Otros interrogantes policiales que a diferencia del 4-F no tienen su película

La proyección de Ciutat Morta en la televisión pública catalana ha puesto el foco mediático sobre la actuación de la policía y sistema judicial en el caso 4-F, un supuesto montaje policial que llevó a tres personas a pasar por la cárcel con condenas de entre tres y cuatro años, prisión preventiva incluida, por unos hechos que siempre aseguraron no haber cometido, y que se saldaron con el suicidio de una de las condenadas. 

Cuando se cumplen 9 años de la noche en la que comenzó la historia narrada por Ciutat Morta, varios casos recientes que guardan similitudes con el 4-F han sido puestas en tela de juicio. Detenciones arbitrarias, largas estancias en prisión preventiva, resoluciones basadas únicamente en testimonios policiales o el uso político de actuaciones judiciales son acusaciones que han venido reiterándose en los últimos años. Estos son algunos de los más polémicos.

Isma y Dani, 34 días en preventiva tras una huelga

Carmen García Martínez, la jueza que dictó la prisión preventiva para 3 de los acusados del 4-F, fue quien en 2012 decidió el mismo destino para Ismael Benito y Daniel Ayyash. Estudiantes en la Universidad de Barcelona, uno de Física e Ingeniería y de Física y Matemáticas el otro, ambos fueron detenidos cuando volvían de la manifestación celebrada por la mañana en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Los policías que les detuvieron les acusaban de haber cortado el tráfico en la avenida Diagonal mediante la quema de contenedores.

En aquella jornada de la huelga general hubo varios disturbios en el centro de Barcelona. Un grupo de personas incendió una cafetería y hubo contenedores quemados en varias calles del Eixample. Pero todo esto sucedió por la tarde, cuando Isma y Dani ya se encontraban en los calabozos tras su detención. Pese a que ellos siempre sostuvieron que su participación en la huelga fue pacífica, la jueza dio veracidad al testimonio policial, asegurando que los jóvenes pertenecían a “un grupo de personas que pretendían alterar la paz” con “alto peligro criminal”.

Los dos jóvenes fueron trasladados a la cárcel de Cuatro Caminos, donde pasaron 34 días. Ninguno de los dos tenía antecedentes y varios profesores, decanos y hasta el rector de su Universidad enviaron cartas de apoyo. De nada sirvió, porque el destino de los dos era permanecer en prisión hasta pasada la cumbre del Banco Central Europeo, un evento para el que Barcelona se blindó. 

“Ha habido que forzar el ordenamiento jurídico para que ingrese en prisión alguna persona”, reconoció el ministro del Interior al hablar de su caso. Jorge Fernández Díaz tuvo este ataque de sinceridad para justificar su propuesta de reforma para rebajar las condiciones de la prisión provisional. Ilustró la necesidad de esta modificación por los incidentes ocurridos el día que detuvieron a Dani e Isma cuando, en palabras del ministro, “se utilizaron técnicas de guerrilla urbana” para incendiar una cafetería y agredir a los bomberos. Durante la huelga hubo 79 detenidos en Barcelona, pero solo 4 pasaron a prisión preventiva. Ente ellos estaban los dos estudiantes de la Universidad de Barcelona, que habían sido detenidos horas antes de los incidentes a los que aludía Fernández Díaz.

La jueza mantuvo la preventiva hasta pasada la cumbre del BCE, cuando la Audiencia de Barcelona invalidó su auto, dejando a los dos estudiantes en libertad sin fianza. Tres años después, Isma y Dani esperan el juicio, que se celebrará el próximo marzo, y en el que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat se personan. Piden para ellos casi 9 años de cárcel.

Juzgados por las protestas en Can Vies

A tres años y nueve meses de prisión asciende la condena de uno de los primeros juzgados por la manifestación que tuvo lugar tras el desalojo del centro social ocupado de Can Vies de Barcelona. El juzgado de lo penal condenó este lunes a cuatro de las 5 personas acusadas de participar en los altercados que se produjeron durante la semana de movilizaciones que siguió al asedio de la institución okupa, imponiendo penas de entre 8 y 45 meses de prisión. La sentencia más dura la recibió Quim, que según la sentencia lanzó una litrona que impactó en el escudo de un mosso d'esquadra, y al que se le aplica el agravante de haberlo hecho con el rostro tapado por una bufanda.

Paula es otra de las personas condenadas por la misma manifestación. En su caso, la pena asciende a un año de prisión por atentado contra la autoridad, al considerar el juez que lanzó una piedra pequeña contra un agente de paisano. Según el testimonio de la acusada, ella se encontraba esa noche en el barrio de Sants realizando un reportaje fotográfico cuando hizo una instantánea a un grupo de agentes de paisano, con los que mantuvo una discusión y que le terminaron deteniendo. “Había un montón de testigos que corroboraban su versión, vecinos que ni la conocían, y aún así el juez no la ha creído”, explica su abogada, Anaïs Franquesa.

La letrada indica que la única prueba contra Paula es el testimonio de los agentes. “La sentencia es curiosa porque deja claro que no puede aceptar la idea de que haya podido haber un montaje policial, una mentira o ni siquiera un error, solo se basa en la palabra de la policía pese a que hay testigos que la contradicen y ni siquiera es capaz de aportar la piedra como prueba”.

