Dinero, un reloj y entradas al palco del Bernabéu a cambio de facilitar contratos con el Ministerio de Defensa
Dinero, un reloj suizo, entradas al palco del Santiago Bernabéu o pases para el Abierto de Madrid de tenis son algunos de los regalos que aceptaban dos tenientes coroneles destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y el Cuartel General del Ejército a cambio de facilitar a empresas, meses antes de que se publicara, el pliego de condiciones de concursos del Ministerio de Defensa, según un auto judicial notificado estos días a las partes.
Por ello, el Juzgado Togado Militar Central número 2 había imputado en 2015 provisionalmente hasta 13 empresas contratistas relacionadas con el área de la seguridad privada del Ministerio de Defensa, además de dictar prisión preventiva incomunicada a los dos militares (C.P.R. y E.R.R.). En la actualidad, C.P.R. y E.R.R. están en libertad provisional aunque se tienen que presentar una vez al mes ante en el Juzgado en condición de procesados por el coronel auditor titular del citado tribunal como presuntos autores de un delito continuado contra la Hacienda en el ámbito militar y un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Así mismo, se les ha requerido que presten una fianza de 15.600 euros, en el caso de E.R.R., y de 8.400 euros en el caso de C.P.R..
Ambos tenientes coroneles son de promociones correlativas del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra y se conocen desde hace más de 25 años. Dentro de la dirección a la que pertenecen uno era el secretario de la Junta de Contratación del Ejército y el otro responsable de la Subdirección de Contratación, por lo que tenían entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de los contratos que suscribe el Ministerio de Defensa. C.P.R., en su condición de vocal técnico, participaba en ocasiones en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas y en la propuesta de pliegos de condiciones administrativas particulares a la Secretaría de la Junta de Contratación; mientras que E.R.R. era el encargado de recibir la documentación de los contratos a tramitar por la Junta, su análisis y la comprobación y adecuación de la misma.
Del auto, al que ha tenido acceso este diario, se desprende que en el caso concreto de E.R.R., éste entregaba a otras personas una tarjeta de visita en la que hacía constar que era “asesor” en contratación con las Administraciones Públicas, aparte de preparar a las empresas la documentación administrativa con el fin de que ésta se adecuara a las continuas modificaciones legislativas desconocidas por las licitadoras. Las empresas con las que se relacionaba generalmente estaban fuera de su ámbito de actuación, por lo que era C.P.R. el encargado de facilitar el contacto para que E.R.R. pusiera al servicio de las mismas sus conocimientos y experiencia. A cambio de ello recibían retribuciones, aunque ello no significaba que el contrato con el ministerio se consiguiera.
Una de las empresas imputadas fue Ucalsa, una habitual contratista en el Ministerio de Defensa, con la que tiene contratos por valor de varios millones de euros desde el año 2002. El consejero de esta empresa, M.R.A., está procesado como presunto autor de un delito de cohecho. Así, según las pesquisas, de esta empresa E.R.R. recibió una transferencia en noviembre de 2013 por importe de 20.000 euros que, aunque figuraba bajo el concepto de “préstamo simple” no fue formalizada en ningún documento además de no haberse requerido a E.R.R. en ningún momento el pago de esa cifra. Con este dinero E.R.R. pagó la entrada de un Audi A5 Sportback. La relación de los militares con esta empresa va más allá de lo económico ya que el hijo de C.P.R. es trabajador de su plantilla.
Asimismo, en un registro realizado en el domicilio de C.P.R., se intervino un reloj marca Hublot que fue adquirido por la empresa Tecnove S.L. por un importe de 2.870 euros. Esta mercantil aparece en UTE junto a Ucalsa y de esa unión temporal figura como uno de sus responsables el referido M.R.A..
En el caso de Proman Servicios Generales, el apoderado y director general de la compañía, L.B.M. está también procesado como presunto autor de un delito de cohecho. La empresa es adjudicataria de diferentes contratos con el ministerio, entre ellos dos expedientes de 2014 con el objeto de “servicio de auxiliares de servicio y control para UCO,s del ET” cuyo importe ascendía a más de 1,7 millones de euros cada uno.
Según la investigación, el 13 de abril de 2015, E.R.R. y C.P.R. se reúnen con L.B.M. y el jefe de servicio de la empresa en el restaurante San Mamés en Madrid. En la comida L.B.M. le hace entrega de dos sobres con 2.000 euros cada uno a E.R.R. y este los guarda en el bolsillo de su chaqueta. A la salida de este almuerzo, en un control rutinario de documentación de vehículos y personas, la Policía Local cachea al teniente coronel encontrando los dos sobres cerrados. Aparte de estos 4.000 euros, en alguna ocasión L.B.M. costeó la entrada de E.R.R. y un acompañante al estadio Santiago Bernabéu. Además, el hijo de este coronel fue contratado en 2014 por una empresa que tiene un contrato de prestación de servicio auxiliar para el acuerdo que Proman tiene con el Ministerio de Defensa.
