Anulado el nombramiento de la directora de Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado nulo el nombramiento de la directora general de Seguridad del Ayuntamiento, María Eulalia Guerra. La sentencia, fechada el pasado 7 de septiembre, concluye que el Consistorio capitalino incumplió “la reserva general de puestos directivos municipales”, al otorgar la plaza una candidata que no es personal funcionario de carrera del subgrupo A sin justificarlo.
La jueza María del Carmen Monte ha estimado el recurso presentado por el portavoz del Partido Popular (PP) en la institución, Juan José Cardona, contra la designación ratificada por la Junta de Gobierno municipal en noviembre de 2015. Guerra fue seleccionada en una convocatoria pública a la que concurrieron otros 15 candidatos.
Según la resolución, el Ayuntamiento debió justificar por qué eligió a personal externo para ocupar la plaza y no a personal funcionario de la corporación.
Este nombramiento fue el primero que se realizó de un alto cargo directivo de la corporación capitalina elegido mediante un proceso selectivo, ya que hasta esa fecha todos los nombramientos de altos cargos en la administración municipal se habían realizado mediante elección directa.
Juan José Cardona se ha mostrado satisfecho por la sentencia. “Es el reflejo de la manera de gestionar del alcalde (Augusto) Hidalgo y sus socios de gobierno a golpe de improvisaciones, imposiciones y manipulaciones para salirse con la suya y enchufar a sus cargos políticos”, expresa en un comunicado difundido este miércoles.
El portavoz del PP ha señalado que el nombramiento de Eulalia Guerra como directora general de Seguridad “olía mal desde el principio”, ya que, en su opinión, “era injustificable que entre 15 candidatos presentados para ocupar esa plaza la lograra la exdiputada del PSOE, miembro de la Ejecutiva Federal de dicho partido y que fuera hasta junio de 2015 directora de gabinete de la consejera de Empleo del anterior Ejecutivo regional (Francisca Luengo)”. Cardona remarca que Guerra no disponía en su trayectoria profesional “mérito o experiencia alguna anterior” relacionada con el área de Seguridad.
“Este primer pronunciamiento judicial debe hacer sonrojar al alcalde Hidalgo y a sus compañeros de viaje de Podemos y Nueva Canarias ya que anula el nombramiento de la directora general de Seguridad, un puesto asignado a dedo varios meses antes de realizar la convocatoria pública del puesto, lo que era un secreto a voces en toda la Policía Local y todo el Ayuntamiento”, añade el exalcalde de la capital grancanaria.
El edil del PP ha explicado que éste “no será el único nombramiento ilegal realizado por el tripartito, pues el crecimiento en cargos directivos y de confianza en este mandato supera con creces al anterior y las formas empleadas para hacerlo igual de cuestionables”.
