El Ayuntamiento de LPGC fracasa ante la Justicia en su política de recortes en gastos de personal
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha fracasado en su intento de justificar su política de ahorro presupuestario en gastos de personal ante la justicia. El Consistorio había presentado un recurso tras conocer la sentencia de noviembre de 2013, en relación al conflicto colectivo presentado por los sindicatos CSIF, UGT e IC y que le obligaba a devolver a los trabajadores el dinero retenido en ese año.
En la sentencia fechada el 27 de febrero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestima este recurso por considerar que consta probado que el Plan de Ajuste acordado por el Consistorio en marzo de 2012, preveía una reducción de 2.250.000 euros en los gastos de personal para las arcas públicas y sin embargo, esta cantidad ahorrada ascendió a cinco millones de euros, según el informe del interventor.
En la primera sentencia se consideró que esta cantidad se “excedía” de lo acordado y en esta nueva ocasión el TSJC se reafirma y señala que carecen de datos concretos para justificar la medida. De hecho, considera que “la desproporción en los acuerdos de la Junta de Gobierno es patente”, ya que la cifra de ahorro que se planteaba la Administración dista mucho de la cifrada en el Plan que lo erije.
Con este proyecto de reequilibrio financiero, el Consistorio también comunicó a su plantilla que suspendía todo un paquete de derechos laborales previstos en su convenio colectivo, de modo que eliminó asignaciones familiares, ayudas médicas, aportaciones a planes de pensiones, premios por jubilación anticipada, bonificaciones por productividad que se remontaban a 1993 y varios complementos.
El fallo también recoge que el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de las costas judiciales incluyendo los honorarios del Letrado y que se calculan en 800 euros.
Para los sindicatos con la confirmación de la sentencia se viene a demostrar “los abusos y la falta de talante negociador del Gobierno de Cardona” y añaden que su política está encaminada a “los recortes de derechos y a doblegar moralmente al empleado del Ayuntamiento”.