Conversaciones con empresas que ya no están imputadas
La instrucción habla de otros casos en los que, si bien no queda acreditada la entrega a los oficiales de retribución alguna, sí consta que han desarrollado la labor de asesoramiento “interesándose en aspectos de la contratación más allá de lo que les era permitido”.
Por ejemplo E.R.R. reconoce haber cobrado 2.000 euros a la empresa Ariete, aunque en la investigación “no ha resultado evidencia alguna” del pago de estas cantidades. Con el director general de la empresa (ya desimputado) se reunió en un almuerzo en el que el teniente le ofreció un contrato relativo al ramo de seguros con el Ministerio alegando tener influencia para concedérselo. A cambio, deja entrever que “tendrían que ganar todos con dicha operación”. Finalmente no se logró el contrato por falta de medios requeridos, pero Ariete fue adjudicataria de tres contratos menores de seguridad en residencias militares.
También se reunió, como adelantó en septiembre de 2015 Canarias Ahora, con el presidente de Seguridad Integral Canaria y con el consejero delegado de la compañía canaria, ya desimputados. Los dos tenientes exigieron 20.000 euros mensuales a cambio de facilitarle los pliegos para la contratación antes de su publicación, así como su compromiso para que las facturas presentadas por las empresas fueran rápidamente satisfechas. La empresa no accedió al chantaje y advirtió al CNI del asunto para que actuara en consecuencia, poniendo a las autoridades en el rastro de estos dos tenientes y permitiendo destapar su modus operandi.
En cuanto a la compañía Willis Ibérica, cuya apoderada ya está desimputada, la empresa invitó a los tenientes coroneles al palco que posee en el Santiago Bernabéu para presenciar un partido contra el Levante. Willis Ibérica fue la adjudicataria en marzo de 2014 de un contrato privado de servicios de un corredor de seguros para el Ministerio de Defensa.
Por su parte, en el caso del Grupo Olmata, su apoderado (ya desimputado) mantuvo dos conversaciones con E.R.R. en las que abordaron temas de cómo mejorar los proyectos de adjudicación de futuros contratos y donde se hablan de cifras a percibir por el teniente coronel, quien reconoce que colaboró con la empresa porque le había pedido información relativa a un contrato de cafetería y de comedor, de los que incluso facilitó sus pliegos. El apoderado de la empresa manifestó ante el Juzgado que nunca había contratado con el Ministerio de Defensa y no se pudo constatar pago alguno al militar.
También está desimputada la empresa Beyond Soluciones S.L. que, según la investigación, invitó a ambos coroneles en varias ocasiones al Santiago Bernabéu. A esta empresa de consultoría logística E.R.R. le ofreció la posibilidad de licitar para un contrato de instalación de equipos información en la Unidad Militar de Emergencias, pero se necesitaba del certificado de calidad PECAL 2010, del que carecía la empresa. E.R.R. se ofreció a buscarle el “donante” de este certificado.
Mientras, con la empresa de ingeniería informática RMC JIT S.L., que tiene varios contratos con el Ministerio y que ya no está imputada en la causa, E.R.R. tuvo diferentes reuniones y conversaciones con el fin de mantener informada a uno de los empleados de la compañía. A cambio, este le facilitó el acceso a diferentes eventos deportivos, entre ellos el Abierto de tenis de Madrid. A esta empresa E.R.R. le preguntó si tenía el certificado que necesitaba Beyond Soluciones, siendo la respuesta que no, “pero que lo podía conseguir”.
En cuanto a la empresa de limpieza Cleanet, uno de los trabajadores conocía a los dos tenientes merced a los contratos derivados que le fueron adjudicados a la compañía. En una ocasión E.R.R. le preguntó a este empleado, J.B.R. (ya desimputado), que si sabía de alguien relacionado con las empresas de seguridad que pudiera presentarse a un concurso de cierta entidad relacionado con el sector. J.B.R. responde que no, pero le presenta una persona que pone en contacto al teniente coronel con el director general de la empresa Ariete, a quien le explicó que tenía ascendencia para poder influir en la adjudicación final del contrato.
E.R.R. declaró que recibió tres pagos de 2.000, 1.500 y 3.000 euros cada uno de J.B.R. como contraprestación por la adjudicación a la empresa Cleanet de dos lotes de limpieza tras haber ofrecido esta el precio mínimo. J.B.R. negó esta circunstancia y aseguró que E.R.R. declaró esto porque su empresa hizo caso omiso a su propuesta de asesoramiento en materia de contratación.
E.R.R. participó en la redacción de varios recursos para la empresa TRC Informática en los que aparece como recurrente el apoderado general de esta compañía, ya desimputado. No se tiene constancia de ningún pago, pero el auto asegura que el apoderado le solicitó al militar “un resumen de lo que estaba previsto o algo similar” al interesarse por el montante económico de la licitación de un contrato relativo a máquinas o grúas.
Por último, la investigación apunta que C.P.R. mantuvo una conversación con el responsable de la empresa Clece en la que le transmitió información sobre la marcha de un concurso al que dicha empresa había licitado por el simple hecho de “ser amigo mío”. Sobre este caso concreto el auto recoge que seguirán esclareciendo esta conducta.
