Políticos “perretosos”, listas de empresas y testigos condenados por corrupción en el juicio del caso Faycán
Diez testigos propuestos por las defensas del caso Faycán, entre ellos dos condenados por corrupción en el Grupo Europa, una de las piezas separadas de la trama, han protagonizado la séptima sesión del juicio, una jornada que apenas ha dejado material de interés acusatorio para el fiscal Anticorrupción, Luis del Río. Lo más parecido a una incriminación ha sido la anecdótica referencia de una de las funcionarias sobre lo “perretosos” y “caprichosos” que se ponían los políticos para dar prioridad a determinadas empresas sobre otras a la hora de conceder contratos de obra y servicio.
“Cambian los políticos y cambian las empresas. Si te vas a la historia, ves que depende del grupo político trabajan con unas empresas u otras, se invita más a unas que a otras”, ha relatado Milagrosa Ramos, jefa de servicio accidental en el área de Contratación durante la época investigada, al ser cuestionada por el representante del Ministerio Público por los negociados sin publicidad, uno de los procedimientos utilizados por el grupo de gobierno del Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) entre 2003 y 2007 para dar apariencia de legalidad a las adjudicaciones a las empresas que accedían a pagar las comisiones ilegales a los miembros de la trama.
Los negociados sin publicidad exigen que la administración convocante, en este caso el Ayuntamiento de Telde, invite a tres empresas a presentar ofertas para hacerse con contratos que en ningún caso pueden superar los 60.000 euros. Ramos explicó que en el área de Contratación, el departamento que tramitaba este tipo de procedimientos, se hacía “lo que decían María Antonia Torres (concejala de Obras Públicas) y Francisco Gordillo (asesor de Torres)”. “Normalmente, decían: invita a esta y dos más o a otras tres”, ha relatado la ex jefa de servicio, quien ha precisado a renglón seguido, a preguntas del fiscal, que ello no significaba que las obras se adjudicaran de antemano.
Durante su declaración en la fase de instrucción, Ramos reconoció que le había sorprendido que siempre salieran las mismas empresas en esos negociados sin publicidad y citó como ejemplo el caso de Cobra y Moncobra, una sociedad en la que trabajaba Juan Francisco Gordillo, hijo del asesor de la ya fallecida María Antonia Torres, cabecilla de la trama. En su comparecencia ante la Sala presidida por el magistrado Salvador Alba, la funcionaria, que ya no trabaja en el Ayuntamiento, ha matizado: “No es que me llamara la atención, es que lo veía y pensaba que podía ser por eso (en referencia a la presencia del hijo de Gordillo en la plantilla de la adjudicataria)”.
Milagrosa Ramos y su excompañera en el área de Contratación María de los Ángeles Román, asesora jurídica, mencionaron en sus respectivas comparecencias la existencia de una lista de empresas a las que invitar en los procedimientos negociados sin publicidad, aunque insistieron en que sólo se utilizaba de referencia, puesto que la decisión final siempre correspondía a Torres o a Gordillo, “su voz en el servicio”. Las dos testigos han exculpado a otro de los procesados, el técnico municipal Juan Felipe Martín, quien, han asegurado, no tenía ninguna capacidad de decisión sobre las empresas a las que se acudía en los negociados sin publicidad.
En la sesión de este jueves han declarado dos concejales del PP en el mandato en el que ocurrieron los hechos. José Suárez y Sonsoles Martín, que llegaron a estar imputados en la causa, descargaron al entonces alcalde, el hoy encausado Francisco Valido, del mismo partido, de cualquier responsabilidad sobre la decisión de organizar los pagos y de primar a las empresas que pagaban las comisiones ilegales sobre otras. Ni intervenía ni presionaba o interfería sobre otros para dar directrices, según sus relatos.
Tanto Suárez, exconcejal de Deportes, como Martín, exconcejala de Educación y Cultura, aseguraron que tenían libertad para gestionar el presupuesto de sus áreas siempre que no superaran las cantidades establecidas para cada ejercicio económico. Ambos reconocieron que el Ayuntamiento tenía graves problemas de tesorería que comprometían la prestación de determinados servicios fundamentales. Suárez contó, a modo de ejemplo, el caso del mantenimiento de piscinas. “La empresa me dijo que cerraba el servicio si no pagaba en una semana. Yo hablaba con las empresas y después con el alcalde, que me mandaba al concejal de Hacienda y a los técnicos para solucionarlo”, ha recordado. “En el área de Educación estábamos preocupados por los alimentos de las escuelas infantiles”, manifestó Martín en el mismo sentido.
