Las últimas balas (perdidas) de Lleó: sus querellas no prosperan y recusa al juez
Primero fue una campaña de acoso y derribo en prensa, después en radio y luego en ambas. En un caso que ha llegado a tener cien imputados, varios medios de comunicación han puesto los focos no de forma prioritaria, sino de forma exclusiva, en la labor de los investigadores: sobre todo en el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro y en el primer fiscal del caso, Ignacio Stampa, y no en la de los investigados. La campaña se ha ido desinflando porque se fueron acabando las municiones y porque el fiscal interpuso una querella cuyo contenido invita a la prudencia.
De forma paralela a la batalla ante la opinión pública se ha ido desarrollando una estrategia judicial sin descanso. En la última vista de la pieza del soborno, la que dio origen al caso Unión, el fiscal Javier Ródenas le dijo a Luis Lleó, empresario y abogado, que era un “hombre de recursos”, y no porque tenga o no dinero, sino porque ha puesto más de sesenta.
Ha recurrido todas las decisiones de la instrucción y las ha acompañado de varias vistas al Juzgado en las que presumía que todo se iba a anular y que el caso iba a derrumbarse. Lo último ha sido recusar a José Luis Goizueta, el magistrado encargado de presidir su juicio.
La actual juez instructora, Silvia Muñoz, multó a uno de los muchos abogados que ha tenido Lleó a lo largo de procedimiento con 3.000 euros, rebajados a 2.000, por extralimitarse en su derecho de defensa al acusar de delitos en la instrucción a la UCO, a la Fiscalía y al juez. En la siguiente vista Lleó ya se había quedado sin abogado y se defendió a sí mismo, pero no ha dejado su estrategia sino que ha cambiado de método.
La misma semana que la juez dio por cerrada la instrucción y trasladó la causa a la Audiencia provincial, lo que significa que Lleó va a sentarse en el banquillo para que un Jurado popular decida si es o no culpable, el abogado puso la primeras de las tres querellas que ha puesto contra los instructores del caso.
Cada una de las tres querellas tiene más de cien folios y añade varios informes periciales que intentan demostrar que el caso Unión fue un montaje: en resumen, Lleó acusa a los instructores de hacer primero las detenciones y elaborar luego los documentos, de falsear autos, de manipular las grabaciones e incluso de detención ilegal y de otros delitos.
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