El exconcejal de San Bartolomé de Tirajana Pacuco Guedes niega en el juicio del caso Paraíso haber recibido sobornos
Los primeros acusados del denominado caso Paraíso que han declarado este martes ante la Audiencia de Las Palmas han negado haber recibido sobornos como concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana o haber prevaricado en sus tareas como funcionarios para favorecer a determinadas empresas.
En la primera sesión del juicio que se sigue contra los ocho procesados en esta causa, han declarado los exediles del PSOE y de NC del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Francisco Guedes y José Juan Santana, respectivamente, así como el hijo del primero, Jonás, y el entonces arquitecto técnico municipal, Fernando Rivero.
Los otros cuatro acusados, a los que se interrogará este miércoles, son el director de la constructora Mazotti, Alejandro Navarro, los administradores de la empresa Hernández Perera, Antonio Hernández y su hijo Antonio Esteban, y el funcionario Antonio Muñiz, a quien acusa el fiscal de tráfico de influencias y de cohecho, delito que atribuye también a los otros tres empresarios.
El fiscal sostiene que entre 2005 y 2007 la constructora Mazotti y la empresa Hernández Perera compraron a estos concejales y funcionarios del principal municipio turístico del sur de Gran Canaria para lograr que se le adjudicara la obra de urbanización del poblado Cesa, en el Pajar, en el caso de Navarro, y para conseguir la compra de un terreno municipal en Aldea Blanca por parte de los administradores de la segunda entidad.
Tanto el principal acusado, Francisco Guedes, conocido como Pacuco, que se enfrenta a una pena de 11 años y nueve meses de prisión, por dos delitos de cohecho y uno de tráfico de influencias, como su hijo, para el que se piden 8 años de prisión también por dos delitos de cohecho, han negado que el dinero que recibieron del dueño de Mazotti, más de 240.000 euros, según el fiscal, fuera por sobornos.
Guedes y Jonás han explicado que el dinero que obtuvieron de Navarro responde a un acuerdo “verbal” para que Mazzoti se incorporara como socia de la entidad Excursiones Marítimas, propiedad de Jonás, quien ha dicho que desconocía los intereses que el empresario tenía en el Ayuntamiento, donde trabajaba además como jardinero.
Jonás Guedes y su padre han explicado que el pacto con Navarro implicaba que éste asumía las reparaciones que precisaba el barco con el que se hacían las excursiones, el Atlantis, a cambio de obtener el 50% del capital de la empresa.
Así mismo, han indicado que la ampliación de capital quedó paralizada, primero porque tanto Alejandro Navarro como Jonás tuvieron problemas de salud y, posteriormente, porque el propio caso Paraíso lo imposibilitó, al ser todos ellos detenidos y encarcelados.
Francisco Guedes ha señalado que precisamente se acordó que los pagos fueran a nombre de Mazotti “porque era lo más ético y lo más limpio, para evitar trapicheos”, y ha asegurado que todos los ingresos que efectuó la constructora, que el fiscal sitúa entre los meses de febrero de 2006 y mayo de 2007, se hicieron mediante “operaciones comerciales legales”.
Así mismo, ha afirmado que para la adjudicación a Mazotti de la segunda fase de la obra de urbanización del Pajar por importe de 261.741 euros, que fue aprobada en un pleno celebrado el 14 de mayo de 2007, su voto no era necesario porque con solo seis concejales hubiera bastado y que tampoco le llamó Navarro para pedirle su apoyo.
Ese día acudió al Ayuntamiento porque había otra sesión plenaria fijada y en la que sí quería estar porque se iba a autorizar la construcción de unas viviendas sociales, ha señalado Guedes, quien también ha negado que se efectuaran obras en su casa a cargo de la empresa Hernández Perera a cambio de facilitarle la compra de un solar municipal.
Ha asegurado que su familia y la de los Hernández mantienen una amistad de muchos años y que el acusado Antonio Hernández lo único que quería era un solar para sus camiones que debía ser enajenado.
Para la enajenación de esos terrenos, que ocupan el campo de fútbol y el polideportivo de Aldea Blanda y estaban en desuso, ha reconocido que recibió “muchas presiones”, pero de los vecinos, que estaban hartos del ruido de los camiones de la empresa de los Hernández, que querían ese solar como aparcamiento.
El exedil de NC José Juan Santana, que se enfrenta a ocho años de cárcel por prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos, ha declarado que el expediente para la adjudicación de la obra del poblado Cesa se inició en 2004, cuando estaba en la oposición.
Mazotti logró la adjudicación porque presentó una oferta para la ejecución de la obra que era un 20% inferior de las empresas que concurrieron al concurso, según Santana, quien ha añadido que nadie le advirtió de “ilegalidad alguna” en la adjudicación de la segunda fase, tanto cuando se votó en el pleno como durante la comisión informativa previa.
Santana, al igual que Guedes, han dicho que Mazotti nunca llegó a cobrar el importe de la segunda fase, cantidad que estuvo consignada en el Ayuntamiento hasta 2014.
El ex arquitecto técnico municipal, que dirigió las obras del poblado Cesa, ha explicado que efectuó un informe propuesta, que no es vinculante, para que la segunda fase de las obras se adjudicaran a Mazotti por ser “lo razonable”, y que también hizo los informes de certificación de terminación de las obras.
Así mismo, Rivero, que se enfrenta a cinco años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad, ha señalado que desconocía en ese entonces la existencia de un informe de intervención contrario a que se procediera a la adjudicación directa de la segunda fase de la obra a Mazotti.
