El juez Alba declara durante dos horas ante el CGPJ y el teniente fiscal del Supremo por dos faltas muy graves y una grave
El magistrado Salvador Alba Mesa declaró este martes durante dos horas ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, en el marco del expediente disciplinario que pesa sobre él por la presunta comisión de dos faltas muy graves y otra grave derivado de su actuación al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de la magistrada Victoria Rosell, entre el 3 de noviembre de 2015 y el 3 de mayo de 2016. No ha trascendido el contenido de su declaración, que se adelantó 24 horas sobre la citación inicialmente prevista.
Sí se ha sabido que Alba acudió a la sede del CGPJ en compañía de un abogado distinto a Nicolás González-Cuéllar, que le asiste en las diligencias que contra él se siguen en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de coacciones, prevaricación judicial, falsedad y negociación prohibida a funcionario público por haber maquinado para perjudicar a la titular del juzgado en el que prestaba servicios de sustitución. Algunas fuentes han indicado que el letrado que asistió a Alba podría tratarse de un ex magistrado de Barcelona, pero este extremo no ha podido ser confirmado por este periódico.
Además del Promotor, el expedientado y su abogado, al acto acudió también el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas Ramos.
El expediente disciplinario contra Salvador Alba se generó después de las diligencias informativas abiertas tras una denuncia de la magistrada Victoria Rosell, a la que se unió el 11 de mayo el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ tras divulgarse en eldiario.es la grabación registrada por el empresario Miguel Ángel Ramírez de una conversación que mantuvo con el magistrado. En esa conversación, celebrada en el despacho de Alba el 13 de marzo pasado, éste ofrecía al empresario beneficios en una causa por fraude fiscal que se sigue en Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria a cambio de que se prestara a declarar en contra de Rosell.
Seis meses después de aquella apertura de diligencias, el Promotor de la Acción Disciplinaria las transformó en expediente disciplinario y citó a declarar al presunto infractor.
Fonseca-Herrero tiene en su poder la grabación completa de aquella conversación, así como la declaración que Miguel Ángel Ramírez prestó el 23 de marzo ante Alba y la fiscala delegada de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos. Ambos dedicaron la totalidad de la comparecencia a preguntar a Ramírez por contratos que celebró entre los años 2003 a 2008 el empresario investigado con una empresa para la que trabajaba entonces la pareja de Victoria Rosell, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora.
El Promotor de la Acción Disciplinaria entiende que el magistrado investigado pudo cometer una falta grave de exceso o abuso de autoridad al desviarse del objeto de las diligencias penales para adentrarse en una investigación ajena al procedimiento. Además, entiende que se pudo cometer la falta muy grave de revelación de secretos al filtrarse al diario El Mundo y a La Provincia el contenido de un informe que Alba envió al Tribunal Supremo fruto de aquella declaración de Ramírez para ser incorporado a la querella que el ex ministro José Manuel Soria interpuso contra Victoria Rosell. Esa querella se encuentra en estos momentos tramitándose en el TSJ de Canarias.
Por último, Salvador Alba pudo haber cometido otra infracción muy grave al no haberse abstenido en todo lo referido a Victoria Rosell por existir enemistad manifiesta hacia ella, sentimiento que se demostraría en la grabación incorporada al expediente donde se le oye llamarla “cabrona, hija de puta”.
