La Agencia de Salud Pública advierte de posible ‘mobbing’ en la Diputación de Barcelona
La Agencia de Salud Pública de Barcelona, organismo dependiente de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, advierte, en un informe fechado el pasado 4 de mayo y entregado a la Diputación de Barcelona, de que un buen número de funcionarios y técnicos del organismo supramunicipal denuncia prácticas de mobbing en su departamento. El informe, titulado Riesgos laborales en la Dirección de Relaciones Internacionales, recoge decenas de declaraciones de los técnicos afectados, que denuncian que el origen de los problemas laborales tiene que ver con las quejas técnicas por las supuestas irregularidades cometidas en el reparto de fondos de la cooperación al desarrollo.
Desde la llegada de Convergència i Unió (CiU) al gobierno de la Diputación de Barcelona, en 2012, un mínimo de un millón de euros de la cooperación al desarrollo se ha repartido entre un puñado de empresas y patronales catalanas, sin experiencia en el sector y a la conquista de mercados en los países pobres, especialmente en el Magreb y América Latina. La institución defiende que se trata de aplicar aquí el modelo anglosajón, con participación creciente de empresas privadas en las políticas de cooperación al desarrollo, pero el giro se ha hecho de forma muy particular: en muchas ocasiones, los fondos a las empresas se han vehiculado a través de contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia, e incluso hacia entidades acabadas de constituir, como ha ido informandoeldiario.es/Catalunyaplural. cat.
La cooperación al desarrollo depende del director de Relaciones Internacionales de la entidad, Jordi Castells Masanés, aupado al puesto por Josep Maria Matas, ex coordinador de la Diputación que tuvo que dimitir en 2012 al trascender las facturaciones de su empresa a la Associació Catalana de Municipis (ACM), de la que era coordinador con Salvador Esteve, hoy presidente de la Diputación. La nueva y polémica gestión de los fondos de cooperación desde 2012 ha provocado continuos choques con la Oficina especializada de la Diputación, adscrita a Relaciones Internacionales, como muestra que en apenas tres años han cesado hasta cuatro jefes del Área. El último, Jonathan Jorba, persona de la confianza de Castells Masanés nombrada en junio de 2014, comunicó el pasado lunes de forma oficial su renuncia al puesto y su traslado al Instituto de Estadística de la Generalitat (Idescat), coincidiendo con la polémica generada tras las informaciones publicadas en eldiario.es/Catalunyaplural.
La presión desde arriba para que determinados proyectos y ciertas empresas consiguieran fondos ha sido constante desde 2012, según las quejas que la mayoría de los trabajadores del área de cooperación hicieron llegar a la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación a partir de un cuestionario impulsado por el delegado de Comisiones Obreras. Un total de 17 personas aceptaron poner por escrito sus quejas, lo que supone el 63% del total de personas del departamento sin puesto de mando.
Este material ha sido analizado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona –órgano independiente vinculado a la Generalitat y al Ayuntamiento, ambos hasta ahora también en manos de CiU- y se incluye en el informe entregado a la Diputación con conclusiones rotundas: “Existen indicios evidentes de riesgo para la salud que parte del estilo actual de dirección”, sostiene la Agencia. Es por ello que recomienda “una actuación inmediata para investigar con más profundidad la situación actual”, sin que la Diputación hayan tomado desde entonces medidas prácticas para atajar el problema.
El informe recoge numerosas declaraciones de los técnicos denunciando malas prácticas en el reparto de los fondos de cooperación al desarrollo y achacando el deterioro de la situación al desembarco en Relaciones Internacionales de Castells Masanés, que habría instaurado un ambiente de “miedo y represión”, con “amenazas y represalias constantes” a los técnicos que planteaban dudas, incluso si estas afectaban al procedimiento o al respeto a la legalidad. Varios trabajadores insisten por escrito que, en caso de que los técnicos mantuvieran las reservas, la respuesta de la dirección solía ser “vaciar de contenido” las tareas de los técnicos funcionarios de cooperación encargados de supervisar los proyectos..
En muchos casos, el origen de la tensión, subrayan los trabajadores en el informe de la Agencia de Salud Pública, es consecuencia de “la presión por aceptar procedimientos incorrectos e incluso ilegales”: “Hay un clima de miedo y coacción para que se acepten y se apoyen con informes técnicos decisiones de la dirección que desde el punto de vista técnico no tienen suficiente solidez o cumplen con la normativa vigente”, apunta un trabajador. Y otro: “Te llama al despacho y te suelta frases como ‘No me pongas problemas con esto, que tiene que salir sí o sí; esto se tiene que hacer así y punto”.
Los ejemplos de denuncia por parte de los técnicos de supuestas “irregularidades o ilegalidades en la concesión de subvenciones a entidades” desde el desembarco de Castells Masanés son constantes, según fuentes que han accedido al informe completo citado:: “Se saltan procedimientos y se cometen irregularidades”, se subraya. Y más: “El seguimiento técnico de la cooperación directa no se ha llevado a término durante este último periodo. De hecho, todo se negocia y se habla por parte de la dirección”. Otro ejemplo: “X. vio expedientes no claros, a nivel técnico-jurídico, y empezó a cuestionar algunos; como consecuencia, está siendo criticado a nivel profesional continuamente”.
Eldiario.es/Catalunyaplural. cat dirigió el pasado día 15 a la Diputación de Barcelona varias preguntas por escrito sobre la gestión de los fondos de cooperación al desarrollo. Un portavoz aplazó cualquier encuentro con el argumento de que Castells Masanés estaba de viaje, pese a que desde entonces ha sido visto en Barcelona reiteradamente. Los posteriores intentos de solicitar una entrevista con otros responsables oficiales de la Diputación también han sido infructuosos.
