Soria consigna 12.000 euros de fianza para mantener su querella contra Rosell
El exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria ha consignado los 12.000 euros de fianza que le exigió la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para continuar personado como acusación popular en la querella que presentó en diciembre de 2015 contra la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos por Las Palmas.
La jueza de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Margarita Varona, instructora del caso, exigió la semana pasada esta fianza a Soria si quería seguir ejerciendo la acción popular frente a la exdiputada de Podemos, a la que el exministro acusa de un presunto delito de prevaricación, otro de cohecho y un tercero de retardo malicioso, referido a la investigación judicial que inició sobre el empresario Miguel Ángel Ramírez.
Varona había admitido así el escrito en el que Victoria Rosell advertía de que no se había exigido fianza al expresidente del PP en Canarias y pedía que ésta fuera de 20.000 euros. No obstante, la jueza instructora rebajó esta cantidad a 12.000 euros en concepto de garantía para cubrir los perjuicios derivados de la acusación, como los gastos de abogados o las pruebas periciales que se pudieran llevar a cabo, si la causa se archiva o se dicta una sentencia absolutoria con condena en costas.
Se trata de una querella para la que la Fiscalía de sala del Supremo ha pedido dos veces su inadmisión. Victoria Rosell también ha solicitado el archivo al considerar que su caso ha sido construido sobre pruebas prefabricadas, puesto que el el magistrado Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez maquinaron una declaración contra ella. Un interrogatorio que resultó clave para que el magistrado elaborara un informe que envió al Tribunal Supremo para que admitiera la querella de Soria.
Además, la sustituta del juez Alba en el juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Vallejo, también ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la presunta comisión por parte del magistrado de los delitos de prevaricación y negociación prohibida a funcionarios por la reunión con el empresario, sin descartar que también haya habido coacciones al investigado (Miguel Ángel Ramírez) y falsedad en documento judicial, el informe que Alba remitió al Supremo fruto de aquella maquinación.
El Tribunal Supremo admitió la querella de Soria contra Rosell el 26 de abril, cuando la magistrada todavía era diputada de Podemos, pero el Alto Tribunal acordó desestimar las acusaciones de calumnias e injurias, delitos de los que el exministro era parte directamente afectada (y, por tanto, hubiera estado legitimado para ejercer la acusación particular). Por ello, el exministro, que renunció a su carrera política por la aparición de su nombre en los papeles de Panamá y su vinculación con paraísos fiscales, tenía la obligación de prestar fianza para continuar personado por los otros tres delitos en calidad de acción popular. El Supremo no exigió esta garantía, lo que sí ha hecho el TSJC.
Soria ha pedido que declare la magistrada como investigada y el empresario Miguel Ángel Ramírez como testigo. La jueza instructora aún no ha decidido practicar ninguna de esas pruebas.
