La jueza Rosell actuará como acusación particular contra el juez Alba, que conspiró contra ella
La magistrada Victoria Rosell, titular de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ya está personada en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar al también magistrado Salvador Alba Mesa, descubierto en mayo pasado conspirando para fortalecer una querella interpuesta por José Manuel Soria contra la jueza, ex diputada de Podemos por Las Palmas.
La instructora de la causa 10/2016, Margarita Varona, ha desoído los criterios del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, y del abogado de Alba, Nicolás González-Cuéllar Serrano (habitual letrado de José Manuel Soria en otras causas aún vivas), de rechazar la personación de Victoria Rosell al no considerarla perjudicada ni víctima de la conspiración protagonizada por Alba.
Alba conspiró contra Rosell atendiendo una solicitud de un informe por parte de la Sala II del Tribunal Supremo, en la que inicialmente recayó una querella del ex ministro de Industria contra ella atribuyéndole varios delitos relacionados con la instrucción penal que la magistrada seguía en Instrucción 8 antes de dar el salto a la política en octubre de 2015.
Comoquiera que la Fiscalía del Supremo vio débiles los argumentos de Soria, el Supremo pidió a Alba que los reforzara con un informe que, finalmente, pudo ser posible gracias a la componenda que ideó el juez con el empresario, investigado en el juzgado de Rosell al que se presentó como voluntario sustituto pese a no estar administrativamente capacitado para hacerlo por haber superado el cupo de sustituciones.
Tras descubrirse el amaño gracias a una grabación en la que el magistrado y el empresario pactaban los términos de la declaración que finalmente este último prestó ante el primero, la juez que lo relevó al frente de Instrucción 8, Carla Vallejo, remitió al TSJC una exposición razonada en la que atribuyó a Alba la posible comisión de los delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función jurisdiccional por obstrucción a la justicia y coacciones, concretamente al imputado.
El Ministerio Fiscal, representado en la causa contra Alba por su máximo responsable en Canarias, Vicente Garrido, se opuso al intento de Victoria Rosell de personarse alegando que no es ni ofendida ni perjudicada por esos delitos y que, en todo caso, podría dársele entrada en el procedimiento como acusación popular previo pago de la correspondiente fianza. Fue la misma postura que adoptó el abogado que defiende a Salvador Alba, Nicolás González-Cuéllar Serrano, a la sazón letrado de José Manuel Soria en diversas causas y actualmente en algunas otras que continúan vivas en tribunales y juzgados de Canarias y de Madrid.
Sin embargo, la magistrada que instruye la investigación contra Alba rechaza las pretensiones de la Fiscalía y de la defensa por considerar que si bien los delitos por los que se ha abierto la causa tienen como bien jurídico a proteger “el recto y normal funcionamiento de las Administraciones Públicas” (…), “la actuación delictiva consistiría presuntamente en la previa decisión del magistrado Sr. Alba Mesa de tomar declaración al imputado, posteriormente investigado, en una causa penal instruida por aquel para sacar a la luz unas relaciones contractuales de la pareja sentimental de doña Victoria Rosell Aguilar y dicho imputado, que pudieran comprometer penalmente a la Sra. Rosell Aguilar, y ello previo acuerdo del magistrado instructor y aquel imputado en conversación informal grabada por este último”.
“Es indudable”, añade Margarita Varona, “que aquella actuación supuestamente delictiva que, a priori, no incide en bienes jurídicos de carácter individual, sí que puede haber causado los daños individualizados en quien sufre las consecuencias de la resolución y actuación injustas a que hace referencia la doctrina del Tribunal Supremo”.
La magistrada, por lo tanto, reconoce a Victoria Rosell la condición de perjudicada por los hechos presuntamente delictivos cometidos por Salvador Alba, “con excepción hecha del delito del artículo 464 del Código Penal”, relativo a las coacciones al investigado, en el que sólo sería perjudicado Miguel Ángel Ramírez.
Salvador Alba Mesa continúa desarrollando sus tareas de magistrado de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, además de labores de refuerzo en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo. El Consejo General del Poder Judicial, que le abrió expediente el 11 de mayo al conocerse la grabación en la que maquinaba contra la magistrada Rosell, todavía no ha tomado ninguna decisión. Desde entonces, Alba ya ha presidido un tribunal que juzgó un caso de corrupción en Gran Canaria y ha sido designado como ponente de otros dos relacionados con el caso Unión, localizado en la isla de Lanzarote.
