Así es la Alta Inspección de Educación, un cuerpo limitado y burocrático que el PP quiere que supervise los colegios

No es ningún secreto que PP y Ciudadanos quieren intensificar el control sobre lo que ocurre en los colegios catalanes, en los que aseguran que se dan casos graves de adoctrinamiento político. Los populares quieren reforzar el papel de la Alta Inspección de Educación para que asuma esta tarea, y así lo han dejado por escrito en una proposición que se vota este martes en el Congreso. Pero, ¿está pensado este cuerpo para supervisar las escuelas? ¿Cuenta con suficientes efectivos? ¿No es esa una función que corresponde a los inspectores de cada comunidad autónoma?

Las competencias de la Alta Inspección, que depende del Ministerio de Educación, consisten principalmente en comprobar que los programas educativos y la legislación de cada comunidad autónoma no choque con las leyes y los currículos estatales. Una “supervisión burocrática” que el PP, con su proposición no de ley (PNL), quiere superar para que este cuerpo pueda también realizar requerimientos e inspecciones en los centros educativos, algo que hasta ahora ha correspondido a la Inspección Educativa, que depende de las administraciones autonómicas.

“Si se llevara adelante, sería una recentralización”, asegura Francesc Colomé, inspector durante años y primer director de la Alta Inspección en Catalunya, durante el mandato socialista de Felipe González. “La Alta Inspección no está pensada para ir a los centros”, incide Colomé. Durante sus ocho años al frente del organismo sólo acudió una vez a un colegio para levantar un acta, mientras que, asegura, dedicó buena parte de su tiempo a “prevenir” conflictos competenciales entre el Gobierno y la Generalitat, vinculados a decretos y leyes educativas.

Además de esto, la Alta Inspección también tiene como cometido, según la LOE –la última ley que especifica sus funciones–, comprobar las condiciones para la obtención de títulos y para la concesión de becas, así como “velar” por “la igualdad de todos los españoles” en materia de educación, con mención especial a “sus derechos lingüísticos”. Si el Gobierno asumiera las propuesta del PP en el Congreso, a ello cabría añadir la actuación “de oficio o a instancia de parte” para hacer inspecciones en centros y garantizar “la neutralidad ideológica y política de los centros docentes”.

Un equipo muy reducido

Con todo, para reforzar la Alta Inspección no bastaría con extender sus competencias, sino que habría que ampliar sustancialmente el cuerpo. En Catalunya, por ejemplo, la Alta Inspección está integrada sólo por su director y un inspector –ambos cargos de libre designación–, además de un equipo de funcionarios que les da apoyo administrativo. Nada que ver con los 243 profesionales del cuerpo de inspección catalán, que asume cada uno de ellos una veintena de centros educativos.

Colomé ve absurda la voluntad de PP y Ciudadanos de intensificar la supervisión en los colegios. “El papel del inspector debe ser de prevención de conflictos: aunque pongas diez, quince o cincuenta personas en la Alta Inspección es improbable que sepan lo que ocurre en las aulas cuando se cierra la puerta”, afirma.

Otro de los inspectores consultados para este reportaje, Antoni Domènech, que dirigió la Alta Inspección en Catalunya de 2005 a 2011, ve un motivo de alerta añadido a la hora de dar competencias a la alta inspección para que controlen la actividad de los colegios: que pese a ser personal de libre designación, la alta inspección “podría pasar por encima de la inspección técnica, que accede al puesto por oposiciones, que consisten en capacidades y méritos”.

Domènech recuerda que si la inspección depende de las comunidades autónomas es porque éstas son la Administración educativa en España. No tendría sentido, argumenta, que fuera otra administración la que gestionara y analizara las quejas cuando corresponde en este caso a la Generalitat resolverlas.

