Consejo Rector de RTVC: ¿más de lo mismo? No, peor

Alguien dijo que los acontecimientos vividos este viernes en el seno del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC) fueron la consecuencia de una tormenta perfecta: la confluencia de diversos fenómenos adversos que desembocan en el caos y la destrucción. La tormenta perfecta se venía gestando desde hace varios meses, cuando algunas consejeras del órgano rector de RTVC comenzaron a tantear la posibilidad de que el ente se personara en la causa penal que se sigue en Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife contra Willy García por presunta malversación de fondos públicos, esto es, por contratar programas que o no se emitieron, o costaron un ojo de la cara y la yema del otro, y/o se pagaron directamente en la Tesorería de la Seguridad Social dada la situación de embargo que sufría el máximo beneficiario de aquellas contrataciones, el polifacético Paco Padrón. A esos tanteos se unieron algunas enojosas situaciones más domésticas como la ausencia de despachos para los consejeros y consejeras, el caos organizativo o la reclamación de que al menos se pagara una subvención por cada asistencia a los dos consejos mensuales que convoca el presidente del consejo, el periodista Santiago Negrín. Es decir, a la primera borrasca extratropical se unió inopinadamente un ciclón tropical que trasmutó huracán y que se terminó integrando en aquella borrasca, que a su vez fue integrada en la depresión extratropical. Pero el detonante que ha dado lugar al ente metereológico brutal ha sido la irrupción en la casa del también periodista Paco Martín, contratado como director de Relaciones Institucionales, un cargo inexistente en el organigrama que en teoría habría de depender orgánicamente de la directora de Comunicación y Marketing pero que, en realidad, hace las veces de comisario político puesto allí por el Gobierno para reforzar y/o controlar a Santi Negrín. Esa mezcla explosiva de fenómenos se colocó este viernes ante los consejeros rectores de la radio y televisión públicas de Canarias, que se reunían en formato puramente “informativo” ante la ausencia de un secretario o secretaria del órgano que pudiera dar carta de naturaleza legal a sus acuerdos. No se puede pedir más caos en un sistema sobre tan sencillo sobre el papel. O, dicho de otro modo, los nuevos empiezan a hacer buenos a los viejos, y mira que parecía imposible.

Se personan, pero no

Los nuevos tiempos del Consejo Rector de RTVC imponen que sus reuniones se celebren siempre por videoconferencia, de manera que las señoras y señores consejeros no tengan que desplazarse de la isla en la que estén. Este viernes, sin embargo, se dio la curiosa situación de que todos los miembros del órgano estaban en la sede de Las Palmas de Gran Canaria excepto su presidente, Santi Negrín, que estaba en la de Santa Cruz de Tenerife. Esa puesta en escena pareció jugar en contra de Negrín, al que solo apoyaba y en muy contadas ocasiones el consejero del PP Alberto Padrón, por lo general muy colega del presidente. Nadie ha podido confirmar que Negrín haya hecho algún tipo de pronunciamiento concreto acerca de la propuesta de la consejera socialista María Lorenzo de promover la personación de RTVC en la causa contra Willy García. Pero quedó claro que el resto del consejo es partidario de esta acción en defensa del interés público que están obligados a ejercer desde sus responsabilidades. En este punto ya empezaron las refriegas verbales y los reproches cruzados. María Lorenzo lleva meses proponiendo esa personación mientras el presidente del consejo echa balones fuera sin llegar a proponer al menos una votación al respecto. El único intento serio fue el de apoyarse en los servicios jurídicos del Parlamento para evaluar esa acción, a lo que desde la Cámara se contestó en agosto que se fueran a pulpiar: “Se informa que no corresponde al Servicio Jurídico de la Cámara prestar asesoramiento jurídico al ente público RTVC, en consecuencia no procede acceder a su solicitud de dictamen”. Fin de la cita. Cometía un error formal el letrado mayor de la casa, Salvador Iglesias, porque no era el ente RTVC sino sus consejeros, elegidos por el Parlamento, los que pedían ayuda. Pero esa es la respuesta de momento inamovible. Nada se sabe de los Servicios Jurídicos del Gobierno, a los que también se ha solicitado dictamen, pero es de suponer que su respuesta remitirá a sus homólogos del Parlamento, que se enrocará en las mismas. Como si los estuviéramos viendo. De momento, por lo tanto, el consejo sólo tiene sobre la mesa los dictámenes que ha presentado por su cuenta la consejera María Lorenzo, que agita sin éxito la personación. De momento.

