dolor de cabeza para un importante sector del poder económico de Lanzarote por todo lo que de él ha colgado. Fernando Becerra se derrumbó al comprobar todo lo que sabía de él la Guardia Civil, todas las conversaciones que le habían grabado, todas las fotografías que le habían tomado de sus reuniones para tratar de salvar la mega-urbanización Costa Roja, amenazada nada menos que por la legalidad vigente. Por eso, desde el primer día, confesó. Pero no ha sido ésa la única ocasión a lo largo de este acalorado sumario del caso Unión en la que Becerra ha confirmado haber sido el mensajero del empresario y abogado Luis Lleó, que le habría encargado (supuestamente) sobornar con 600.000 euros y un 5% de los beneficios de la operación al consejero Carlos Espino. También en 2012 se ratificó en su primera confesión, agrandando enormemente el problema procesal a su poderdante. Hace unos pocos días, en presencia del mismísimo Luis Lleó, del fiscal Ignacio Stampa y de la juez Silvia Muñoz, Becerra volvió a confirmar su confesión y su deseo de colaborar con la justicia, lo que le evitará, en el peor de los casos, enfrentarse al ingreso en prisión si prospera la generosa petición del Ministerio Fiscal que solo reclama para él año y medio de cárcel. Pero la vista oral en la que se ratificó este acuerdo con el Ministerio Público sirvió también para que la juez instructora desatendiera definitivamente la petición de sobreseimiento de la causa que le viene formulando el acusado Luis Lleó de manera pertinaz alegando contaminación en el marco de una teoría conspiranoica cuyos responsables serían los malditos socialistas del Gobierno de Zapatero, y unos perversos fiscales y policías que solo quieren generar falsas polémicas en Lanzarote para que la isla no avance.

De nada han valido las tretas

Lo decía en su editorial de regreso a la edición impresa el grupo de comunicación Lancelot, en cuya propiedad ha entrado el empresario Juan Francisco Rosa, imputado en la misma causa de Unión y en el de las ilegalidades de su bodega, Stratvs: “Lanzarote lleva inmersa demasiado tiempo ya en problemas que en sí mismos no los son. A base de repetirse, muchos de estos falsos discursos se han terminado convirtiendo en dogmas de fe, que deben ser abordados con planteamientos alejados de la demagogia y analizados bajo la lupa de los argumentos y la reflexión” (3 de octubre, semanario Lancelot). Con la coartada de un “falso ecologismo” que estaría frenando el desarrollo económico de Lanzarote, las publicaciones, la radio y la tele de Lancelot en realidad tratan de promover la desacreditación de las investigaciones judiciales y policiales por corrupción, todas ellas vinculadas precisamente a delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, sazonadas, cómo no, con los del tráfico de influencias, el cohecho y la prevaricación. Con el auto de apertura de juicio oral de la pieza madre del caso Unión, que será vista por un jurado en la Audiencia Provincial de Las Palmas, se quiebra gran parte de esa estrategia conspirativa, especialmente gracias a que Fernando Becerra se ha mantenido firme en su confesión inicial. Porque, al menos hasta el momento crucial del juicio, en el que todo lo investigado habrá de ratificarse, no han servido los intentos de anularlo todo por tierra mar y aire. Los propios medios afines a la conspiración dedicaron un breve recordatorio a las pruebas anuladas, básicamente la entrada y registro en el domicilio y en las oficinas de Lleó, lo que de momento solo salva a unos traviesos letrados de órganos constitucionales que ahora son magistrados y que quedaban muy comprometidos por su asesoramiento de entonces a este polémico empresario.

Lleó renuncia al mayor de los Matamoros

Resulta curioso que a la vista preliminar de la que salió el auto de apertura de juicio oral contra Luis Lleó y Fernando Becerra acudiera en representación del Ministerio Público Ignacio Stampa, el fiscal que ha tenido que compartir –casi a partes iguales- con el magistrado César Romero Pamparacuatro los durísimos ataques proferidos desde la prensa de la conspiración para desacreditar la investigación judicial. Stampa, junto a su compañero de fiscalía Javier Ródenas, ha sabido mantener intacta la confesión de Fernando Becerra, que ve de este modo sustancialmente reducida la petición de pena de seis años que para Lleó sí se solicita. Un Lleó que, ya metido en una deriva muy delicada, ha decidido hacer bueno ese refrán que dice que “quien se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente”. Así es, este empresario es abogado y, tras muchas desavenencias posiblemente relacionadas con el impago de honorarios, ha perdido la mediática defensa que le hacía el letrado Manuel Matamoros, hermano de los televisivos Coto y Kiko, experto en juego y en delitos urbanísticos, según reza su propia biografía. Si persevera en representarse a sí mismo y perder la oportunidad de una defensa más profesional que emotiva tendrá que interrogar en el juicio oral a quien le ha delatado abiertamente, el muy mentado Fernando Becerra, convertido en testigo de cargo y en su principal obstáculo para conseguir una sentencia absolutoria. Pero Becerra no será solamente el verdugo de Lleó. A lo largo de la instrucción su teléfono –intervenido por el magistrado Pamparacuatro- dio para involucrar a unos cuantos imputados más y para hacer aflorar una oscura trama de corrupción política y empresarial que los implicados tratan de frenar por todos los medios. Pero de lo que resulte de este primer juicio, cuya fecha aún no ha sido fijada, dependerá el futuro de todas esas piezas paralelas.

La consulta, ya mismo o en marzo

A nadie en el Gobierno de Canarias ni en los partidos que lo apoyan ha sorprendido lo más mínimo la decisión de Mariano Rajoy de recurrir los decretos de la consulta sobre las prospecciones y de la pregunta que se había decidido formular. La prueba ha sido la inmediata suspensión de ambos y la puesta en marcha del plan B, lo que nos va a mantener entretenidos unos cuantos meses más. Paulino Rivero no transmite la impresión de querer tirar la toalla y ya ha encargado a los suyos que inicien una ronda de consultas entre movimientos ciudadanos, partidos políticos y entidades afines para que contesten si estarían dispuestos a apoyar una alternativa en forma de híbrido entre consulta y sondeo, bien a la catalana o bien a la canaria, para mantener viva la llama del conflicto hasta que Repsol decida definitivamente retirarse de estos lares. La consulta telemática, en plan Podemos, es una opción: abrir una web en la que los ciudadanos puedan ir votando durante un periodo largo de tiempo, con campañas diseñadas a la medida provocando al Gobierno de Madrid y a José Manuel Soria, cuyas declaraciones de fin de semana no hacen más que continuar desgastando las opciones electorales del PP en Canarias. No está descartado tampoco esperar al mes de marzo, en plena precampaña electoral, cuando se cumplan los cinco meses de suspensión del Tribunal Constitucional para volver a plantear la consulta, en el convencimiento gubernamental de que ni esta ni la pregunta violan ningún precepto constitucional. Hay un precedente que se maneja en el Ejecutivo, el de la Ley de Modernización Turística, suspendida cautelarmente pero ahora mismo en plena vigencia tras el plazo preventivo. Todo ello a la espera de que el BOE publique el recurso y se lo estudien los servicios jurídicos canarios, que analizarán con mucha atención los problemas que el Estado ha dicho que puede tener la pregunta. Si es capciosa u oscura, como dicen que ha dicho el Consejo Consultivo, la cosa puede complicarse un poquito más.