La coordinación entre inspecciones

Desde la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) verían un error que la Alta Inspección interfiriera en las tareas adjudicadas a la inspección territorial. Sí creen que estos dos cuerpos deberían “colaborar y coordinarse” para garantizar un mejor funcionamiento de la supervisión en los centros. “Son competencias distintas, y deben ir coordinadas. La visita al centro es propia de la inspección territorial, si alguien de la Alta Inspección necesita algo sobre este tema debería en ponerse en contacto con los inspectores territoriales”, apunta un portavoz de la USIE.

De hecho, acaban siendo estos inspectores ordinarios los que se encargan de investigar las quejas que el Ministerio de Educación traslada al departamento de Enseñanza, como ha sucedido con los dos requerimientos posteriores al 1 de octubre relacionados con supuestos casos de adoctrinamiento.

El Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, habló también de la inspección educativa en su última comparecencia en la Comisión de Educación, e invitó a los grupos políticos a que reflexionasen sobre ello en las negociaciones del Pacto. “Mi impresión es que la alta inspección tiene poca capacidad de reacción inmediata y depende de la buena voluntad y de la buena disponibilidad de la inspección de las comunidades autónomas”, apuntó, y aseguró que la intervención de este cuerpo es “subsidiaria”. En su caso, no fue más allá en la propuesta.

Una agencia independiente a propuesta de C's

Este martes se debate también en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley de Ciudadanos sobre la inspección. Con esta iniciativa, la formación naranja pretende crear una agencia independiente que asuma las funciones de la alta inspección. “Es importantísimo para el futuro de España que esta ley se ponga en marcha, los únicos que pueden ponerse en contra de esto son los que cuelgan propaganda, los que manipulan a los niños, los que manipulan libros de texto o los que no cumplen la ley”, aseguró Rivera en la presentación de este articulado.

Además de los cometidos actuales de este organismo, Ciudadanos pretende que los profesionales de esta agencia “visiten los centros docentes públicos y privados”, accedan a documentación académica y administrativa que precisen, así como que se dirijan a la Fiscalía General del Estado “si aprecian alguna ilegalidad de relevancia o transcendencia penal”. De nuevo, asumirían funciones de la inspección territorial.

En la propuesta presentada también incluyen una disposición para garantizar “la neutralidad ideológica del sistema educativo y la protección del denunciante”. Entre las medidas destacadas, esta agencia podrá acordar la adopción de “medidas cautelares” contra docentes o responsables de un centro educativo. La formación naranja propone que esta institución esté formada por un director y un consejo, formado por miembros elegidos por el Gobierno.

PSOE y Unidos Podemos, en contra

Unidos Podemos considera que la función de la inspección se debería debatir en la subcomisión del Pacto y no en el pleno, como sucederá con las propuestas de PP y Ciudadanos. “No sé si pretenden reventar las negociaciones, ya que es uno de los temas que mayores desacuerdos puede generar”, responde Joan Mena, diputado de En Comú Podem. “El adoctrinamiento no es un problema generalizado y se están realizando de cara a una elecciones catalanas para legitimar su relato”, apunta Mena. Sobre este asunto, cree que “hay una competición entre el PP y la formación de Albert Rivera para posicionarse. Su formación, y también el PSOE, según ha podido saber este diario, se opondrán a ambas iniciativas.

Mena, que ha sido muy crítico en el Congreso con la tesis defendida por Ciudadanos sobre el adoctrinamiento en la escuela, considera que con estas propuestas se está “legislando para casos muy concretos”. Este grupo considera que esta iniciativa va en contra de la postura defendida por el grupo de Rivera centrada en “adelgazar” la estructura de las administraciones públicas, ya que según sus estimaciones sacarla adelante podría suponer dos millones de euros.

Domènech coincide que “el replanteamiento de la alta inspección habría que hacerlo con calma y consenso”. “No se puede hacer en caliente, porque esta comunidad y otras podrían sentirse agraviadas porque invaden sus competencias: se está replanteando el modelo de Estado autonómico y no parece el momento más oportuno”, sostiene este inspector barcelonés.