La Fiscalía califica de “saqueo a las arcas públicas” la gestión en el Ayuntamiento de Santa Brígida entre 2002 y 2007
“Este es un capítulo más de lo que pasaba durante esos años en ese Ayuntamiento, fue un auténtico saqueo a las arcas públicas”. El fiscal Miguel Pallarés se ha mostrado así de contundente en su informe final sobre los hechos por los que se ha juzgado esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas a Antonio Díaz, exalcalde de Santa Brígida; al abogado Adolfo Llamas, ex asesor jurídico de la corporación, y a Carlos Sánchez, exconcejal de Urbanismo. Al letrado se le acusa de un delito de malversación de caudales públicos; al edil, de uno de exacción ilegal de impuestos, y el regidor suma a esos dos los de prevaricación y falsedad documental.
Pallarés ha enmarcado las actuaciones presuntamente delictivas de los tres acusados, fechadas entre 2002 y 2007, en una época de “auténtico despilfarro público y descontrol” en el Ayuntamiento de Santa Brígida, primero con Carmelo Vega (1999-2005) y después con Antonio Díaz (2007-2009) en la Alcaldía, ambos vinculados al Partido Popular (PP). Para el representante del Ministerio Público, las tres sesiones del juicio no sólo no han desvirtuado los indicios de criminalidad advertidos en la instrucción, sino que “los han acreditado aún más”.
El fiscal ha recordado que la causa arranca de un informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas que detectó “gravísimas irregularidades y gastos no justificados” en la corporación. Pallarés ha negado que se trate, como sostiene la defensa, de una “venganza” del exsecretario del Consistorio, Marcelino López Peraza, personado como acusación particular, y ha señalado al abogado Adolfo Llamas como la persona “que manejaba el Ayuntamiento” durante el periodo en el que prestó sus servicios a la institución, sin contrato, tanto para la gestión de las nóminas como para la defensa jurídica en los pleitos.
“No conozco otro caso en el que personal externo conteste a las alegaciones de la Audiencia de Cuentas”, apostilló el fiscal en relación a Llamas. Para Pallarés, el contrato que el letrado firmó en 1996, con una duración de un año aunque prorrogable, aún se mantiene en vigor, puesto que nadie lo ha denunciado. Ese contrato, que se remonta a la época en la que era alcalde Manuel Galindo, fijaba un precio de 75.000 pesetas por cada pleito en el que interviniera. Sin embargo, Llamas llegó en 2002 a un acuerdo verbal con el Ayuntamiento para cobrar 1.000 euros por cada procedimiento y, a pesar de ello, el letrado percibió de las arcas públicas cifras muy superiores a las pactadas, según el relato del Ministerio Público, que no alberga ninguna duda de que existía una relación de amistad entre Llamas y Díaz.
Y es que, para Pallarés, en ese periodo se estilaban las “contrataciones a amiguetes”. El fiscal recordó que Encarnación Sierra, nuera del exalcalde, entró en el Ayuntamiento “a dedo, sin control” y fue incluso entrevistada por su suegro cuando era concejal de Personal. También que Antonio Hernández, que llevaba “14 años trabajando y sirviendo a la autoescuela” que regentaba Antonio Díaz, resultó adjudicatario de un concurso de suministro de material informático al Ayuntamiento por 25 millones de pesetas (150.000 euros), una cifra que aumentó en más de 136.000 euros al margen del concurso. “Se ha dilapidado dinero sin prestar ningún tipo de servicio”, aseveró.
En relación a la exacción ilegal de impuestos, el fiscal considera clave el testimonio de la extesorera Ana Ortega, que descubrió la orden verbal dictada a los trabajadores de la empresa Mungest, encargada de la recaudación de los tributos municipales, para retener los expedientes de Carmelo Vega, Antonio Díaz y Carlos Sánchez. Sobre la situación de este último manifestó: “No ponemos en duda que está al corriente de los pagos. Ese no es el problema. El problema es que está incluido en la orden por la que no se cobraban los impuestos”.
La Fiscalía solicita 16 años y seis meses de prisión para Antonio Díaz; dos años para Adolfo Llamas, y nueve meses para Carlos Sánchez. Además, pide 57 años de inhabilitación para el exalcalde y cuatro para los otros dos acusados.
“Cleptocracia” en la Villa
Tanto la acción popular, ejercida por el abogado José Manuel Rivero en representación del funcionario Diego Suárez, como Marcelino López Peraza, en su condición de acusación particular, se han adherido a la “brillante” exposición del fiscal. Rivero ha destacado que durante cinco años en el Ayuntamiento de Santa Brígida “se dispuso de forma torticera y cleptocrática de casi 600.000 euros (cantidad que percibió Adolfo Llamas por la gestión de nóminas y la defensa jurídica de la corporación) con dolo, con la intencionalidad de obviar todo procedimiento administrativo y saquear las arcas públicas”.
Para el abogado, la figura de Adolfo Llamas era la del “cooperador” que “hacía prevaricar” a Antonio Díaz. “Por su experiencia en derecho administrativo no podía ocultarse a sí mismo que su contratación y el giro de las facturas estaban al margen de la legalidad”. Rivero ha agregado que los honorarios del letrado se establecían de forma “arbitraria”, sin procedimiento, “ignorando todas las garantías de la contratación pública” y ha recordado que el “contrato (de 1996) no denunciado y con tope máximo” fue revisado al alza sin expediente ni informe técnico.
López Peraza ha calificado de “cuidadoso, exhaustivo y metódico” el trabajo realizado durante la fase de instrucción y ha respondido, ante las acusaciones de la defensa, que en esta causa “no existe venganza de nadie, existen unos hechos” que, a su juicio, demuestran que los procesados ejercieron “presión sobre los llamados a controlar la legalidad”. El exsecretario de la corporación también considera que Llamas era el elemento “a la sombra” que decidía en el Ayuntamiento. “Ha cobrado lo que no está escrito. A unos le quitan los complementos, les perjudican, y él cobra una cantidad enorme del erario público. Clama al cielo”, ha expuesto López Peraza, que ha mencionado varios encontronazos con el letrado tanto de la época en la que ambos trabajaron para el Ayuntamiento como con posterioridad.