Gritos y más gritos

Dicen los testigos presenciales consultados por este periódico que la reunión de este viernes acabó de manera muy acalorada, con los consejeros y consejeras echándose a la cara tantos y tantos desencuentros, lo que hizo buena la imposición en su día de la videoconferencia. Pero ni así. Todo empezó por una discusión jurídica acerca de la carencia de asesores en esta materia, al caos producto de las prisas con la que se constituyó la era Negrín, que empezó echando a los más significados cargos de la etapa anterior dejando huecos estratégicos que no terminan de completarse. El nuevo director financiero llegó el viernes pasado, cuatro meses después de despedir a su antecesora. La persona que ejercía hasta ahora de asesora jurídica no podía estar presente en la reunión por encontrarse de baja por intervención quirúrgica, y al no contar con asesoramiento legal, no podía haber acuerdos, por lo que el consejo tendría un carácter meramente informativo. Luego se abordó el asunto de la personación, que volvió a poner de manifiesto la soledad en la que se encuentra el presidente del ente público, al que ni siquiera respaldó su leal consejero Alberto Padrón. Y de remate, las directrices de programación, un documento de tres folios cuya autoría nadie quiso reivindicar sencillamente porque era un bodrio: sin ficha presupuestaria, sin sujeción a los principios de la ley, sin consideración al servicio público que ha de prestarse y sin perfil del televidente objetivo. Los reproches crecían en intensidad ante el tamaño de la chapuza, especialmente por parte de dos consejeras con mucho conocimiento en la materia, María José Bravo de Laguna (PP) y María Lorenzo (PSOE). Y luego la cuestión política: que Negrín no consultara con los consejeros, como se había acordado previamente, su comparecencia ante el Parlamento le fue recriminado con términos muy gruesos, como el de “faltar a la verdad”, que le irritó especialmente. Venga gritos y más gritos, venga más acaloramiento. La confianza está rota, no hay equipo rector cohesionado, y si en las alturas la cosa está así, las posibilidades de que se construya una tele de chochos y pejines o tan personalista como la de la etapa anterior, son altísimas.

A por Doble Diez

La guinda a los despropósitos dentro de Radiotelevisión Española la puso este mismo viernes la Policía al entregar a la jueza que instruye la causa contra Willy García un informe verdaderamente macarrónico. Si son ciertas las afirmaciones vertidas por determinados periodistas de que la Policía asegura que la productora que más facturó en los ocho años de mandato del anterior director general fue Doble Diez Canarias, tenemos un grave problema con la Policía. Cualquier medio que haya tenido un mínimo interés en la cuestión, como es nuestro caso, sabe perfectamente que es rotundamente falso que esa productora sea la más beneficiada en número de contratos y en inversión económica. Existen al menos otras dos que le superan con creces, Socater, del Grupo Prisa y Prensa Canaria, y Videoreport, participada entre otros por Canarias7. Sin contar, claro, Mediapro, que solo con los derechos futbolísticos se lleva la palma. Doble Diez ya contrataba con Televisión Canaria desde que Willy García era Dj de 40 Principales, lo que desbarata cualquier maquinación acerca de la influencia que pueda haber tenido en sus contratos la amistad de su director con el defenestrado García. Pero es que, además, Doble Diez pasa por ser el paradigma de productora eficiente, tanto por la audiencia que responde a sus programas como por su contribución indiscutible a la generación de industria audiovisual en Canarias. Afirmar, como dice un periodista que dice la Policía, que sus contratos responden a amiguismo requiere por lo menos la exigencia de responsabilidades a quien lo afirma. Que la diputada Águeda Montelongo, en trance de condena o de absolución en el TSJC por malversación de fondos públicos y falsedad documental, sostenga que esos contratos responden a la amistad de Willy García y Santiago Falcón exige una investigación más rigurosa. Su inviolabilidad parlamentaria no le protege ante la calumnia. Y a los que no son parlamentarios, ni te cuento.