La Fiscalía se suma a una nueva recusación al juez Alba para que no juzgue otro caso de corrupción
La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas también cuestiona que el juez Salvador Alba presida el juicio del caso Faycán, otro de los grandes casos de corrupción que juzga el magistrado en Canarias. La trama de Faycán es una de las más importantes del PP isleño, en la que están acusadas casi 40 personas entre políticos, funcionarios y empresarios incluidos dos exalcaldes populares de la ciudad de Telde, por presuntas comisiones ilegales a cambio de obras públicas en el municipio.
El fiscal de una de las primeras operaciones contra la corrupción política en las Islas, Luis Del Río, se ha adherido al incidente de recusación planteado contra el magistrado por uno de los acusados, debido al enfrentamiento del nuevo abogado defensor del empresario con el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, a causa de la investigación al magistrado en el Tribunal Superior de Justicia.
El incidente ya ha provocado la primera reacción de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas: este miércoles se notificaba a las partes la suspensión del inicio del juicio, previsto para el 23 de octubre, hasta el próximo 15 de enero, para dar trámite a la recusación planteada. De esa manera, Alba ha sido apartado del caso provisionalmente, pasando a ser ponente su compañero Carlos Vielba, junto a Oscarina Naranjo y Mónica Herreras, esta en sustitución de Alba.
Hace dos semanas, Ángel Omar Suárez, gerente de una constructora acusado de cohecho y delitos contra el mercado por esta trama destapada durante el mandato 2003-2007, aludió a la “manifiesta enemistad” entre Alba y Sergio Armario, su letrado, para plantear la recusación al magistrado. Y sobre todo a que existe un antecedente, en el que el juez admitió esa recusación del letrado este mismo año.
Armario es abogado de Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria. El letrado fue quien preparó la reunión y acompañó al empresario hasta el despacho de Alba el 16 de marzo de 2016, donde se planificó la estrategia para acabar con la carrera política de la juez y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell.
Alba había sustituido a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando esta se presentó a las elecciones de 2015, y en ese juzgado se instruía una investigación contra Ramírez por presuntos delitos fiscales. Es de esa investigación de donde se diseña un plan para perjudicar a Victoria Rosell.
El escándalo de la conversación entre Alba y Ramírez, grabadas por el empresario, ha acabado en la investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia canario al magistrado, pero también en denuncias de Alba contra Ramírez y Armario, que se sustanciaron en el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
El juez llegó a a retirar la denuncia, no sin antes aportar al juzgado grabaciones entre él y Sergio Armario sobre la esfera personal y la vida privada del letrado. Todos estos hechos son los que entiende el acusado, y ahora la fiscalía, que puedan ser motivo de falta de imparcialidad del juez en este caso que tenía previsto iniciar sus sesiones de la vista oral el 23 de octubre y prolongarse hasta abril de 2018.
La Fiscalía, analizados estos datos precedentes, considera razonable entender que a ojos de un espectador objetivo el juez pudiera perder su imparcialidad. Y que sí que existen indicios suficientes para mantener la manifiesta enemistad a la que ha aludido el acusado en su incidente de recusación. Aunque las enemistades entre magistrados y abogados no sean motivo estricto de recusación formal.
No en vano, el magistrado se sintió tan perjudicado en su imagen y credibilidad al estallar el denominado Albagate, como se conoce el caso por el cual se le investiga por hasta seis delitos, que llegó a interponer una denuncia penal contra el abogado que ahora defiende los intereses de uno de los acusados que ha de ser juzgado por el propio juez. Su imparcialidad, por tanto, podría verse afectada.
Al no haber admitido Alba ahora la recusación, como hizo en un caso precedente también con el abogado Armario, la Audiencia deja en manos de un instructor el incidente que ha de elevar propuesta de apartar al juez o continuar con el mismo tribunal, que también está formado por Carlos Vielba y Oscarina Naranjo.
Esta jueza relevó al presidente de la Audiencia, Emilio Moya, del tribunal del caso Faycán. Moya se apartó del juicio por tener relación con otro de los acusados, un propietario de una imprenta también acusado de pagos ilícitos al que el presidente del Audiencia Provincial había encargado trabajos y publicaciones suyas.
El juicio se retrasa al 15 de enero
Emilio Moya decidió en su momento no celebrar la vista oral del caso como estaba previsto en otoño e invierno de 2014-2015. Entonces argumentó públicamente que el juicio no debía interferir en la campaña electoral de las elecciones locales de mayo de 2015 a la que concurría una de las acusadas, la exalcaldesa de Telde Mari Carmen Castellano (PP). El otro exalcalde de Telde acusado es Paco Valido (PP). Ambos ya están ahora fuera de la primera línea política.
Con la recusación a Alba en trámite, la suspensión del inicio de la vista oral prevista para el 23 de octubre también se fundamenta en la petición de otros acusados que reclaman pruebas admitidas por el juez y no concluidas.
Fuentes consultadas por Canarias Ahora confirmaron que la Sección Sexta decidió ya suspender las sesiones previstas en octubre (días 23 y 24) y noviembre (16, 17, 27 y 28), así como la del 1 de diciembre, y comenzar de cero a partir de las fechas programadas de enero a abril, ampliando a mayo esos días perdidos.
En enero, el caso Faycán tiene cita en la Sala de Vistas número 15 de la Ciudad de la Justicia los días 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 y 26; en febrero, los días 5, 6, 8, 9, 26 y 27; en marzo, los días 1, 2, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 y 23; y finalmente en abril, están previstas las fechas del 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23 y 24. Además, se le añaden ahora seis días de mayo: 3, 4, 11, 18, 25 y 31.
