La Fiscalía concluye que “los acusados nunca merecieron llevar el uniforme de la Guardia Civil”

La fiscal Teseida García ha pedido este miércoles un veredicto de culpabilidad para diez guardias civiles destinados en 2008 a la oficina fiscal del aeropuerto de Gran Canaria, al considerar probado que cometieron cohecho y falsedad y que “nunca merecieron llevar” el uniforme del cuerpo.

En su alegato final al Jurado que juzga el caso en la Audiencia de Las Palmas, la fiscal ha afirmado que “está meridianamente claro” que los procesados pedían dinero a los viajeros para no comprobar las cantidades que declaraban y facilitar el blanqueo de capitales.

Así mismo, ha indicado que también permitieron la entrada de mercancías prohibidas, como es el caso de la carne, pese al riesgo de propagar en las islas plagas o enfermedades de origen animal desde África, y ha explicado que no les ha atribuido el delito de blanqueo de capitales por lo difícil que resulta investigarlo, máxime al tratarse de dinero procedente de terceros países.

En la hora y media que se ha extendido en su exposición ante el Jurado, a cuyos miembros ha recordado que “están llamados a hacer Justicia en nombre de la sociedad”, la fiscal se ha mostrado convencida de que aplicarán el sentido común sobre los hechos que se juzgan y han puesto de manifiesto la existencia “de un cesto lleno de manzanas podridas” en esa unidad del aeropuerto.

La fiscal ha sostenido que los vídeos exhibidos al Jurado sobre lo que ocurría en la oficina de los acusados “lo dicen todo” y “muestran la culpabilidad” de los procesados, al igual que las conversaciones de las llamadas telefónicas intervenidas a los agentes, las papeletas de los servicios, los documentos que debían rellenar para declarar el dinero y la normativa que debían cumplir.

Así mismo, ha insistido en que este caso, que se juzga después de nueve años, se ha producido un “abuso” del derecho procesal por parte de las defensas y, por ello, ha considerado como simples las dilaciones que ha introducido como atenuante.

La representante del Ministerio Público ha dejado claro que el dinero recibido por los acusados eran dádivas y eran exigidas: “no se trataba de regalos por su buen hacer”.

Teseida García considera que todos sabían lo que estaban haciendo “porque querían más dinero” para, a cambio, no ejercer las funciones que tenían encomendadas y cometieron hechos que deben ser catalogados como corrupción, por ser los acusados funcionarios públicos, con independencia de la cuantía de las dádivas.

En esta sesión, también han presentado sus alegatos las defensas de los dos principales acusados, los agentes José Santiago A.S. y José Juan P.M., que se enfrentan a una condena de 15 años de cárcel.

Ambos letrados han considerado desproporcionada la pena que propone la Fiscalía respecto a los hechos que se juzgan.

Según la defensa de José Santiago A.S., estos hechos nunca debieron concluir en un proceso judicial, pues la Guardia Civil tiene sus “mecanismos para corregir conductas poco ortodoxas”.

A su juicio, los cohechos que muestran los vídeos son innegables, pero no se han presentado pruebas de que los guardias civiles del aeropuerto falsificaran las declaraciones de entrada en España de dinero en efectivo que realizaban los viajeros.

El abogado de José Juan P.M., Francisco Martín Coque, ha señalado al Jurado que “no se trata de un caso de corrupción” como refiere la fiscal, sino de la solicitud de “mordidas”, que son delictivas, pero no del “calado y gravedad” que plantea la acusación pública.

Desde su punto de vista, lo ocurrido en la unidad fiscal en 2008 solo muestra “estupidez” por parte de los agentes en su modo de actuar.

Martín Coque ha subrayado que a su cliente le piden “el doble de pena que a Iñaki Urdangarín, que se quedó con millones”, cuando solo se apropió de 175 euros, que ni siquiera le reclaman como indemnización civil, pues el resto de hechos que le atribuye la fiscal los niega y además sostiene que no ha aportado pruebas para demostrarlos.

El letrado de José Juan P.M. ha destacado que todos los agentes afirman que verificaban las cantidades que declaraban los pasajeros y nadie ha demostrado que las cantidades que consignaron en los documentos oficiales fueran distintas a las reales.