Jueces para la Democracia denuncia la “intromisión de la Fiscalía” con la investigación a Victoria Rosell
Jueces para la Democracia considera que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de estimar parcialmente el recurso de la diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas y juez en excedencia Victoria Rosell por las diligencias preprocesales que le abrió la Fiscalía es “un hecho de notable gravedad”.
La asociación sostiene que este hecho “exige de la necesaria reflexión y asunción de responsabilidades por parte de las personas que directamente intervinieron en estos hechos con el fin de que su actuación no ensombrezca la esencial función que la Fiscalía está llamada a cumplir en un estado de derecho”.
Jueces para la Democracia recuerda en un comunicado que la sentencia del TSJC establece que la Fiscalía Provincial de Las Palmas vulneró el derecho fundamental a la defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución, al iniciar actuaciones para las que carecía manifiestamente de competencia y al margen del proceso legalmente establecido.
Igualmente, determina que, al trasladar a los medios de comunicación la existencia y objeto de estas diligencias de carácter reservado, se habría contravenido el deber de neutralidad que les es exigible a todos los poderes públicos en periodo electoral, atentando de esta manera contra el derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad de la persona afectada, Victoria Rosell, que en ese momento era candidata al Congreso de los Diputados en las elecciones generales.
Jueces para la Democracia indica que la actuación realizada por determinados miembros de la Fiscalía Provincial de Las Palmas “supone la intromisión de este órgano en materias que, por imperativo constitucional, quedan reservadas al Consejo General del Poder Judicial y ello en aras a defender la independencia judicial”.
A juicio de esta asociación, dicha independencia podría verse gravemente afectada si se permite que instituciones distintas a los que por ley tienen la capacidad de investigar y proceder disciplinariamente contra jueces y magistrados puedan llevar a cabo “actuaciones de tal calibre”.
