La gran obra hidráulica de Cataluña cuesta el doble de lo previsto y enciende todas las alarmas

Diez años después del inicio de las obras, la Generalitat se replantea el proyecto del canal Segarra-Garrigues. La obra pública más importante de Cataluña después del AVE afronta numerosos problemas financieros, medioambientales y sociales. El canal que debía ampliar en 70.000 hectáreas las zonas de regadío en Lleida prácticamente ha agotado el presupuesto de 1.500 millones de euros y, a día de hoy, sólo riega poco más de 3.000 hectáreas. Algunos de los políticos y funcionarios que impulsaron el canal son hoy los que gestionan la empresa privada Aigües Segarra Garrigues, es decir, los que se benefician del negocio de la explotación del agua.

catalunyaplural.cat ha tenido acceso a un informe interno de la empresa de la Generalitat encargada de ejecutar las obras que, ya en el 2007, hablaba de una desviación presupuestaria del 81%, es decir, que una obra presupuestada en 1.069 millones de euros puede acabar costando 1.928 millones. El informe culpa a los directivos de la empresa concesionaria, Aigües Segarra Garrigues (ASG), y a diversos cargos de la Generalitat de haber permitido el encarecimiento de la obra hasta el punto de hacerla inviable.

Ante la falta de viabilidad económica del proyecto, la Generalitat, según ha sabido catalunyaplural.cat, ha encargado al Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS), adscrito al departamento de Presidencia, su reevaluación. Un grupo de expertos, reunido a instancias del CADS, considera que “es necesario redefinir el ámbito territorial, las funciones y los usuarios del canal Segarra-Garrigues para conseguir un proyecto útil para el conjunto de Catalunya y viable económicamente”.

Entre las recomendaciones del CADS destaca la de utilizar el agua del canal para reforzar el suministro en el área metropolitana de Barcelona, una vieja propuesta de Agbar.

El canal Segarra-Garrigues se concibió hace 14 años como un proyecto de colaboración entre el Estado y la Generalitat. El Estado asumió la construcción del canal principal, valorado en unos 444 millones de euros. La Generalitat asumió la red de distribución que lleva el agua hasta las fincas, valorada en 1.069 millones. Para este fin, en junio del 2003, adjudicó a Aigües del Segarra Garrigues (ASG) la construcción de la obra, su financiación y la explotación del sistema de regadío. La Generalitat no debía asumir ningún riesgo financiero. ASG estaba obligada a entregar la obra al precio máximo fijado en el contrato (1.069 millones), al que al parecer no podrá hacer frente.

A pesar de que había ganado el concurso con un precio cerrado, los primeros proyectos constructivos de ASG ya encarecían la obra entre un 40% y un 60% sobre los precios de mercado, según indica un informe interno de Regsega, la empresa pública de la Generalitat encargada de supervisar la ejecución de la red secundaria.

De adjudicadores a adjudicatarios

De adjudicadores a adjudicatariosEl actual presidente de ASG es Josep Grau, conseller de Agricultura entre 1999 y 2003, años de mandato de Jordi Pujol durante los cuales se lanzó el proyecto del canal y se fijan las bases del concurso de adjudicación, el más importante, hasta entonces, de la historia de Catalunya.

Grau preparó la licitación del concurso con Josep Antoni Rosell, que entonces era subdirector general de infraestructuras en el departamento de Agricultura. Al poco tiempo de firmarse el contrato, Rosell pasó a ser director general de ASG. Hoy, Rosell es director general de Infraestructures.cat, la empresa de la Generalitat que gestiona las obras públicas, incluida la red de distribución del canal Segarra-Garrigues, que construye la propia ASG. También intervino Germà Gordó, hoy conseller de Justicia y por aquel entonces secretario general de Agricultura.

ASG, como empresa privada, puede adjudicar obras y proyectos de forma directa, sin la necesidad de organizar un concurso público. Todo indica que la compañía de ingeniería Auding Intraesa fue una de las que más se benefició con la redacción de proyectos y la dirección de obras en la red secundaria. El consejero delegado de esta compañía era Joan Lluís Quer, un técnico que ha vivido a caballo entre la empresa privada y la administración, y que hoy es el presidente de Infraestructures.cat.

