Hoteles canarios construidos en zonas protegidas y que siguen en pie
Josefa Hernández entró en prisión este lunes al negarse a derribar la vivienda en la que residía junto a dos de sus hijos, uno desempleado y la otra discapacitada, y tres nietos menores de edad, acatando así una sentencia firme del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario que le condenaba por haber realizado un delito medioambiental a pagar 700 euros, demoler la casa y cumplir seis meses de prisión.
Aunque este mismo martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el Consejo de Ministros de este viernes le concedería el indulto que le permitirá salir de la prisión lanzaroteña de Tahíche, son numerosos los casos de hoteles que fueron edificados en el Archipiélago, bien en un paraje natural, bien incumpliendo la Ley de Costas, algunos con sentencias que demuestran su ilegalidad pero que a pesar de ello siguen funcionando, como advirtió el pasado viernes el portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca.
El caso más flagrante en el Archipiélago es el del Sandos Papagayo Beach Resort, en Playa Blanca, un complejo de cuatro estrellas en la playa de Afe que limita con el Monumento Natural de Los Ajaches. Su construcción, como recoge Diario de Lanzarote, estuvo marcada por la polémica e incluso llegó a paralizarse por orden de la Dirección General de Costas porque invadía una parte del dominio público. La instalación, con capacidad para 747 camas turísticas, levantó sus 12 plantas de altura en primera línea de la playa amparándose en dos licencias urbanísticas otorgadas por el alcalde de Yaiza en las parcelas 1 y 2 del Plan Las Coloradas, que eran contrarias a la ordenación territorial y urbanística.
Aparte, este complejo hotelero incumple la normativa del Plan Insular, su propio plan parcial y la autorización turística. Supera el número máximo de plazas que se podían aprobar, incumple la altura y el número de plantas, ocupa 20.000 metros construidos de más e invade una zona verde y un viario protegido por Costas que sirve de acceso a la playa con la que colinda. Precisamente por este acceso en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente inició el expediente de declaración de utilidad pública que debía culminar en la expropiación forzosa del hotel para demolerlo y restaurar el paisaje, pero el proceso no se terminó.
En Puerto del Carmen, también en Lanzarote, está el hotel Las Costas, con 18.700 metros cuadrados en la playa de Los Pocillos. Durante su construcción, a finales de los 80 quedó una de las imágenes más destacadas de César Manrique, artista conocido en las Islas por la defensa a ultranza de los valores medioambientales de Lanzarote, en la que se le podía ver encabezando una manifestación contra la construcción del hotel. El deslinde de la playa está en tramitación desde 1998, e incluso en 2008 Medio Ambiente elaboró una “estrategia para la sostenibilidad de la costa” que contemplaba la “eliminación de ocupaciones del dominio público” en Lanzarote y, en concreto, “la demolición del Hotel Las Costas”, aunque por el momento solo son intenciones y nada en concreto.
Hoteles en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo
En el norte de Fuerteventura, en el municipio de La Oliva, la cadena RIU construyó dos hoteles encima de las Dunas de Corralejo, el Club Hotel Riu Oliva Beach Resort y el RIU Palace Tres Islas. Ambos complejos fueron levantados en los 70 con una concesión administrativa del Estado por 30 años. Sin embargo, en 1982 las dunas fueron declaradas espacio protegido con la categoría de Parque Natural y diez años más tarde la Dirección General de Costas realizó el deslinde que demuestra que los dos hoteles están dentro del dominio marítimo-terrestre. Ante esto, tanto RIU como el Consistorio del norte majorero recurrieron la sentencia, pero en 2003 Costas, antes del fallo del Supremo, concedió una concesión a la cadena hotelera por 60 años.
Posteriormente, en 2005, Medio Ambiente emitió un listado de edificios que, en orden de cumplir la Ley de Costas, debieran ser demolidos, entre ellos estos dos de Fuerteventura. Ya en 2007 Riu logró, a través de un acuerdo con el Gobierno de España, un hotel con licencia para 10 años y otro para 30 años. A cambio, cedía al Estado la titularidad del islote de Lobos, que era en parte propiedad de la cadena hotelera. Así, con este acuerdo, el más pequeño de los dos hoteles, el Oliva Beach, culminaba su concesión en 2017, pero la ley de Costas aprobada por el PP en 2013 permite una renovación casi automática de las concesiones por 75 años.
Una veintena de hoteles ilegales en Lanzarote
Volviendo a Lanzarote destaca la veintena de hoteles ilegales en Yaiza y Teguise, entre ellos el Hotel Volcán en el que ha veraneado los últimos cuatro años el ministro de Energía, Industria y Turismo, José Manuel Soria. Los edificios fueron declarados ilegales en sentencia firme por la justicia española después de un largo proceso contencioso-administrativo promovido por el Cabildo Insular de la isla en sucesivas denuncias.
Todo comenzó en 1991 cuando se revisó el plan de ordenación insular y continuó nueve años más tarde cuando Lanzarote limitó el número de plazas turísticas que se podían construir. Aquí entra en juego los dos consistorios ya que se saltaron esta moratoria y permitieron la construcción de miles de plazas turísticas más. Uno de los culpables fue el exalcalde de Yaiza, el independiente José Francisco Reyes, que cumple prisión en estos momentos por varios casos de corrupción, y que se enfrenta a una petición del Ministerio Fiscal de otros 25 de años de prisión, con petición judicial de ocho millones de euros de fianza, por la concesión masiva de estas licencias urbanísticas ilegales.
No relacionado con hoteles pero sí con construcción en suelo no permitido con ello tiene que ver la mansión del arquitecto Carlos Morales, marido de la prima de Felipe VI Alexia de Grecia. El Juzgado Número 5 de Arrecife archivó la causa penal que le imputaba en marzo de 2013 después de haber construido en suelo rústico una vivienda de 1.511 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y piscina. La justicia decretó que las obras eran “claramente ilegales” y que “nunca” se debió autorizar la construcción, aunque le libró porque determinó que la actuación de Morales no alcanzaba “la infracción penal sino la administrativa”. El por entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, admitió que prevaricó para dar esta licencia.
