Una denuncia del presidente de Seguridad Integral Canaria destapa una red corrupta en el Ministerio de Defensa
Dos tenientes coroneles del Ejército español permanecen desde abril en prisión preventiva incomunicada como presuntos cabecillas de una trama de sobornos a empresas a las que pedían dinero a cambio de tratos de favor en el Ministerio de Defensa. Una denuncia ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, puso a la Guardia Civil en la pista, y al titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 a decretar la prisión provisional de los tenientes coroneles C.P.R. y E.R.R. y tres empresarios que supuestamente accedieron a pagar sobornos.
Los dos militares detenidos pidieron a Miguel Ángel Ramírez 20.000 euros al mes para agilizarle los pagos del contrato de seguridad privada que su empresa Seguridad Integral Canaria había obtenido mediante subasta electrónica. La mordida, según consta en la investigación, iría destinada a agilizar los pagos del contrato y a “no crear problemas” a la empresa adjudicataria.
Ambos militares, efectivamente, trabajan en la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, uno como secretario de la Junta de Contratación del Ejército y el otro como responsable en la Subdirección de Contratación, y tienen entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de los contratos que suscribe el ministerio.
Ramírez se negó a pagar y puso en conocimiento del CNI el asunto para que actuara en consecuencia. Este órgano de información, dependiente del mismo ministerio, transfirió la información a la Guardia Civil a través de la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, para que la investigación adquiriera carácter oficial y pudiera judicializarse.
El instituto armado contactó entonces con el denunciante y acordó con él una serie de pasos para sorprender in fraganti a los presuntos extorsionadores. Entre otras acciones se puso en marcha una entrega vigilada de dinero, es decir, el pago de una cantidad económica exigida por los sospechosos pero en presencia remota de agentes de la Guardia Civil que grabaron y registraron en vídeo la reunión.
La entrega se celebró en el lujoso restaurante Casa Nemesio, en Plaza de Castilla, Madrid, a donde acudieron los sospechosos y el empresario canario provisto de micrófonos proporcionados por la Guardia Civil. Era la prueba definitiva para que la Fiscalía pudiera presentar denuncia ante la Justicia militar, lo que ocurrió en abril pasado.
Al término de otra comida celebrada en Madrid entre uno de los militares detenidos y directivos de la compañía Proman, la Guardia Civil encontró en poder del primero dos sobres con 2.000 euros cada uno en su interior, según informa El País.
Los hijos de los dos tenientes coroneles han conseguido contratos de trabajo para dos de las compañías sospechosas de haber aceptado el pago de sobornos, la mencionada Proman y la Unión Castellana de Alimentación (Ucalsa). En mayo fueron detenidos tres directivos de estas dos compañías, uno de Ucalsa, M.R.A., y dos de Proman, A.C.A. y L.B.M., aunque quedaron en libertad tras prestar declaración.
Miguel Ángel Ramírez se ha negado a valorar estos hechos a Canarias Ahora alegando que se encuentran bajo secreto de sumario. Ha reconocido, eso sí, que figura como imputado en la causa por esa “entrega controlada” a petición de la Guardia Civil, pero asegura que el juez sobreseerá la parte que le afecta en cuanto le tome declaración.
