Veinte acusados de Faycán, entre ellos el asesor de la ‘cabecilla’, admiten haber participado en la trama de comisiones ilegales

Veinte de los 28 acusados del caso Faycán han confesado este lunes haber participado en la trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde, el segundo municipio en importancia de la isla de Gran Canaria, entre los años 2003 y 2006, época en la que gobernaba el Partido Popular (PP) en coalición con Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). Ninguno de ellos entrará en prisión, ya que los acuerdos de conformidad alcanzados con la Fiscalía prevén penas de cárcel inferiores a los dos años. En todos los casos se han valorado, además de la colaboración con la Justicia, las dilaciones indebidas como circunstancia atenuante.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidida por el magistrado Salvador Alba, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por seis delitos, ha celebrado este lunes la primera de las sesiones previstas de un juicio que sienta en el banquillo, doce años después de que comenzara la instrucción, a políticos, empresarios y técnicos de la corporación local. Entre ellos, dos exalcaldes, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, que permanecen en activo (el primero como secretario político del PP en el municipio y la segunda como portavoz de la formación en el Ayuntamiento) y que siguen defendiendo su inocencia.

Entre los procesados que sí han reconocido los hechos y han aceptado la reducción de penas planteada por la Fiscalía se encuentra Francisco Gordillo, quien fuera asesor de la considerada cabecilla de la trama, la exconcejala de Contratación María Antonia Torres, que se suicidó en 2010, en plena instrucción de la causa. También han confesado el exinterventor de Telde, Enrique Orts, viudo de Torres, y tres concejales de aquel mandato. Se trata de Carmelo Oliva (PP), que tenía delegadas las competencias de Hacienda; Guadalupe López (PP), responsable de Fiestas, y Candelaria Sánchez (Ciuca), edil de Aguas.

En el caso de Oliva, el fiscal ha modificado su escrito de conclusiones para precisar que no existe constancia de que el exconcejal estuviera al tanto del sistema de obtención ilícita de fondos, aunque sí de la arbitrariedad que suponía elegir a qué empresa se pagaban primero las facturas atrasadas, que siempre coincidían con aquellas sociedades que pagaban comisiones que solían oscilar entre el 6 y el 8%, pero que en algún caso llegó hasta el 20%.

El técnico ya jubilado Jorge Rodríguez, que se enfrentaba a una de las penas más elevadas -más de diez años de cárcel-, y José Luis Sánchez, exasesor de María del Carmen Castellano, concejala de Desarrollo Local en la etapa investigada y alcaldesa del municipio entre 2011 y 2015, son otros de los que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y han aceptado las penas reducidas propuestas por el representante del Ministerio Público, Luis del Río.

La lista de conformidades la completan María Eugenia Fernández y José Francisco Fernández, hijos de María Antonia Torres, que estaban acusados de blanqueo de capitales; Juan Francisco Gordillo, hijo de Francisco y comercial en Cobra, una de las empresas involucradas en la red, y diez de los once empresarios que figuraban en el escrito de acusación del fiscal Anticorrupción, Luis del Río. En concreto, Felipe Ojeda (Ferretería Felipe y Nicolás), José Manuel Gutiérrez (Preconte), Pedro Betancor (Cementos Las Torres), Abelardo Martínez (Dragados), la también denunciante Luz Navarro (Servicios Comunitarios de Telde), Alejandro Navarro (Mazotti), Antonio Nadal (Cobra), Ángel Omar Suárez (Planos y Gestión y Construcciones), Salvador Santana, administrador de varias empresas y marido de la exconcejala de Fiestas Guadalupe López, y Víctor Hugo Rosales (Iturri), que dejó uno de los momentos más tensos de esta primera sesión al permanecer cerca de diez segundos en silencio antes de admitir su participación en la trama delictiva.

El único empresario que no ha reconocido los hechos es Domingo Campos, de Gráficos Atlanta, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel. Es, además, la razón por la que el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, se abstuvo de presidir el juicio, alegando que existía interés indirecto porque era en su taller de artes gráficas donde imprimía sus publicaciones judiciales. 

