El Gobierno manda a la Fiscalía al gerente de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo
El Gobierno de Canarias, a través de la Intervención General, ha decidido poner en manos de la Fiscalía un demoledor informe elaborado por la Dirección General de Trabajo que expone una serie de indicios de irregularidades cometidas en la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra), según ha confirmado la consejera de Industria, Energía y Empleo en funciones, Francisca Luengo.
El informe al que ha tenido acceso Canarias Ahora evidencia una serie de anomalías en los gastos de la Fundación dirigida por el gerente, Agustín Herrera, miembro del Comité Regional del Partido Socialista (PSC-PSOE). Herrera quedó fuera de la plancha electoral al Cabildo de Tenerife por estar imputado por un delito de falsedad documental cometido supuestamente en la etapa en la que fue jefe de la Dependencia de Inmigración y Trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
Entre las irregularidades reflejadas, destaca el procedimiento para el alquiler del equipo necesario para la realización de unos talleres de informática destinados a impulsar el empleo llevados a cabo en el año 2014, en el marco del proyecto Conecta-T.
Según se desprende del texto, Funcatra contrató a dos empresas – una de cada provincia canaria- en régimen de alquiler 286 equipos por un valor de unos 100.000 euros, sin que conste en ningún expediente el acta de recepción del material informático, que “hasta la fecha no se sabe dónde está”.
De hecho, pese a que los talleres finalizaron el 31 de diciembre del pasado año, no fue hasta mediados de mayo - cuando la Dirección requirió la documentación al respecto– cuando recibió “sorpresivamente” un email con el acta de recepción de los equipos, fechada justo ese mismo mes.
Una fecha un tanto desfasada, teniendo en cuenta que los contratos se firmaron el 4 de diciembre de 2014 y que las adjudicatarias contaban con un plazo de 15 días para enviar el material, con lo que “habría que haberlos devuelto en caso de que se hubieran recibido”.
Aunque el informe traslada la existencia de “serias dudas” sobre la recepción de los 143 equipos destinados a cada provincia, ya que tampoco se encuentra formalizada documentalmente dicha entrega a las empresas que impartieron los talleres, sí que hace referencia a una hoja de Excel “casera” que figura en el expediente del proyecto Conecta-T.
Una única tabla que cifra en 73 los equipos destinados a Santa Cruz de Tenerife y en 20 los de Las Palmas, lo que hace un total de 93 que se aleja de los 286 contratados por un precio de 99.998 euros (unos 50.000 por cada provincia).
“Del resto no había rastro, lo cual quiere decir que se alquilaron 93 equipos informáticos a un precio desorbitado”, puntualiza el informe.
Tres empresas con el mismo administrador
Otro de los focos se centra en el proceso de adjudicación. Al tratarse de una negociación sin publicidad, el organismo invitó a tres empresas por provincia para que hicieran sus ofertas y así poder obtener el contrato. La casualidad radica en que todas las entidades que se presentaron en Santa Cruz de Tenerife contaban con el mismo administrador y una de ellas ni siquiera se dedicaba a la informática.
En Las Palmas, las dos empresas que quedaron fuera también contaban con los mismos administradores. Sin embargo, resulta curioso que la entidad restante se hiciera con la adjudicación tras proponer un importe de 49.990 euros – nueve céntimos por debajo que las otras – al ser más económica, para finalmente facturar los casi 50.000 euros ofertados por los competidores.
Balmes Sistemas S.L. se hizo con el contrato en la provincia occidental y Jemonial Farmagroup con el de la oriental.
La “pareja” del gerente
Los principios de publicidad y concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del sector Público también se cuestionan en lo referente a la selección de entidades que impartieron los talleres de informática. De hecho, el informe señala que solo hay constancia de que se publicó información al respecto durante un corto periodo de tiempo en la página web de Funcatra.
Cuatro organizaciones sin ánimo de lucro firmaron convenios con la Fundación para enseñar a los asistentes informática a un precio de ocho euros la hora y contando con un máximo de 150 alumnos: la Asociación social y cultural para las mujeres Mararía; Asociación Canaria de Universidades Populares; la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva y Cruz Roja Española.
“Resulta cuanto menos curioso que entre las entidades que finalmente impartieron los talleres informáticos figuren dos asociaciones de mujeres, una de las cuales (Arena y Laurisilva) la preside Olga Barrera (pareja del gerente) que había sido contratada por Funcatra como trabajadora de la Fundación”, apostilla.
La consejera de Empleo no entra a valorar el informe y señala que desde el Patronato de Funcatra se envió el informe tanto a Intervención General como a los servicios jurídicos del Gobierno canario.
“La Intervención General ha decidido ponerlo en manos del fiscal y el Patronato, de la mano de Intervención, hemos puesto el mismo informe, todo igual”, concluye.