Según las bases del concurso, la valoración técnica suponía un 70% de la nota final, y la económica un 30%. Esta proporción no respeta las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia y de la Unión Europea porque beneficia a las empresas que ofrecen el mejor planteamiento técnico pero no necesariamente el más eficaz ni el más económico. La UE recomienda que se valore la capacidad de la empresa de realizar el proyecto, no su experiencia, como fue el caso en el concurso del canal, y que una vez decidido este aspecto se opte por la oferta más barata. Auding Intraesa obtenía tanta ventaja en la valoración técnica que su oferta económica apenas era relevante.

El proyecto de la red secundaria es faraónico. Incluye 3.500 kilómetros de tuberías, 1.500 kilómetros de caminos rurales nuevos, 43 balsas de regulación y 17 estaciones de bombeo, además de la concentración parcelaria de miles de fincas.

Para facilitar su ejecución y control financiero, el proyecto se dividió en quince sectores de riego. Cada sector tenía su presupuesto cerrado. La Generalitat, a través de la empresa pública Regsega, velaba para que ASG cumpliera con el presupuesto de cada tramo. Los técnicos de Regsega, sin embargo, alertaron muy pronto a la Generalitat de que ASG sobrepasaba sistemáticamente el presupuesto en los tramos que ejecutaba. La respuesta, según la documentación a la que ha tenido acceso catalunyaplural.cat, fue la de fijarse sólo en el presupuesto total de 1.069 millones de euros. De esta manera, se incumplía el contrato pero se lograba pasar las auditorías anuales de la Sindicatura de Comptes.

El doble de caro pero sólo una vigésima parte cubierta

El doble de caro pero sólo una vigésima parte cubiertaA día de hoy, el gasto acreditado en la red secundaria asciende, según la información a la que ha tenido acceso catalunyaplural.cat, a cerca de 750 millones de euros. Sin embargo, el valor real por obra ejecutada es muy inferior. No llega a los 500 millones de euros. La desviación que Regsega ha calculado para toda la obra es del 81%. Es decir, que lo presupuestado en 1.069 millones de euros puede acabar costando 1.928 millones.

Esto explica que, a pesar de haberse gastado casi el 70% del presupuesto, la red secundaria esté, hoy por hoy, muy incompleta.

Asimismo, de las 68.000 hectáreas de riego, sólo hay posibilidad de regar en 12.000, aunque sólo se está regando de manera efectiva en 3.000. Para optimizar el acceso al agua, debía realizarse una concentración parcelaria que afectaba a 55.000 hectáreas. Hoy sólo se han podido concentrar 20.000 hectáreas. Se han gastado 70 millones en este proceso, cuando, según la documentación a la que ha tenido acceso catalunyaplural.cat, no debería haber costado más de 60. Las obras de la red secundaria están paradas desde octubre. Sólo se reanudarán por sectores y sólo cuando en cada sector el 70% de los propietarios se comprometan a comprar el agua.

Mientras la Generalitat no ha tenido más remedio que replantearse el proyecto, el Estado tendrá el canal terminado a final de año. Será una gran infraestructura de 85 kilómetros, entre el embalse de Rialb y el de Albagés (aún por construir), que, sin embargo, no podrá utilizarse en toda su capacidad.

La empresa pública AcuaEbro, además de ajustarse al calendario, cumplirá con el presupuesto de 444 millones de euros. La Generalitat aceptó en su día pagar a plazos la mitad de esta cantidad. De momento, sin embargo, no ha hecho frente a ningún plazo y adeuda más de 70 millones a AcuaEbro, que ha recurrido a la justicia para cobrar.

Si a la Generalitat no le salen las cuentas, a ASG tampoco. La superficie real de riego es muy inferior a la prevista en 2003 y, aún en las zonas donde se puede regar, no está nada claro que los agricultores estén dispuestos a asumir el coste que supone pasar del secano al regadío. ASG podrá explotar el canal durante 30 años, a partir del día en que todos los sectores tengan el 70% de los propietarios adheridos, algo que, tal vez, no ocurra nunca.