Otro de los empresarios encausados, Fernando Verona, falleció en 2014. Era representante de Acinox y fue investigado por la reforma de una sede del PP en Telde.

Ocho acusados no se conforman

La Sala ya ha advertido a todos los acusados que han admitido los hechos de que dictará sentencia en consonancia con lo planteado por la Fiscalía. Por lo tanto, el banquillo de los acusados se aligerará de forma considerable en las próximas sesiones. En él sólo quedarán ocho de los acusados. Además de los exalcaldes Valido y Castellano y del empresario Domingo Campos, defienden su inocencia tres técnicos municipales en activo, Esteban Cabrera, Juan Felipe Martín y Emilio Hernández. Para el primero de ellos, el Ministerio Público pide 13 años y nueve meses de cárcel, la pena más elevada. Tampoco se han conformado Agustín León, exsecretario general de Ciuca, y el exjefe de Urbanismo José Luis Mena, que en la actualidad ya cumple pena en prisión tras ser condenado en el caso Grupo Europa, una pieza separada del caso Faycán.

El abogado de Mena, Álvaro Campanario, ha solicitado este lunes ante el plenario la nulidad de actuaciones con respecto a su defendido, al entender que está siendo acusado de unos hechos delictivos por los que no fue imputado en la fase de instrucción. La Sala resolverá esta solicitud, a la que se ha opuesto la Fiscalía argumentando que el TSJC ya se pronunció al respecto en un recurso del caso Grupo Europa, cuando dicte la sentencia. Lo mismo ocurrirá con la cuestión previa planteada por el representante del PP, el diputado Jorge Rodríguez, para que el partido deje de figurar como acusado, en calidad de responsable civil subsidiario de una trama que, en principio y según el relato del Ministerio Público, fue maquinada para financiar al PP, aunque finalmente sólo sirvió de “pretexto” para el enriquecimiento patrimonial de los integrantes de esta supuesta red delictiva.

“En el relato fáctico no se infiere ni se desprende responsabilidad del PP”, sostiene Jorge Rodríguez. Se da la circunstancia de que Rodríguez, que actúa en esta causa como abogado en representación del PP, fue procesado -y finalmente absuelto- en la pieza separada del Grupo Europa. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas le imputaba en esa causa dos delitos de tráfico de influencias y solicitaba para él un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación para empleo público por interceder en nombre de la empresa del mismo nombre en ayuntamientos gobernados por el PP.

De acusados a testigos

Por otra parte, la Sala ha aceptado la solicitud del fiscal para que los acusados que se han conformado con las penas revisadas declaren en el juicio en calidad de testigos. Y también ha admitido la petición de la abogada de María del Carmen Castellano, María Rosa Díaz Bertrana, para que comparezcan antes los testigos que los procesados, una fórmula que, según fuentes judiciales consultadas por este periódico, no es habitual, pero que sí se ha practicado en otras vistas, como la celebrada recientemente a La Manada en Pamplona, y que tiene como objetivo dar mayores garantías a las defensas.

De este modo, los primeros en prestar declaración en el juicio del caso Faycán serán los conformados. Este martes será el turno de Enrique Orts, Francisco Gordillo, Carmelo Oliva, María Eugenia Fernández, Francisco José Fernández, Antonio Nadal y Juan Francisco Gordillo.

El jueves han sido citados el técnico jubilado Jorge Rodríguez, Alejandro Navarro, Pedro Betancor, Felipe Ojeda, Abelardo Martínez, Ángel Omar Suárez y Víctor Hugo Rosales. El viernes testificarán Luz Navarro, denunciante del caso, José Manuel Gutiérrez, Candelaria Sánchez, José Luis Sánchez, Guadalupe López y Salvador Santana.

El TSJC estima que los acuerdos con veinte de los acusados reducirá de forma sensible la duración del juicio, que tenía programadas 40 sesiones a lo largo de cinco meses. De momento, la Sala ha decidido suspender los señalamientos de la próxima semana y tras las testificales de este viernes, reanudará la vista el 5 de febrero.