La Justicia tumba las intenciones de Mogán para que la Policía Local renunciara a los uniformes

Istalaciones de la Policía Local de Mogán

Canarias Ahora

Las Palmas De Gran Canaria —

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha echado para atrás, el pasado 23 de febrero, las intenciones del Ayuntamiento de Mogán, quien estaba proponiendo a los agentes de la Policía Local renunciar a la dotación total del uniforme.

Con esta propuesta el concejal de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación, Mencey Navarro, pretendía llegar a un acuerdo con los trabajadores del municipio para así evitar cumplir una resolución judicial en la que se condena al Consistorio moganero a hacer efectivo lo establecido en el convenio laboral relativo a la obligatoriedad de suministrar a los agentes de la dotación del vestuario.

Tal como explica la concejala de Nueva Canarias en el Consistorio, Isabel Santiago, Navarro había remitido a todos los agentes de Mogán un escrito en el que les explicaba que el cumplimiento de la reposición de la dotación del vestuario al personal suponía un desembolso de 60.000€, esto supondría destinar sólo 12.500 para la compra de material, por lo que lo mejor sería renunciar al vestuario.

Así, el concejal de Ciuca proponía, si el 75% de la plantilla estaba de acuerdo, destinar todos los recursos a la compra de nuevo material ya que de no hacerlo así, la Policía Local “tendría el ropero lleno de ropa pero con carencias de material”. Sin embargo, ante esta coacción, los representantes sindicales del cuerpo acudieron a los tribunales dando como resultado la suspensión de la ejecución de la propuesta de Mencey Navarro.

Para Nueva Canarias esta decisión judicial pone en evidencia que el gobierno conformado por Ciuca y PSOE “no está por la negociación con los representants sindicales de UGT, sino que optan por la confrontación, pues el responsables político de la policía moganera afirmó ante el pleno que si no hay medios materiales será por culpa de UGT, olvidando por completo que las resoluciones judicales son de obligado cumplimiento, así como el convenio de los trabajadores municipales”.

Con todo, Isabel Santiago recomienda al concejal “apostar por la negociación y no por la coacción”.

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