Sonsoles Martín, que asumió la concejalía de María Antonia Torres cuando se produjeron las detenciones por el caso Faycán, ha negado que existieran discrepancias entre el alcalde y el tesorero municipal, José Rodas. Este último, ya fallecido, declaró durante la instrucción que Valido estaba al tanto de la prelación de pagos a las acreedoras y que priorizó las transferencias a las empresas de la trama sobre las nóminas. Sin embargo, según Martín, el orden de las transferencias se estipulaba desde la Concejalía de Hacienda y Valido, como uno de los tres claveros, sólo firmaba los mandamientos de pago. La exconcejala precisó que sí había fricciones entre el tesorero y el interventor. “Se solía decir que eran por rencillas antiguas”.
Aparcamiento de Los Picachos
El expediente sobre el aparcamiento de Los Picachos ocupa una de las piezas destacadas del caso Faycán. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Mazotti después de que su director general, Alejandro Navarro, pagara una comisión de 180.000 euros que, según la Fiscalía, se repartió a partes iguales entre María Antonia Torres y Agustín León, secretario general de Ciuca y padre de Raquel León, exconcejal de Turismo. José Suárez, exedil de Deportes; Pedro Pablo Santana, exasesor jurídico de Patrimonio, y Juan Carlos Saavedra, exgerente de la empresa municipal de vivienda y suelo de Telde, Urvitel, negaron cualquier instrucción o directriz de Agustín León sobre este expediente.
Se da la circunstancia de que tanto Santana como Saavedra fueron condenados en el caso Grupo Europa, pieza separada de Faycán, por delitos de cohecho. El gerente de Urvitel se encuentra aún en prisión por esa causa y este jueves ha testificado esposado.
La pérgola de Francisco Gordillo
La séptima sesión del juicio también abordó la polémica sobre la pérgola instalada en la vivienda del asesor de María Antonia Torres al margen del permiso concedido. Rosa Gutiérrez, apoderada de Preconte, una de las empresas de la trama y promotora del edificio donde se ubicaba el inmueble de Gordillo, recordó que solicitó el reconocimiento final de obra en julio de 2005 y que con tal objetivo el aparejador municipal, Emilio Hernández, también procesado en la causa, cursó una visita en la que concluyó que las obras realizadas se ajustaban al proyecto. Sin embargo, dos meses después, en septiembre, advirtió a la representante de la constructora de que se había instalado una pérgola y que había que quitarla. Aun así, el técnico municipal emitió un informe favorable para la concesión de la licencia de primera ocupación, motivo por el que permanece acusado.
El escrito de acusación del fiscal remarca que José Luis Mena, exjefe de Urbanismo de Telde y en prisión por otras causas, entre ellas la de Grupo Europa, concedió la cédula de habitabilidad a la vivienda de Gordillo una semana antes de que se otorgase la licencia de primera ocupación, a pesar de que la tramitación administrativa exige que sea a la inversa, como reconoció a la Sala la apoderada de Preconte. Otro de los testigos que intervinieron este jueves, el funcionario Víctor Javier Sánchez, trabajador del área de Licencias Urbanísticas de 2004 a 2007, explicó que esta situación podía producirse porque ambos permisos se tramitaban en paralelo y los técnicos les transmitían de forma verbal que los informes para el reconocimiento final de obra iban a ser positivos y les apremiaban a que fueran preparando la cédula de habitabilidad.
La defensa de Mena también se ha servido del testimonio de Pedro Pablo Santana, amigo del exjefe de Urbanismo, para tratar de exculparlo. El exasesor jurídico de Patrimonio reconoció había firmado un informe jurídico favorable a la licencia del mencionado edificio en ausencia de su compañero y subrayó que en esa época el volumen de trabajo era ingente. “No dábamos avío”, concluyó.
