Transparencia Urbanística eleva a 21 años de cárcel la petición contra Rosa en el caso Stratvs
La asociación Transparencia Urbanística (TU) ha presentado su escrito de acusación en el caso Stratvs, en el que eleva a 21 años de prisión la petición de pena para el promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, al considerarle responsable de tres delitos de tráfico de influencias.
La Fiscalía ya solicitaba una condena de 15 años de cárcel para Rosa por delitos de falsedad en documento oficial, de usurpación de bienes, contra la ordenación del territorio con daño grave a un espacio natural protegido, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente por excavar de forma ilegal en un espacio protegido.
Por cada uno de los tres presuntos delitos de tráfico de influencias que añade Transparencia Urbanística en su escrito de acusación solicita dos años de prisión. Para la asociación, el tráfico de influencias se aprecia en la concesión de las licencias y permisos ilegales, en la presunta modificación catastral de las parcelas de la bodega, y en que el Ayuntamiento de Yaiza le cobrase menos de lo que debiera en impuestos municipales.
Así, Transparencia señala que es algo “inédito” en Canarias “la construcción de un complejo turístico de nueva planta en un espacio natural protegido” y su “puesta en funcionamiento y explotación durante casi diez años a pesar de las evidencias de ilegalidad”, algo que “nunca hubiera sido posible sin el continuado ejercicio de pleitesía de funcionarios y autoridades frente al poder de influencia del señor Rosa”.
“Si para el Ministerio Fiscal, Stratvs representa el mayor delito ambiental cometido desde la declaración de Lanzarote como reserva de la biosfera, para la asociación Transparencia Urbanística Stratvs es la representación física del sometimiento vergonzoso del estado de derecho al poder del dinero”, afirma el colectivo en su escrito de acusación.
La asociación añade con respecto al escrito de acusación de la Fiscalía un presunto delito de fraude a la administración pública en el pago el impuesto de construcción, de la tasa por la licencia urbanística y de la tasa por expedición de documentos.
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