El CIE de la Zona Franca, condenado al cierre en un “juicio popular”
Las entidades sociales han querido someter el CIE de la Zona Franca a juicio para evitar su reapertura. Cerrado por unas reformas que el juez exigía desde el 2014, tenía la reapertura prevista para este mes de febrero, pero cientos de personas se han desplazado este sábado a la Zona Franca, entre naves industriales, para decir que no. La puesta en escena del juicio ha permitido repasar todo lo que los movimientos sociales de Barcelona han venido denunciando durante 10 años.
En un lado, el centro de internamiento, ahora sin internos pero rodeado de policía, en el papel de acusado. En el otro, un jurado donde estaban representadas entidades de derechos humanos, medios de comunicación, abogados y el sindicato de vendedores ambulantes. Como testigos, han comparecido exinternos del CIE para explicar sus vivencias. “A ver, pero es que esto es un CIE”, respondía uno de ellos ante las preguntas del jurado sobre si se garantizaban sus derechos. Daba por supuesto que es un espacio de vulneración de derechos.
El papel del abogado de la acusación ha recaído sobre alguien que ya lo viene ejerciendo desde hace años. El abogado Andrés García Berrio, del centro de derechos humanos Iridia, ha recordado que sobre CIE de la Zona Franca pesan 25 denuncias por malos tratos y torturas en 10 años, y ha apuntado que los jueces “han tenido que asumir el papel de legislador para la dejadez del Ministerio del Interior”. “Cerrando el CIE no acabaremos con el problema, siguen habiendo vuelos de deportación, pero cerrarlo es el principio de la solución”, ha concluido el abogado.
Desde la fundación Migrastudium, una de las entidades que ha trabajado más intensamente con los internos, Marga García ha asegurado que “el CIE es un espacio de vulneración de derechos de información, comunicación o salud, donde no hay un equipo médico las 24 horas ni se da información en las lenguas de las personas encerradas”. Un interno ha contestado a las preguntas del jurado asegurando que nunca había recibido información sobre el derecho al asilo.
Cristina Fernández, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, ha recordado que en el CIE han muerto tres personas, y que tienen testigos de torturas y vejaciones. “No dispone de las condiciones mínimas de habitabilidad”, ha asegurado, pero ha añadido que a pesar de las reformas que ahora se llevan a cabo, de volver a abrir “seguiría siendo contrario a los estándares de derechos humanos”. Ha hecho especial hincapié en que las decisiones las toma discrecionalmente la policía. Amir Sar, otro interno, ha explicado que “hay una celda de aislamiento, pequeña y sin colchón, donde en cualquier momento te puede llevar la policía”.
García Berrio ha apuntado que también es necesario “trabajar para que los cuerpos policiales dejen de hacer redadas racistas, acabar con las 10.000 deportaciones al año, y el siguiente paso es romper con las deportaciones exprés”. El abogado ha llamado a la desobediencia si es necesaria para impedir la reapertura del CIE de la Zona Franca, y confía en que cierra este pueda empujar al cierre de todos los CIE del Estado.
El veredicto del juicio escenificado por las entidades ha sido el esperado: culpable. “Culpable por privar de acceso a la justicia, por vulneración de los derechos humanos, por privar a muchas personas del derecho al asilo, por privar del derecho a la libertad de expresión ya la información, por atentar contra la dignidad humana y por racista ”. La condena: la desaparición. Tras 10 años de lucha, los activistas están convencidos de que ahora pueden hacerlo realidad.
