Un perito ratifica la falsificación de una firma en un informe de José Luis Mena en el caso Calero
Un perito de la Policía Nacional ha ratificado este martes durante la segunda sesión del juicio por el caso Calero que la firma de Miguel Ángel Martín Zurita, ex asesor jurídico del departamento de Planeamiento del Ayuntamiento de Telde, fue falsificada en un informe. En concreto, en la propuesta por la que José Luis Mena, entonces jefe de Urbanismo y hoy condenado por otras dos causas -Los Alisios y Grupo Europa-, aprobó de forma inicial el proyecto de reparcelación de la unidad de actuación El Calero Alto 2, que permitía al empresario F. M. la construcción de 76 viviendas en estos terrenos.
Para el perito policial no hay “ninguna concordancia” entre la firma real de Martín Zurita, de trazo complejo, y la que figura en el mencionado informe propuesta, mucho más sencilla. “No se corresponden, son totalmente dispares”, ha declarado. El agente ha precisado, no obstante, que no se ha podido determinar quién ha sido el autor de esta falsificación.
La Fiscalía apunta directamente a José Luis Mena, a quien acusa de estampar una rúbrica simulando la del técnico municipal, que era preceptiva en el expediente, para ocultar las irregularidades del mismo y dar apariencia de legalidad a lo que considera una confabulación para favorecer al empresario y dejar fuera al propietario de una vivienda situada en esa unidad de actuación, el denunciante del caso. El informe propuesta aparece firmado en julio de 2004 por el ex asesor jurídico y por Mena, que en la actualidad cumple una pena de tres años y medio de cárcel precisamente por falsificar documentos.
El propio Zurita, que estuvo imputado en esta causa, ha asegurado en su comparecencia en calidad de testigo que no firmó ese documento y que no tuvo conocimiento del expediente hasta su detención en noviembre de 2009. El ex asesor jurídico negó que en los calabozos manifestara al resto de detenidos que el expediente se había tramitado correctamente, como sostuvo el empresario F. M. en su declaración del lunes. Zurita explicó que para que el jefe de servicio pudiera elevar la propuesta era necesario que previamente hubiera un informe técnico y otro jurídico y que la condición de abogado de Mena no influía en este aspecto.
“A veces se pedían informes externos, pero no podían sustituir a los de los técnicos municipales”, manifestó Zurita en relación a otra de las controversias que han cobrado protagonismo en el juicio, el informe del arquitecto Jesús Álvarez, incorporado al expediente a petición de la empresa Telpan, administada por Machín. Álvarez fue redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Telde, aprobado en 2002, pero, según él mismo reconoció en su declaración como testigo, no tenía ninguna relación laboral con el Ayuntamiento desde mayo de 2003. El informe de Álvarez se insertó en el lugar donde debía estar uno redactado por el arquitecto técnico municipal Emilio Hernández, mantiene el fiscal.
Según Zurita, era habitual que algunos propietarios de terrenos no se enteraran de proyectos de reparcelación “hasta que veían el tractor delante de su casa”. Sin embargo, manifestó que era relativamente fácil solventar esta situación, incorporando a los propietarios al proceso urbanizador o indemnizándolos. En cualquier caso, se requería su personación en el proceso.
Emilio Hernández, arquitecto técnico municipal, también manifestó que desconocía la existencia del proyecto de reparcelación de El Calero Alto II y que su primera intervención en este caso se remonta a 2007, ya con el expediente de urbanización. Es en este procedimiento cuando Hernández detecta que en la propuesta no se disponía del 100% del suelo de la unidad de actuación y que esta circunstancia hacía inviable la ejecución del vial. “El expediente de urbanización no prosperó”, aseveró el arquitecto técnico.
Jesús Álvarez, redactor del PGO de Telde, reconoció que elaboró un informe a petición de F. M. que se limitaba a recoger “literalmente” lo que decía el Plan General sobre esta unidad de actuación, pero que le conminó a no incorporarlo al procedimiento porque no tenía validez. Álvarez relató que a partir de mayo de 2003 dejó de colaborar con el Ayuntamiento y admitió que el despacho en el que trabaja redactó el proyecto básico de urbanización años después.
En la sesión de este martes también declararon, entre otros, Pedro Pablo Santana, responsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde y condenado en el caso Grupo Europa, y Francisco Valido, alcalde entre 2003 y 2007. El primero firmó la propuesta de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación en septiembre de 2004 como jefe accidental de Urbanismo. “No me fijé en la tramitación del expediente porque me fiaba de los trabajadores”, expuso Santana, que coincidió con lo manifestado un día antes por Mena en relación al gran volumen de trabajo que se acumulaba en esas fechas en el departamento.
Valido, por su parte, acudió junto a F. M. a la notaria para elevar a escritura pública la parcelación voluntaria de los terrenos en julio de 2005. “Una hora antes iba un abogado del Ayuntamiento a la notaría a ver si todo estaba bien”, zanjó el exalcalde.
