Un juez se querella contra el fiscal jefe de Las Palmas por “inventarse” las diligencias preprocesales
El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera, Fernando Presencia, se ha querellado contra el fiscal jefe de Las Palmas Guillermo García-Panasco por “inventarse” las denominadas “diligencias preprocesales” en relación al procedimiento abierto a finales de 2015 contra Victoria Rosell, magistrada en excedencia y actual diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas, unas actuaciones que fueron declaradas nulas por el Tribunal Supremo (TS).
Presencia incluye a Panasco en una querella ante el Supremo que también se dirige contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo; un vocal; dos presidentes de Tribunales Superiores de Justicia; el promotor de la Acción Disciplinaria; un magistrado de TSJ; un presidente de Audiencia Provincial; otro fiscal jefe, y un fiscal decano.
El magistrado, que en la actualidad se encuentra suspendido en sus funciones, considera que la intervención de García Panasco en el caso de la diputada de Podemos es muy similar a la que ha realizado contra él la Fiscalía de Toledo, que le denunció ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por archivar una causa relacionada con el atropello de un peatón de forma “anómala, innecesaria y prematura”, sin oír a la acusación. El CGPJ le incoó un expediente y decidió suspenderlo provisionalmente cuando se decretó la apertura de juicio oral contra el magistrado por un delito de prevaricación. Presencia se siente perseguido por jueces y fiscales por sus denuncias sobre casos de corrupción.
Por un lado, Presencia acusa a Carlos Lesmes, presidente del órgano de gobierno de los jueces, Juan Martínez Moya; el vocal del CGPJ, Miguel Pascual del Riquelme, presidente en funciones del TSJ de Murcia y Fernando de Rosa Torner, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia de formar parte de una “trama de tráfico de méritos” en el seno del Consejo, lo que asegura que podría ser considerado un delito continuado de prevaricación y tráfico de influencias. En este sentido, también señala a Lesmes por un delito de coacciones al ordenar ilegalmente la “desconexión” de su correo corporativo, para impedirle que se comunique con sus compañeros.
El magistrado, por otra parte, denuncia una “trama de los fiscales”. Es decir, apunta que con la connivencia de Lesmes; el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco y de Jesús Martínez Escribano-Gómez, magistrado de ese mismo TSJ, se ha permitido que determinadas Fiscalías de TSJ y Audiencias Provinciales “institucionalicen modos de proceder ilegales contra aquellos jueces y magistrados que persiguen la corrupción”.
El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Talavera señala además las “diligencias de investigación fabricadas por el fiscal decano de Talavera de la Reina denunciado por corrupción, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade”, diligencias que fueron tramitadas por sus superiores jerárquicos, Luis Ibáñez Cuesta, fiscal jefe de Toledo, y José Martínez Jiménez, fiscal jefe de Castilla-La Mancha.