Basarse en únicamente en la versión policial es un aspecto que destaca otro de los abogados defensores de los detenidos de Can Vies, Andrés García Berrio, quien explica que en el juicio de Quim tampoco se aportó la botella o la bufanda que sirve como agravante. “Este caso pone en duda que hay detenciones arbitrarias y atestados no del todo ciertos, muestra que casos como el 4-F se pueden volver a repetir si no se actúa con la máxima profesionalidad desde todos los cuerpos y los jueces siguen avalando la versión policial”, indica García Berrio.

La mayoría de los detenidos por las manifestaciones de Can Vies no pasaron por la prisión preventiva, pero Sergi Rubia no corrió la misma suerte. Él acudió a la cacerolada en protesta por el desalojo del centro social y fue detenido el miércoles de una semana en la que tanto las manifestaciones como la violencia policial fue a más en el barrio barcelonés de Sants. El lunes los detenidos apenas fueron media docena. El miércoles, hasta 30. De ellos, solo Sergi pasó 23 días por la prisión preventiva, acusado en un primer momento de quemar un contenedor, aunque luego en el juicio los policías declararon que arrastró uno hasta otro que ya se quemaba.

Finalmente Sergi fue absuelto por la contradicción entre los testimonios de la policía y los testigos, y al no encontrar el juez pruebas de su actuación. Él defendió desde el primer momento que fue detenido de forma aleatoria y debido a su aspecto.

“Se hace un mal uso de la preventiva”, afirma tajante la abogada Anaïs Franquesa. “Antes por este tipo de hechos nunca se pedían preventivas, pero en la huelga general de 2012 empezaron. Las peticiones de preventiva se realizan de acuerdo a las directrices que llegan a la fiscalía, con una carga bastante política. Se intenta crear una alarma social como aviso al resto de personas que salen a movilizaciones para que sepan que hay riesgos”.

7 personas detenidas bajo ley antiterrorista

11 personas fueron detenidas el pasado diciembre en la llamada “operación Pandora”, una actuación que la policía calificó de antiterrorista y que se desarrolló principalmente en el centro ocupado de La Kasa de la Muntanya, aunque también se realizaron detenciones en otros domicilios de Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid. El despliegue de efectivos de la policía catalana sobrepasó los 400 antidisturbios, en una operación mediáticamente vistosa encabezada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermudez.

El secreto de sumario no fue suficiente para evitar que trascendieran algunos de primeros indicios que se esgrimían para justificar la operación. El magistrado acusaba a detenidos de “constituir, promover, liderar y pertenecer a una organización terrorista”, a lo que sumaba un delito de daños y estragos. Fundamentaba la decisión de enviar a 7 de los 11 detenidos a prisión preventiva en un informe policial que afirmaba que los detenidos pertenecen a los GAC (Grupos Anarquistas Coordinados) y que estos son una organización terrorista. La policía encontró diecisiete cartuchos de camping-gas en una de las entradas, que su propietario afirmaba usar para cocinar, y el juez explicó que varios de los detenidos “usaban correos con medidas de seguridad extremas, como riseup.net” y que tenían un libro cuya autoría se atribuye a los GAC.

Pese a la debilidad de los indicios y que el juicio aún no ha sido celebrado, las personas detenidas en la Operación Pandora han pasado un mes y medio en prisión preventiva bajo legislación antiterrorista, que permite la incomunicación durante 120 horas, la dispersión de los presos preventivos a diferentes cárceles del Estado –los de Pandora han estado en las inmediaciones de Madrid pese a haber sido detenidos en Barcelona– y un régimen especial en el centro penitenciario que permite el aislamiento del interno.

Después de 45 días en preventiva, el pasado jueves la policía catalana dio a conocer las acusaciones que se formulaban. El mismo día el juez daba por concluidas las investigaciones y dejaba en libertad con cargos a todos los detenidos bajo fianza de 3.000 euros. En los registros practicados, los Mossos d'Esquadra aseguraron haber decomisado “material informático, cartas y manuscritos vinculados al GAC, elementos para la fabricación de artefactos, manuales sobre la fabricación de explosivos, documentación de identidad falsa y dinero en efectivo”.

La policía relacionaba a este grupo con atentados contra sucursales de bancos italianos, la colocación de un artefacto explosivo casero en la madrileña catedral de La Almudena en 2013 y con una bomba hecha con un camping-gas que explotó en la basílica del Pilar de Zaragoza sin causar heridos el mismo año. Los investigadores esgrimen que desde que el GAC se presentara en 2012 “el número de atentados de carácter anarquista ha aumentado exponencialmente”. El abogado Benet Salellas denunció que la resolución judicial no era capaz de relacionar a los detenidos con ninguno de los hechos cometidos, y aseguró que se utiliza la asistencia de los imputados a reuniones como pruebas de su pertenencia a las GAC.

Partidos como ICV-EUiA y la CUP, sindicatos como CNT o CGT y diversos grupos antirrepresión vincularon la Operación Pandora con la ley mordaza, una reforma que endurecía la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada solo cinco días antes en el Congreso. David Companyon, diputado de ICV-EUiA aseguró que “la redada” se había producido con el fin de “justificar, en un momento en que no hay terrorismo en el Estado, la necesidad de una norma que ha suscitado fuertes críticas también en Europa”.